Los presos de Herrera de la Mancha denuncian a los parlamentarios la existencia de malos tratos

Una comisión parlamentaria visitó recientemente la cárcel de Herrera de la Mancha, situada a pocos kilómetros de la localidad manchega de Manzanares, para intentar averiguar en el sitio si se habían producido o no malos tratos en esa prisión. Tras un detallado recorrido por las dependencias del recinto penitenciario y diversas entrevistas con presos y funcionarios, los diputados redactaron un informe de diecisiete páginas, cuyo texto ha sido conocido por EL PAIS. En él se recogen las versiones de las dos partes. Mientras los presos siguen insistiendo en que hubo malos tratos y palizas, los funcionarios lo niegan y piden más protección del Estado.

A las diez de la mañana del pasado 18 de julio, los diputados Leopoldo Torres (PSOE), José Sabalete (UCD), Simón Sánchez Montero (PCE) y Juan María Bandrés (Grupo Mixto) llegaron a la cárcel de Herrera de la Mancha en visita de «inspección», que se prolongaría hasta las diez de la noche, y que tenía por objeto averiguar qué hay de cierto sobre las presuntas torturas a los presos denunciadas por 36 abogados madrileños.Los internos eran en ese momento 118, la gran mayoría comunes, calificados en medios penitenciarios como «difíciles», y un pequeño grupo de políticos de los GRAPO y de ambas ramas de ETA. La primera tarea de los diputados, acompañados por el director de la cárcel, Santiago Martínez Motos, fue un minucioso recorrido por las dependencias del recinto penitenciario, recorrido que al final les llevaría a escribir en su informe: los sistemas de seguridad (pantallas de televisión, alarmas, puertas de apertura mecánica, etcétera) no son de buena calidad, se están deteriorando y no funcionan simultáneamente. Los materiales con que está construida la cárcel son bastante deficientes y, en general, da la sensación de no estar terminada. «Nuestra conclusión final es que se trata de un edificio bastante chapucero». Esta fue la impresión que causó a los parlamentarios la parte externa de la cárcel de máxima seguridad del Estado.

La segunda parte de su misión, la entrevista directa con los presos y funcionarios, se inició con bastante mal pie. El grupo de presuntos militantes de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) recibieron a sus señorías con cajas destempladas: «Vosotros sois unos fascistas y unos represores», les espetaron, «porque venís aquí representando al Estado. O nos entrevistamos uno por uno, de particular a particular, o nada de nada». Y nada fue. Tras esta breve pero contundente conversación, los diputados intentaron probar suerte con los comunes. Estos, al contrario que los grapo, les estaban esperando como agua de mayo. Previamente habían celebrado una asamblea y habían elegido a quienes serían sus interlocutores: José Morales, Dionisio Chinchurrueta, Carlos Muñoz, José María Sainz y Carmelo Lequerica, todos, a excepción de este último, internos en Herrera casi desde su inauguración, entre los meses de julio y agosto de 1979.

Fue este pequeño grupo, pues, quien se sentó con los parlamentarios en calidad de portavoces de sus compañeros. Y fueron ellos quienes repitieron a los diputados prácticamente lo mismo que consta en la querella de los abogados, en las declaraciones de algunos funcionarios contrarios a los malos tratos y en las impresiones del fiscal, que acaba de solicitar, por tercera vez, el procesamiento de seis de los funcionarios objetos de querella.

"Palizas sistemáticas"

«En cuanto fuimos trasladados a esta cárcel», comenzaron, «recibimos todos una gran paliza. Unos quince funcionarios formaron un túnel por el que nos obligaron a pasar, mientras nos daban golpes y patadas por todas partes. Sobre todo nos pegaban en los pies, para que abriéramos bien las piernas. Nosotros no habíamos soltado palabra y, a pesar de ello, este tipo de palizas eran sistemáticas. Sólo cesaron cuando los abogados pusieron la querella». En otro momento de su relato, los presos dieron nombres concretos de los funcionarios que habrían intervenido en estos malos tratos. Todo ello negado por la dirección de la cárcel.«Lo que pasó es que los presos llegaron aquí drogados», fue la versión de los funcionarios. «Ya se sabe que esta gente esconde la droga en cualquier sitio, y en cuanto entraron comenzaron a insultarnos y a agredirnos, tanto a nosotros como a la policía. Así es que no nos quedó más remedio que utilizar la coacción mínima necesaria prevista por la ley». Todos los intentos por aclarar qué entendían los funcionarios por«casos justificados en los que es obligado utilizar esta técnica legal», por emplear sus propias palabras, fueron inútiles, según consta en el informe. Los funcionarios»se mantuvieron firmes en su tesis de que todo «es una mentira» y de que la culpa la había tenido «la Prensa, que nos denigra, y los abogados, que nos denuncian». «Tanto unos como otros», añadieron, «han creado un clima de tensión en la cárcel que nos hace muy difícil la labor de reeducar a los presos».

