Del atropello siderúrgico, a la industria transformadora
El plan siderúrgico iniciado en 1964, y previsto para el período 1964-1972, nos permitió pasar de una producción de 3.150.000 Tm de acero a 9.530.000 Tm, con lo que se conseguía alcanzar el equilibrio cuantitativo entre la producción y la demanda interior.Al finalizar el citado período, los precios interiores de las fabricaciones de la siderurgia integral, que constituyen la materia prima de la industria transformadora, aunque superiores a los de exportación que efectuaba a precio dumping la siderurgia extranjera, resultaban similares a los vigentes en sus mercados interiores.
Para no andar con vaguedades, puntualizo los datos correspondientes a la banda ancha laminada en caliente, de la que tenemos una capacidad de producción superior a los dos millones y medio de toneladas, que es la materia prima de instalaciones transformadoras que fabrican productos tan esenciales como son la bobina y chapa laminada en frío, hojalata, chapa galvanizada, tubería soldada, perfiles, etcétera, que constituyen, a su vez, la materia prima para la fabricación de artículos de consumo, que ocupa un elevadísimo número de trabajadores.
El 2 de mayo de 1973 nuestro precio base interior era de 11.525 pesetas/Tm, el de importación CIF (coste y flete) Bilbao, a precio dumping, de 9.347 pesetas/Tm. La siderurgia integral privada obtenía beneficios que suponían del 15 % al 20% del capital desembolsado.
Sin embargo, el pasado día 2 de mayo, nuestro precio base interior autorizado es de 34.590,23 pesetas/Tm, el de importación CIF Bilbao de 23.991 pesetas/Tm, que no puede considerarse precio dumping, puesto que el decreto 3.060/79/CECA, del 27-12-1979, fija como precio mínimo pará 1980, en los mercados interiores comunitarios, 23.598 pesetas/Tm, del que además quedan excluidos los relaminadores y fabricantes de tubería soldada y perfilado en frío, a los que se autorizan precios infenores, notificándolo a la comisión. La situación de nuestra siderurgia integral es caótica. La comparacion, que resalta nuestra pérdida de competitividad, resulta todavía más asombrosa, habida cuenta de la depreciación sufrida por nuestra moneda. La devaluación de la peseta, entre ambas fechas, ha supuesto un 18,45% respecto al dólar estadounidense, un 24,79% respecto al franco francés y un 47,95% respecto al marco alemán.
El plan siderúrgico nacional de 1974, que se continuó desarrollando a pesar de la crisis siderúrgica internacional evioenciada a finales del mismo año, los defectos de gestión de la siderurgia integral, su innecesaria invasión de sectores transformadores, adquiriendo y -lo que es peor- desarrollando plantas mal emplazadas con relación a las instalaciones de los productos siderúrgicos que son su materia prima, el incurrir en deudas financieras desorbitadas para sus capitales propios, las retribuciones de privilegio a sus ejecutivos y personal, la baja productividad, el absentismo, las huelgas y la pérdida que su descenso de competitividad en los últimos años origina en exportaciones necesarias para mantener un minimo nivel de actividad, la han llevado a una situación de absoluta ruina. Por lo que la siderurgia integral solicita a la Administración la elevación de los precios autorizados interiores, que han adquirido un desfase tan importante con los existentes en la CEE, que imposibilitarán nuestra entrada u obligarán a cerrar nuestra siderurgia, y otra serie de ayudas y privilegios que contribuyen prácticamente a su estatalización, en los casos en que no pertenece al INL. Ayudas que, en lugar de emplearse en reestructurar la empresa y ponerla en competitividad, se dedican a veces a mantener una competencia desleal que arruina empresas transformadoras de iniciativa privada.
En aquellos casos en que no hacen directamente competencia a la industria transformadora, dificultan su competitividad en los mercados exteriores, con el precio que aplican a la materia prima que precisa, como consecuencia de los desorbitados precios autorizados en los productos de cabecera, en que disponen de monopolio. Lo que, para las actividades de exportación, obliga a la industria transformadora a importar en régimen de reposición, con el consiguiente incremento de gastos de transporte, que no favorece una competitividad, ya de por sí bastante, difícil en nuestra situación laboral. Dejándola, además, inerme ante las acusaciones de dumping.
Es indudable que España, que tiene una dependencia importante del exterior en sectores tan fundamentales como el energético y el tecnológico, no puede permitirse el lujo de carecer de una industria siderúrgica de cabecera, que es la abastecedora de materia prima para un sinnúmero de fábricaciones, que representan un porcentaje muy elevado de los puestos de trabajo existentes en los paises industrializados. En consecuencia, resulta necesario contribuir a ayudarla, pero es inadmisible que las ayudas se empleen en desarrollar y mantener su falta de competitividad, con graves perjuicios para todos.
La Administración no se ha limitado a mantener el INI en los aspectos para los que fue creado, y que consisten en montar una industria competitiva en aquellos sectores necesarios para el interés nacional, en los que el riesgo y volumen de inversiones a efectuar resulta de tal magnitud que no tiene aliciente para la iniciativa privada. Al absorber, además, las grandes empresas en pérdida y fomentar la competencia desleal mediante ayudas discriminatorias, desanima una inversión que ve cómo se pierden los capitales que aportó y desaparecen medianas y pequeñas empresas competitivas y con posibilidades de futuro, en la competencia con otras, cuyas pérdidas se soportan con el propio dinero de los contribuyentes. Con lo que el número de trabajadores en paro se va incrementando por la suma parcial de pequeñas cantidades en números muy superiores a los de las plantillas de las grandes empresas, lo que, unido a la falta de estímulo para emprender, está elevando la cifra de parados
