La iniciativa, insuficiente para las dos vías constitucionales

Aragón inició formalmente el proceso autonómico el 5 de septiembre de 1979, con la recepción del primer acuerdo municipal, que fue en concreto el de Almudévar (Huesca). Ello respondía a la invitación de la Diputación General, que, cuatro días antes había acordado recomendar a todos los ayuntamientos y diputaciones de la región pronunciarse para que Aragón lograse «la autonomía más amplia posible».Hasta la decisión de UCD de reconducir las autonomías por el artículo 143, en Aragón no se habló de otra vía que la del 151, según consta en multitud de testimonios de todas las fuerzas políticas y en acuerdos concretos como el del comité provincial de UCD de Teruel (tres días antes de la decisión del partido a nivel nacional), que ratificaba un acuerdo suscrito en Montalbán el 30 de agosto entre 180 alcaldes de UCD de esta provincia.

Al hacerse pública el 15 de enero la decisión de UCD con respecto a las autonomías, Aragón estaba a mitad del plazo legal de seis meses para suscribir las adhesiones y se había logrado el pronunciamiento del 75% de los municipios, que representaban a la mayoría del censo electoral de la población en Zaragoza y en Huesca, con las fórmulas expresas de «artículo 151» o «autonomía amplia».

El freno de Teruel

El circunstancial retraso de Teruel, que, debido a su escasa población y a tener mayoría centrista, reclamaba paridad de representación para las tres provincias en los futuros órganos regionales -frente a la representación proporcional que propugnaban los partidos de izquierda-, impidió que en Aragón se diera el mismo caso que en Andalucía. Teruel se sumó en masa a los pronunciamientos autonómicos a partir de esa fecha, expresando ya la vía del 143, y hubo algunas rectificaciones en las otras dos provincias en ese sentido. Sin embargo, se dieron curiosas contradicciones y algunos ayuntamientos con mayoría de UCD, como el de la propia capital de Teruel, siguieron acordando la vía del 151.

Finalizado el plazo el pasado 1 de marzo, la mayor parte de los acuerdos no especificaban vía autonómica concreta a seguir. Los pronunciamientos por el artículo 151 no alcanzaban.el porcentaje de municipios exigidos y los pronunciamientos por el 143 son insuficientes en la provincia de Zaragoza, tanto en el porcentaje de municipios como en el de población. Toda esta documentación se entregó al Gobierno el pasado 15 de abril, sin que hasta el momento se haya vuelto a hablar del tema a ese nivel.

Durante los meses siguientes, las fuerzas de Izquierda y el Partido Aragonés Regionalista han seguido insistiendo en que Aragón vaya por el 151. El PSOE (según declaraciones a EL PAIS del secretario general de Aragón, Santiago Marraco, el 23 de abril) admitiría una negociación que respetase una serie de puntos concretos y que llegara al mismo techo, en los cinco años de autonomía provisional.

Sainz de Varanda amenaza

Sin embargo, el también socialista Ramón Sainz de Varanda, alcalde de Zaragoza, ha llevado a tal punto su defensa del 151 que presentó a uno de los últimos plenos una declaración formal en la que decía que, en el caso de que se intentara conducir la autonomía de Aragón por el artículo 143, el Ayuntamiento de Zaragoza recurriría al Tribunal Constitucional, ya que el acuerdo expresado por la Corporación especificaba concretamente el 151.

Por otro lado, a finales de septiembre, el órgano regional de UCD hizo pública su intención de desbloquear la autonomía de Aragón. Esto podría llevarse a cabo, según declaró su presidente, León Buil, acogiéndose al artículo 144 -al igual que iba a hacerlo Andalucía- Buil Giral anunció también el comienzo de unas negociaciones con las restantes fuerzas políticas con representación parlamentaria para elaborar un estatuto pactado y asegurar que este contendría los órganos » ejecutivo, legislativo y judicial. Las negociaciones aún no han comenzado; se prevé que lo hagan en la próxima semana. Sigue, sin embargo, la incógnita de la reacción que puede causar el nuevo giro dado en Andalucía.

Antes del giro dado por UCD, el presidente de la Diputación General, Antonio Bolea, no sólo pedía el artículo 151, sino también la definición de Aragón como nacionalidad.