El asesinato de Francisco Pérez, un probable "ajuste de cuentas" entre empresas rivales
El asesinato a tiros de Francisco Pérez López, un hombre de 41 años, reclamado por la justicia, en las oficinas de una empresa dedicada a la distribución de máquinas tragaperras para casinos, aparecía ayer, en medios policiales, como un casi seguro «ajuste de cuentas» entre distintas ramas de las organizaciones que se disputan los beneficios de esas actividades.
Según pudo saber EL PAIS, el señor Pérez López no era copropietario de Bally, la multinacional en cuyas oficinas fue asesinado, como se dijo en un principio. Trabajaba para otra empresa dedicada a la misma actividad, pero de mucha menor entidad, Progevesa, con domicilio social en Valencia, ciudad donde vivía habitualmente la víctima.Los tres desconocidos que entraron en las oficinas de Bally, el martes por la tarde, para asesinar a Francisco Pérez debían tener un plan perfectamente trazado con anterioridad, ya que los viajes de su víctima a Madrid eran esporádicos y, sobre todo, irregulares, por lo que no era posible calcular en qué momento estaría en la capital.
Sin embargo, Pérez López había pedido, hace unos días, permiso al director gerente de Bally para poder utilizar su oficina durante el martes, al igual que había hecho en anteriores desplazamientos. El permiso para que utilizara las oficinas en cuestión fue otorgado inmediatamente, toda vez que el abogado del asesinado lo era también de uno de los socios de Bally. Según parece, el citado abogado era el súbdito belga que se encontraba con él en el momento en que llegaron los asesinos, que abrió la puerta a éstos y que fue atado y amordazado mientras ser cometía el asesinato.
Los tres desconocidos, al abandonar la oficina asaltada, se llevaron consigo el maletín de su víctima y el del gerente de la firma. Aunque este dato no indica que fuera el robo el móvil del asesinato, sí podría hacer aparecer la posible importancia de los documentos que el asesinado llevara en el maletín, y que los asesinos, al no saber cuál era cada cual, decidieran coger los dos.
Con todo, el hecho de que Francisco Pérez estuviera reclamado por cuatro sumarios judiciales, abiertos por otros tantos presuntos delitos de estafa, complica, en alguna medida, el estudio de los móviles del asesinato, ya que también podría tratarse de una venganza de algún posible estafado por alguna actividad anterior de la víctima, sin relación directa con el mundo de las máquinas tragaperras.
Sin embargo, lo turbulento que resulta ese mundillo hace decrecer las posibilidades de que el ajuste de cuentas haya sido por motivo distinto. Una persona relacionada con los casinos españoles aseguraba ayer a EL PAIS que «el de las tragaperras de los casinos es un mundo de luchas constantes y no siempre de guante blanco».
Rencillas subterráneas
Cuando, al principio de ser autorizado el juego en España, las máquinas tragaperras no fueron previstas en la reglamentación correspondiente, las luchas subterráneas para conseguir no ya su legalización, sino la aceptación oficial de una determinada marca, en detrimento de otras, fueron especialmente virulentas.Después, el Estado, a través del INI, convirtió en monopolística la actividad de distribución de ese tipo de máquinas, de tal forma que ENOSA y Entursa son las únicas autorizadas para ello. Las empresas multinacionales enfocan todos sus esfuerzos, pues, a conseguir la homologación de sus respectivos modelos -de los cientos que existen en el mundo- y a conseguir vendérselos al propio INI, para que éste, a su vez, atendiendo los pedidos de los casinos, los distribuya.
Pero en todo ese proceso comercial intervienen métodos que no son los que habitualmente emplean empresarios normales. El director gerente de Bally, que habían salido de la oficina en el momento de cometerse el asesinato, declaraba ayer a EL PAIS su intención de dejar el negocio de las máquinas tragaperras: «A pesar de lo mucho que he trabajado para conseguir que se autorizaran las máquinas en los casinos españoles y de lo mucho que me ha costado introducir la marca Bally en España, yo esto lo dejo ahora mismo. Con un susto como este ya he tenido bastante».
El presidente de Bally, Benito Martín, residente en Málaga, no quiso ponerse al teléfono cuando EL PAIS intentó entrar en contacto con él.
La oficina del paseo de la Castellana donde fue cometido el asesinato, permanecía ayer cerrada a cal y canto.
El Federal Bureau of Investigation americano (FBI) realizó, hace ya algún tiempo, un informe acerca de la actividad de Bally en Estados Unidos. Una copia de ese informe, según averiguó ayer EL PAIS, está actualmente en poder de funcionarios de la Embajada norteamericana en Madrid, por los matices presuntamente delictivos que pudiera haber con respecto a la delegación española de la firma.
