EL PAIS es el diario de mayor difusión de España

La junta general de accionistas de PRISA, sociedad editora de EL PAIS, celebró ayer en Madrid, durante siete horas, su reunión ordinaria y extraordinaria, en la que se aprobó el balance de gestión y cuenta de resultados del pasado ejercicio, el reparto de un dividendo del 17%,'Ia modifi cación de tres artículos dé los estatutos sociales y, tras un prolongado debate, el Estatuto de la Redacción. También dio su- autorización la junta general al Consejo de Administración para aumentar el capital, conforme al artículo 96 de la ley de Sociedades Anónimas.

La junta se celebró con asistencia de 570 accionistas presentes y representados de los 1. 112 que componen la totalidad del accionariado de PRISA. El presidente del Consejo de Administración, José Ortega Spottorno, en un breve discurso, señaló que «muy probablemente, desde fínales de 1979, ELPAI S se había convertido en. el diario de mayor difusión de España y de Madrid, así como el de mayor difusión también fuera de la ciudad donde se imprime». «La independencia», dijo el señor Ortega' «es la base de la credibilidad de EL, PAIS, pese a la campaña de descrédito llevada a cabo tanto por un grupo de accionistas como por personas ajenas a nuestra sociedad».El punto primero del orden del día, correspondiente a la memoria, balance y cuenta de explotación del ejercicio 1979, se aprobó con un voto en contra, no sin antes haber dado lugar a un largo debate en torno al informe del accionista censor de cuentas Guillermo Piera, informe que se repartió impreso en la asamblea.

El presidente advirtió, antes de la propuesta de aprobación del punto primero, que se habían cumplido sólo parcialmente los plazos fijados por la ley de Sociedades Anónimas para la entrega de los informes de los dos accionistas censores de cuentas antes de la junta. El censor Alejandro Serrano emitió un dictamen dando su conformidad con los documentos y proponiendo su aprobación. El. censor Guillermo Piera entregó el dictamen, conteniendo determinadas reservas, la noche anterior a la junta.

El señor Piera, en su intervención culpó al Consejo de no haber tenido disponible la memoria en los plazos previstos antes de la junta, como es preceptivo, y dio lectura a su informe. Su dictamen comienza glosando la cifra de 192 millones de pesetas de beneficios de 1979, « que refleja una acertadísima gestión económica del Consejo de Administración de nuestra sociedad, por lo que me atrevo a recomendar», dijo el señor Piera, «a los señores accionistas que manifiesten expresamente el reconocimiento de la junta a su meritoria labor»_

En el segundo punto recoge el señor Piera unas observaciones minuciosas, como son la diferencia -a su entender- de 18.143 ejemplares diarios entre el parte de producción de papel diario y la cuenta de facturación, cuestiones sobre la transmisión de acciones entre el consejero delegado, Jesús de Polanco, y otros accionistas que, «a nuestro juicio», dijo Piera, «debieran haberse evitado». Agregó también que ocho millones de retención legal de IRPF están imputados, de modo absolutamente incorrecto, a una cuenta de gastos, que minora de este modo los resultados de la sociedad». Y acusó el señor Piera al presidente y consejero delegado de recibir una supuesta «percepción de corte salarial sustraída al conocimiento de esta junta».

El consejero delegado, Jesús de Polanco, puntualizó las causas del retraso, aducido por el propio señor Piera para efectuar su censura de cuentas, retraso que, por lo demás, reconoció el señor De Polanco.

El director gerente de PRISA, Javier Baviano, contestó a las observaciones realizadas por Guillermo Piera, y señaló, entre otras cosas, que el censor de cuentas tuvo el 28 de mayo la. memoria, el balance y la propuesta de distribución de resultados, y que según la auditoría llevada a cabo durante tres meses por la empresa internacional Arthur Andersen, PRISA había recibido un informe limpio es decir, que los estados financieros corresponden a la realidad. Explicó Javier Baviano que las diferencias observadas por el señor Piera entre producción y facturación se debía a periódicos que se cobran por otra vía -el caso de los suscriptores-, los de servicios regulares y los desperdicios de papel. Siete mil ejemplares diarios inútiles, sobre una tirada de 206.000 en octubre de 1979, significa una pérdida de papel del 4%, lo que se considera entre los especialistas como un récord, dijo. Explicó que no era cierto que capital detenido en concepto de IRPF no se hubiera entregado a Hacienda, y rebatió el punto correspondiente a los supuestos dobles sueldos. «Eso es absolutamente falso», dijo, y añadió que ya le había explicado a Guillermo Piera en su día que el error de éste se debía a un mero cambio en la denominación de la cuenta que el censor no reparó. En su réplica, el señor Piera, tras las explicaciones del director gerente, terminó diciendo que, a pesar de los reparos expuestos (calificados. por accionista Amparo Soler como "minuncias»), «pienso votar positivamente la aprobación de las cuentas, en mi nombre y en el de las acciones que represento», y reconoció ser ciertas las explica¿ione5 sobre las dudas que había expuesto en torno a los temas impositivos y los salarios del presidente y consejero delegado.

