Falsa partida entre dos coroneles
La Casa Presidencial, en San Salvador, está rodeada en tres de sus lados por alambradas y casamatas con centinelas. Al frente, calle por medio, la defiende el cuartel del Batallón de Comunicaciones, una de las dos unidades que impiden por ahora a la extrema derecha del Ejército (aunque no se sabe hasta cuándo) eliminar de la Junta de Gobierno al coronel Adolfo Majano, un militar moderado e indeciso. No hay lugar en el Ejército salvadoreño para los moderados; no hay sitio en la política salvadoreña de 1980 para los indecisos.Por la ventana del salón de actos, con el gran óleo que describe la declaración de la independencia, entran los gritos de samurai de los reclutas que se entrenan enfrente, y las risas de los jóvenes patibularios (¿detectives, guardaespaldas, parapoliciales?) con ropas civiles y metralletas al hombro, que se cuentan historias en la acera o despatarrados en jeeps sin matrícula. En el salón, mientras llega la hora de la audiencia con Majano, un mayor de facciones enérgicas y gafas de sol Ray Ban mueve su dedo índice sobre el mapa de Centroamérica: «Fíjese: la frontera de Honduras con Nicaragua corre desde el cabo Gracias a Dios, en el Atlántico, hasta Cosigüina, en el Pacífico. Si El Salvador también se hiciera comunista, entre este país y Nicaragua controlarían el golfo de Fonseca. Entonces, Centroamérica quedaría cortada al medio por el comunismo, con Guatemala y Honduras apretadas contra México, que está aliado con los comunistas de Cuba».
La geopolítica del mayor y sus previsiones son más bien simplistas y no muy de acuerdo con los hechos, pero reflejan el temor actual de la derecha militar centroamericana: quedar aislada en medio de un mundo que cambia y escapa para siempre a su viejo control. Para evitarlo, en El Salvador los militares están dispuestos a traspasar todos los límites.
Las atrocidades ensombrecen el Gobierno de la Junta, antes de haber cumplido su primer año: masacre de una manifestación popular en enero, asesinato del arzobispo Romero en marzo, mientras oficiaba misa; exterminación de seiscientos campesinos (hombres, mujeres y niños) en Las Aradas, pueblo fronterizo con Honduras, durante una operación del Ejército en abril.
Guillermo Ungo relata que durante su permanencia en este Gobierno, un coronel le dijo: «Será mejor que matemos 100.000 ahora y no que mueran 200.000 después». Tales matemáticas se aplican realmente: los 3.000 asesinatos políticos contabilizados hasta junio último (que si la tasa no varía llegarán a 10.000 en 1980) equivalen a que en España hubiese habido 24.000 muertos de la violencia en seis meses. La revista católica Estudios Centroamericanos dice que los crímenes políticos están «causados en su inmensa mayoría por fuerzas gubernamentales».
Gobierno y bandas armadas
En El Salvador de hoy, casi todo el mundo, menos los cuerpos de seguridad y el fiscal. general (el anterior, Mario Zamora, fue muerto a tiros ante su familia, después de pedirle que se identificara, para no cometer un error), sabe quiénes integran las principales bandas paragubernamentales: Organización Democrática Nacional (Orden), Movimiento Anticomunista Nacional Organizado.(MANO) y Falange, reunidas en el Frente Anticomunista Nacional (FAN), que dirige desde su exilio en Guatemala el mayor Roberto d'Aubuisson, jefe de la Agencia Nacional de Seguridad.
Todos saben también que D'Aubuisson ordenó el asesinato de monseñor Romero («Estoy absolutamente seguro; tengo la convicción moral», dice el ingeniero José Napoleón Duarte, miembro de la Junta) y que intentó un alzamiento contra este Gobierno. Detenido, se le dejó, sin embargo, salir a Guatemala, y también se dejó en libertad a los presuntos autores materiales de la muerte del arzobispo. Se conoce igualmente que un grupo de. terratenientes ultramontanos escindidos del derechista partido de Conciliación Nacional formó el Frente Azucarero de la Región Oriental (FARO) y financia desde allí las actividades de MANO y la Orden.
En términos técnicos, la Junta, como poder ejecutivo y legislativo a la vez, es responsable de la represión. Lo es también de que las reformas socioeconómicas prometidas hayan quedado a medio camino: la nacionalización del comercio exterior dejó fuera, en manos de corporaciones transnacionales, al algodón la pesca: la nacionalización de la Banca no es tal, sino una creación de sociedades mixtas donde el Estado posee el 51% y el accionariado restante se ha repartido entre los antiguos dueños y los empleados; la reforma agraria sólo afecta por ahora a un 13 % de los grandes propietarios, y la tierra ha sido entregada a cooperativas cuya dirección se elige entre campesinos dóciles al Gobierno y vigilados por las bandas paramilitares.
Pero en términos reales, la responsabilidad por todo ello es anterior a la Junta misma; tanto la represión como la mediatización del programa eran previsibles cuando la conspiración de cuatrocientos oficiales jóvenes contra la dictadura de Romero (la Juventud Militar, según se les llama) aceptó negociar con sus superiores de la derecha.
Duarte ha accedido a describir esos prolegómenos, que hasta ahora eran versiones de la oposición: «El golpea, afirma Duarte, «se produjo en base a tres grandes grupos: uno de coroneles, uno de mayores y uno de capitanes. Y, a la vez, había un cuarto grupo de coroneles, de extrema derecha, que también conspiraba por su cuenta. Este último movimiento fue descubierto y entonces los capitanes, entre el 10 y el 15 de octubre, decidieron actuar. Pero como todos habían visto ya que si tramitaba cada grupo su golpe particular había el peligro de matarse entre ellos, coroneles, mayores y capitanes negociaron mutuamente el esquema de Gobierno. En ese proceso, los mayores disolvieron su grupo y se distribuyeron entre los otros dos. Entonces, los coroneles y los capitanes se pusieron de acuerdo. Majano no tuvo nada que ver con esto. Fue después cuando los capitanes le otorgaron su confianza para representar a la oficialidad joven».