Sin embargo, los presos, que negaron haberse drogado en masa durante las conducciones a Herrera, siguieron relatando otros detalles sobre posibles torturas: a Carlos Muñoz González le rompieron un diente de un tortazo, y un día que le «cogieron» leyendo un ejemplar de El Viejo Topo, donde se hablaba precisamente de los malos tratos en Herrera, cuenta que le propinaron una paliza. A José María Sainz le tiraron contra una puerta y «me dejaron el culo morado de los porrazos», y a Jesús Jimeno Pastor dice que también le pegaron nada más llegar, el 28 de junio del pasado año, procedente del penal de Ocaña. «Cuando les dije a los funcionarios que no me pagaran más porque había sido operado recientemente, ellos me preguntaron que dónde me dolía especialmente. Yo, como un tonto», relata, «se lo dije, les dije que había sido una operación en el hígado, y ellos lo que hicieron entonces fue pegarme precisamente en esta parte del cuerpo». Este último preso, que fue elegido al azar por los diputados, les dijo también que en cuanto notaron que mejoraba la comida pensaron: «¡Que llega la comisión!». Jesús Jimeno comentó que los funcionarios le prometieron que si se retractaba de unas declaraciones suyas contando los malos tratos le mandarían al dentista para que le arreglara la dentadura, que se le había estropeado a su paso por las cárceles, mientras que el caso del recluso Carlos González Mayor fue el reseñado con más disgusto por los presos. «Carlos González tenía la desgracia de ser sordo», contaron, «y le pegaban diariamente, riéndose, porque no oía las órdenes de los funcionarios».

En síntesis, los presos dijeron que fue muy difícil ratificar las denuncias sobre torturas delante del juez, «porque el juez venía aquí, a la prisión, acompañado de los funcionarios agresores, y, claro, a ver quién se atrevía ... »; que ahora «ya no pegan tanto», aunque de cuando en cuando se oyen «palizas de muerte» y que «la verdad es que no podemos quejarnos de la comida, porque con tanto parado como hay pasando hambre, pues nosotros, al menos, comemos».

La entrevista de la comisión parlamentaria con los presos vinculados a ETA Político- militar fue especialmente calificadora. Los presos vascos resumieron la situación con pocas palabras: «Nadie puede decir que conoce una cárcel hasta que ha estado en Herrera, y eso que nosotros somos unos privilegiados en comparación con los sociales».

Los reclusos vascos se referían, sin duda, al peculiar régimen que rige en esta prisión. Según consta en el informe de los diputados, el trato de presos con funcionarios tiene que realizarse de la siguiente manera: cuando quieren fumar deben decir: «¿Puedo fumar, señor funcionario»?, y si el funcionario no les mira no pueden encender el cigarrillo, o para atravesar una puerta cualquiera deben preguntar: «¿Puedo pasar, señor funcionario?», sin que este tratamiento pueda ser omitido en ninguna ocasión.

Correspondencia intervenida

Las cartas que reciben llegan abiertas y suponen que también abren las que ellos remiten. En concreto, exigen que se entreguen abiertas las dirigidas al Parlamento vasco, al Gobierno vasco y a los diputados. Si las entregan cerradas, las abren y retrasan su envío. Solamente admiten cerradas las cartas dirigidas al juez. Tampoco se les permite tener radios, y cuentan que los altavoces de la prisión se pasan el día tocando el Cara al Sol, marchas militares, cantos a la Legión, «y hasta el mes de octubre del año pasado el himno nacional sonaba por lo menos diez veces al día». Este hecho, que haría las delicias de cualquier interno ultraderechista, consta en el informe de los diputados que tanto etarras como grapos o comunes lo consideran «una auténtica tortura». Asimismo, se quejaron los presos de que reciben únicamente el diario Ya recortado, ven progra mas de televisión «previamente seleccionados» y está absolutamente prohibida la lectura de EL PAIS. Uno de los presos contó: «Un día que se me ocurrió pedir EL PAIS, por poco me matan».

Sin créditos bancarios

Cuando los parlamentarios interrogaron al director de la cárcel sobre este punto, respondió: «Los presos pueden pedir diariamente la Prensa que quieran, siempre que la paguen de su bolsillo». Sin embargo, cuando los diputados te relataron los casos concretos de Ya recortado y la total censura de EL PAIS, el señor Martínez Motos admitió que «bueno, es que es preciso censurar algunas noticias» y que en una ocasión se molestó con este diario, pero que tal prohibición no era permanente. La comisión le rogó entonces que a partir del día siguiente a su visita los presos pudieran pedir cualquier periódico, incluido EL PAIS. Todo lo relatado por los internos a la comisión fue contestado así por funcionarios y dirección: «Están haciendo teatro delante de ustedes. Nuestra relación con ellos es buena», dijeron, «y en el diálogo empleamos siempre la palabra "por favor". Solamente si no hay más remedio, empleamos la coacción material. Pero todo va bien», añadieron, «y algunos hasta nos han pedido quedarse aquí a cumplir su condena».

Las quejas que los funcionarios transmitieron a la comisión para que a su vez la hicieran llegar al Gobierno fue la de que se sienten desprotegidos por el Estado, a lo que el subdirector Touriño añadió: «Todas estas denuncias de los abogados y de la Prensa nos han creado tal rechazo social que hasta a algunos compañeros les han sido negados créditos al enterarse en el banco que eran funcionarios de Herrera de la Mancha».