Antes de proponer la aprobación de las cuentas, el presidente pidió al socio principal de Arthur Andersen, señor Soto, que se hallaba Presente en la sala, que comentara el resultado de la auditoría realizada por su firma. Soto afirmó que «sólo cuando las cuentas reflejan fielmente la situación de la empresa y sus resultados se da un informe limpio, como el que hemos dado a PRISA. No es frecuente en España el informe limpio, y confiemos», dijo, «que las demás empresas del país sigan el ejemplo de PRISA».

En el punto segundo del orden del día se procedió a la elección de censores jurados de cuentas para el ejercicio de 1980, resultando elegidos Antonio López Valencia y Jerónimo Díaz de Santos, ambos propuesto por el Consejo de Administración, y derrotado Fernando Escardó Gandarillas, propuesto por la minoría de accionistas sindicados.

El consejero delegado, tras su informe de situación de la sociedad (véase esta misma página), presentó a la asamblea el Estatuto de la Redacción, señalando que incorporaba, por primera vez en un periódico español, la cláusula de conciencia y el secreto profesional, y que era una pieza importante para el mantenimiento de la línea de independencia actual de EL PAIS.

El accionista Fernando Chueca acusó a Polanco de «triunfalismo astronómico» y de tratar de dominar el periódico por la carrera para ganar acciones, y a través de los redactores. «Este Estatuto», dijo, «acabará con la libertad de prensa, a menos que se entienda por libertad de prensa la que existe en Cuba» (abucheos, silbidos y aplausos). Señaló también que «los redactores no pueden tener la llave del periódico», y pidió que se retrasara la aprobación del Estatuto para estudiarlo hasta el otoño.

Bonifacio de la Cuadra, accionista y redactor de EL PAIS, miembro de la representación profesional que negoció el Estatuto con la empresa, dijo que «este Estatuto es moneda corriente, de curso legal, en la Europa occidental», y que trataba de consolidar la línea editorial actual de EL PAIS, como periódico rentable, influyente e independiente.

García de Vinuesa, presidente del sindicato de accionistas que viene oponiéndose a la actual gestión del periódico, se sumó a la petición de Chueca en el sentido de retrasar la aprobación, debido a que se había presentado «de forma dictatorial» y no con tiempo suficiente para estudiarlo.

Intervino a continuación el director de EL PAIS, Juan Luis Cebrián, para explicar las razones de por qué hay un Estatuto de la Redacción. «No es fácil», dijo Cebrián, «mantener la actual línea editorial independiente de EL PAÍS», especialmente debido a las presiones de los grupos que pretenden cambiar la línea en el sentido que quiere la derecha más reaccionaria. «Con este Estatuto, EL PAIS», señaló el director del periódico, «va a seguir siendo independiente porque tiene que ser fiel a sus lectores, al margen de quién sea el consejero delegado o el director». Resaltó también los dos logros más importantes del Estatuto: la cláusula de conciencia («porque hemos sido contratados para hacer este periódico y no otro ») y el secreto profesional («que está en la Constitución, pero por el que los periodistas corremos aún el peligro de ir a la cárcel por nuestro deber de guardarlo»).

Cebrián señaló que el presidente y el consejero delegado, que eran ahora objeto de ataques, eran precisamente los que habían amparado la línea del periódico, y terminó diciendo que con el Estatuto se trataba de «defender la independencia actual contra las amenazas de quienes quieren apoderarse del periódico, para cambiar su línea o quién sabe si para destruirlo». Intervino el señor González Paramo para decir que «conceder derechos a la redacción por parte de la empresa era expropiar dereclios a los accionistas».

José Manuel Prada, miembro del consejo, señaló que el Estatuto ha sido una iniciativa de la redacción y fruto del consenso, y por último, que el consejo tiene facultades para aprobarlo sin más, y no Io hizo por respeto y delicadeza piara con la junta de accionistas.

Tras la votación, resultó aprobado el Estatuto de la Redacción de EL PAIS por 16.383 votos a favor, 156 en contra y 7.855 pidiendo que se retrasara su aprobación. El señor Escardó -abogado del bufete de José Mario Armero y consejero de Cambio 16, según se puso de relieve- se reservó el derecho de impugnar el Estatuto.

Por último, se aprobaron por unanimidad los puntos cuarto, quinto y sexto del orden del día, correspondientes a la modificación de tres artículos de los estatutos sociales, a la autorización al Consejo de Administración para alimentar el capital en 150 millones y al nombramiento de interventores para la aprobación del acta de Ia junta.