Auditoría, control y eficacia del gasto
La mentalidad dominante incide más en la justificación contable del gasto que en la gestión económica del mismo. En la mayoría de las empresas empezando por la primera gran empresa, que es el sector público, todo está organizado para realizar, en el mejor de los casos, un control contable-formal, resultando muy deficiente por lo general el control de la gestión económica. La preocupación parece centrarse en que nadie se lleve indebidamente el dinero a su casa. Y decimos indebidamente, porque para llevarse el dinero debidamente se organiza todo un montaje de aplicaciones, que transforman la laxitud económica, próxima al fraude, en «correcta» interpretación contable de la justificación del gasto.Este planteamiento, desarrollado, con profusión en la empresa pública y con generalidad en algunos sectores de grandes empresas privadas, plantea la necesidad de establecer mecanismos suficientes para evitar, controlar y detectar el despilfarro económico.
Información económica.
Ha llegado el momento que la sociedad en general o, si se prefiere, el contribuyente tiene que saber con certeza en qué se gasta el dinero, provenga de subvenciones vía presupuesto del Estado, o de recursos propios de la empresa pública. Pero igualmente el sector privado, tiene que empezar a informar con periodicidad y claridad a los agentes económico-sociales con los cuales se relaciona su situación y aplicación de las inversiones y de los gastos e ingresos de su explotación empresarial. No se puede acudir a los mecanismos extraordinarios solicitando subvenciones, expedientes reguladores, reconversiones, y todo un largo etcétera, sin que se hayan puesto los mínimos controles en la información económica de las empresas, en donde ni siquiera (por más sorprendente que resulte), las sociedades que cotizan en Bolsa cumplen con la normativa vigente de presentar sus estados financieros auditados, para lo cual se requiere la implantación urgente de la auditoría contable y de gestión, en especial de las grandes empresas que tengan un capital superior a los cien millones de pesetas, o por su volumen de operaciones o número de trabajadores lo haga necesario. En Alemania, por ejemplo, existe, una situación regulada en este sentido.
Las formas de comportamiento de los empresarios en el mundo económico se basan, fundamentalmente, en su intuición, iniciativa, imaginación, visión sociopolítica, etcétera, olvidando con alguna frecuencia la necesidad de contar con una información objetiva y técnicamente bien tratada, en la que se pueda basar la toma de decisiones. La experiencia histórica de otros países nos demuestra que la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades se realiza por profesionales independientes, y que en España los que están habilitados oficialmente son los censores jurados de cuentas, al igual que en Alemania son los wirtschaftsprüfer; en Gran Bretaña los chartered accountants, etcétera.
El advenimiento de un régimen democrático plantea en su conjunto una renovación de los comportamientos sociales, y, esencialmente en la empresa, se manifiesta la necesidad de una transformación más evidente, porque el autoritarismo económico se mantenía en el anterior régimen con el apoyo del aparato del sindicalismo vertical, que al desaparecer ha dejado a la empresa a su propia suerte, con una estructura poco preparada para el cambio, lo que motiva soluciones de hermetismo en cuanto a cualquier información se refiere.
En la dialéctica interés general-beneficio empresarial la interrelación es un hecho cierto, el empresario sirve al interés general obteniendo un beneficio, pero a sensu contrario, una empresa cuyo balance arroja pérdidas de manera más o menos continuada, retira del acervo productivo nacional más de lo que aporta.
Obligatoriedad del control
Existiendo situaciones en donde el interés general queda claramente violentado, al tener que recoger el saldo negativo de una gestión económica poco previsora, cargando el Estado con los obreros en paro, los acreedores con unos saldos incobrables, los accionistas, muchos de ellos ajenos a la gestión de la empresa, completamente defraudados. Las soluciones tienen que venir de un nuevo modo de actuación, abandonando las formas paternalistas, y pasar a una obligatoriedad del control e información de los estados económicos y financieros.
No se puede continuar avanzando por la vía crítica de la economía sin implantar los mecanismos de control económico que garanticen que nadie utiliza indebidam ente los recursos económicos, searrestos privados o públicos. La nueva situación fiscal, las, exigencias del Estatuto de los Trabajadores, la próxima e inmifiente reforma de la ley de Sociedades Anónimas y la presumible entrada de nuestro país en el Mercado Común, exigen la pronta regulación de la auditoría y la función del auditor.
En el área comunitaria está implantada y estructurada en la 4ª ,5ª, 7ª y 8ª directriz, y nadie considera un balance como válido si no está auditado, lo cual exige que en nuestro país se imponga por necesidad social el camino de la regulación legal de la auditoría. Para ello es necesario que el esfuerzo que hoy realizan los auditores españoles, agrupados corporativamente en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, se vea acompañado por un interés general, tanto de los legisladores como de la propia sociedad, y se afiance la sanísima costumbre de la censura jurada de cuentas.
La buena marcha de la empresa y la veracidad de la información interesa a todos, y no es sólo privativo de los accionistas, como en tiempos pasados se creía. Hoy, en nombre del interés general, tenemos que exigir la obligatoriedad de la auditoría. Sólo de esta forma podremos comprobar la evolución correcta de cada empresa, afianzaremos la economía y consolidaremos la democracia.
