Desayuno en el hotel Sarriá

La problemática de la empresa pública ha vuelto a cobrar actualidad por diversos motivos. Entre ellos, llama singularmente la atención la adquisición por parte de Entursa (INI) del hotel Sarriá de Barcelona, por una cantidad que asciende a 1.650 millones de pesetas (véase EL PAÍS, 3 de enero de 1981). Con ello el hotel Sarriá ha pasado a formar parte, con plenos merecimientos, de ese complejo mundo que constituyen las empresas públicas en la economía española.Es bien conocido que el hotel Sarriá es uno de los desaguisados más representativos del urbanismo barcelonés del alcalde Porcioles. Como consecuencia de ello está sometido a una sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de Barcelona, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo -22 de diciembre de 1976-, por la que se ordenaba el derribo del 40% del volumen construido del edificio, al sobrepasar ampliamente la altura límite de la manzana en que está situado. No hace falta añadir que la sentencia no se ha cumplido hasta el momento, ni es ya probable que se cumpla en los próximos meses, al tratarse ahora de una nueva y firmante empresa pública que, con sus cinco estrellas, desafía arrogante y altiva al poder judicial.

Las relaciones del INI con el hotel Sarriá se remontan años atrás. Entursa (INI) concedió a la empresa del hotel -Valora, SA- un préstamo hipotecario de cuatrocientos millones de pesetas el 24 de julio de 1974 -posteriormente ampliados a 750 millones de pesetas-, con un plazo de amortización a diez años y a un interés del 8,25 %. La citada hipoteca sobre el terreno estaba precedida de otras que tenían preferencia: una del Banco Mercantil e Industrial, otra del Banco Condal y otra, finalmente, del Banco Hipotecario. La valoración de la finca por parte de Entursa se fijó entonces en 1.200 millones de pesetas, cuando dos meses antes el Banco Hipotecario la valoró en 375 millones de pesetas. Paralelamente, y aun antes de haber concluido las obras de construcción, Entursa decidió tomar en arriendo el hotel Sarriá mediante el pago de una renta fija de cinco millones de pesetas, completada por unos cánones que según relata Gregorio Moránson el 20% de los ingresos por el alquiler de habitaciones y del 8% sobre los ingresos procedentes de los departamentos de alimentación.

Al frente de la empresa propietaria del hotel se encontraba el conocido financiero Antonio Van de Walle. Al frente de Entursa, Adolfo Suárez, presidente de la empresa desde junio de 1973 a junio de 1975, pocos días antes de su cese como vicesecretario general técnico del Movimiento. Formaban también parte del Consejo de Administración de la empresa pública Juan Gich, José Luis Perona, Miguel Angel García Lomas y Fernando Fuertes de Villavicencio, que suscribieron el contrato de arrendamiento.

Las relaciones entre Van de Walle y Adolfo Suárez son conocidas y han sido, destacadas en diferentes ocasiones. Se iniciaron en Entursa, se extendieron después a otros negocios turísticos (Club Valdeláguila, etcétera) y juntos veranean -como se recordará- en casa del primero, en el término de Bagur de la Costa Brava, en 1977, precisamente tras el éxito electoral del 15 de junio. Por su parte, las relaciones entre el hotel Sarriá y el INI quedaron, pues, establecidas en 1974, para consolidarse definitivamente en una notaría madrileña en la más estricta intimidad-.el pasado mes de diciembre.

