El juez decreta la puesta en libertad de Urbiola
El vicepresidente del Parlamento Foral de Navarra y dirigente de Herri Batasuna, José Antonio Urbiola, detenido el pasado 30 de agosto en Pamplona y encarcelado. Seis días después en Carabanchel, acusado de presuntas relaciones con ETA Militar, fue puesto en libertad ayer, a las cinco de la tarde, por orden del juez.
Urbiola, a la salida de la prisión, manifestó que tanto su detención como la de su compañero de coalición, el también parlamentario Fernando Sáez, se inscriben dentro de la campaña policial iniciada contra Herri Batasuna.El vicepresidente del Parlamento Foral navarro señaló que prefería no hacer declaraciones de tipo político hasta que no se entrevistara con otros dirigentes de su coalición, para informarse de los últimos acontecimientos registrados en torno a Herri Batasuna y las actividades políticas en general.
Relató lo sucedido desde el día de su detención, indicando que si bien en las dependencias policiales de Pamplona le trataron correctamente, no fue lo mismo en los calabozos de la Dirección de la Seguridad del Estado, donde, según su testimonio, fue objeto de amenazas e insultos graves, aunque en ningún momento le sometieron a malos tratos físicos.
Dijo que en la prisión de Carabanchel había sido tratado con corrección
La noiificación de la puesta en libertad de Urbiola fue comunicada a las once de la mañana por la Audiencia Nacional al procurador Miguel Dorremoechea, quien, posteriormente, se la dio a conocer al abogado Miguel Castells, encargado desde el primer momento de la defensa del hasta ayer detenido.
La orden partió de la Audiencia Nacional y dice, entre otras cosas, que, «en el estado actual del proceso, Urbiola está conceptuado como simple denunciado y, aunque el tribunal no ha resuelto en su jurisprudencia, si puede o no decretarse o mantenerse la prisión provisional de una persona sin que ésta, previa o simultáneamente, haya sido procesada, impera mayoritariamente el criterio negativo».
Castells, que es senador de Herri Batasuna, declaró a EL PAIS que la libertad del político navarro «demuestra lo que dijimos desde la entrevista con nuestro compañero, nada más ingresar en Carabanchel; o sea, que no existe la menor base judicial para el procesamiento».
Recordó que el Gobierno ha llevado a Herri Batasuna ante los tribunales pidiendo su ilegalización. «A pesar de que no la consiguieron por víajudicial. el hecho es que hoy estamos siendo tratados como delincuentes por la policía y cada mes pasan unos quinientos militantes o simpatizantes de nuestra coalición por las comisarías, donde son tratados como criminales, reciben amenazas y, en ocasiones, malos tratos».