Las servidumbre del INI

No es, sin embargo, la primera vez que el INI ha de hacerse cargo de asuntos similares. Sin una estrategia definida, carente de rumbo, a la deriva, el INI va acentuando en todos estos años su carácter de asilo permanente de empresas desechadas por los grupos privados. Por ello, los precedentes de esta historia son múltiples y varios. Ahí están, entre otros, el caso de Astano, empresa creada en 1974 por el Banco Pastor, que, en 1972, tras diversas operaciones ruinosas, pasó a engrosar las filas del INI, a pesar de las resistencias confesadas por el propio ministro de Industria, pero obligada -como apuntó López de Letona en reunión con un grupo de economistas celebrada en el Palacio de Exposiciones y Con gresos de Madrid, el 12 de noviem bre de 1973- por fuertes presiones procedentes de lo que entonces de nominó «las meriendas del pazo de Meirás». O el conmovedor ejemplo de Altos Hornos del Mediterráneo-, donde los intereses privados, después de imponer a toda costa su presencia -como también señaló López de Letona- y, tras registrar cuantiosas pérdidas en años si guientes, traspasaron al INI un ba lance ciertamente estremecedor. O el caso de La Maquinista Terrestre y Marítima, SA, donde la partici pación de INI pasó a ser mayoritaria en 1972, precisamente cuando las pérdidas de los dos años ante riores sumaban ya los seiscientos millones de pesetas.

Igualmente, la referencia es obligada a Uninsa, que resume las principales actuaciones del INI en el sector siderúrgico a lo largo de una historia que puede calificarse de ejemplar y ya suficientemente conocida. Como también lo es la de Hunosa, que sintetiza elocuentemente el papel asignado al Instituto en la reestructuración y saneamiento de las explotaciones hulleras asturianas. Cuando la crisis de la minería del carbón es irreversible y extraordinariarr-ente aguda, el INI inicia su participación en un sector tradicionalmente gestionado por empresas privadas, acogidas a uno de los sistemas de protección más importantes de cuantos ha conocido el capitalismo español. O los casos más recientes de Hispanoil, que, tras acumular cuantiosas pérdidas - 482 millones de pesetas en 1970 y seiscientos millones de pesetas en 1971-, pasó a depender mayoritairiamente del INI en 1972, o los que conciernen al grupo de empresas Alvarez (Geasa), adquirida por el INI en 1976; Hijos de J. Barreras, SA; Astilleros de Cartagena, SA; la Sociedad Porcelanas de Vigo, adquirida en 1976 y traspasada posteriormente a Geasa, etcétera. Empresas todas ellas que no han dejado de crear comprometidas situaciones.

Pero cabe apuntar algo más, porque con la reciente adquisición del hotel Sarriá. el Gobierno se supera a sí mismo. Porque ya no se trata como antaño de un simple caso de «socialización de pérdidas», sino que, además, concurren en el mismo todos los agravantes que se derivan de una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Esto es, con la compra del hotel Sarriá se marca un hito, se inaugura una nueva frontera de des propósitos para acceder al sector público. A partir de ahora, cualquier empresa sometida del Tribunal Supremo por haber infringido cualquier tipo de normas, puede ofrecerse al INI en condiciones ventajosas, contando a su favor con un sólido y brillante precedente.

Por todo ello, se comprende que el Gobierno no haya presentado ante el Parlamento el Estatuto de la Empresa Pública, a lo que se había comprometido formalmente en diversas ocasiones. Primero, en los pactos de la Moncloa, que fijaban un plazo límite hasta el 30 de junio de 1978; después, en el PEG, que programaba su estudio y aprobación por las Cortes antes de finalizar 1979. Y es fácilmente comprensible porque con un Estatuto de la Empresa Pública en vigor, el Gobierno se vería obligado a fijar determinados criterios, a definir una estrategia para la empresa Pública, a delimitar y clarificar su ámbito de actuación, a descentralizar sus actividades y regionalizar sus inversiones, a establecer un régimen de incompatibilidades, a reglamentar sus adquisiciones y enajenaciones de empresas y, sobre todo, a aceptar un control más riguroso y público de toda su actuación, incluidas sus cuentas y balances. Por ello, en cualquier caso, no estaría de más que el ministro de Industria se viera obligado, por lo menos, a responder a alguna interpelación parlamentaria a propósito de las cuestiones que están implícitas en la compra del hotel Sarriá, lo que sería saludable para el futuro de la empresa pública.

Y si esto desgraciadamente no ocurre, el señor ministro o el presidente del INI podrían aprovechar algún viaje a Barcelona y, en un desayuno de trabajo en el hotel Sarriá, explicar de una vez al país las ventajas que se derivan, o los criterios de estrategia económica que han motivado tan extravagante y descarada operación financiera a costa de los recursos públicos.