La oposición acusa al Gobierno de querer privilegiar a la banca privada
El debate en el Pleno del Congreso sobre la convalidación o derogación del decreto-ley por el que se dota de personalidad jurídica al Fondo de Garantía, de Depósitos dio lugar a un extremo y vivo contraste de opiniones en el que la oposición acusó al Gobierno de querer privilegiar a la banca privada a través de este instrumento legal, y el vicepresidente económico, Fernando Abril, replicó que la oposición daba muestras de falta de sentido común y de realismo al oponerse a la convalidación, que se obtuvo, finalmente, por 161 votos a favor, 122 en contra y dos abstenciones. UCD se opondría más tarde a que el decreto fuese tramitado como ley ordinaria.
Abrió el turno de intervenciones Luis Gámir, en nombre de UCD, para defenderla convalidación del decreto, con una intervención de carácter marcadamente técnico, que más tarde sería calificada de lección profesoral y de tema de oposición por los representantes socialista y comunista.Gámir explicó que a partir de una economía de mercado corregida, que es la que contempla el programa económico del Gobierno, sin dirigismos a ultranza, el derecho-ley busca la protección del depositante y del ahorrador, especialmente el pequeño y el mediano. Aseguró que es la sociedad la que está interesada en que no haya crisis bancarias, que para ello se dota de personalidad jurídica al fondo de garantía, y que, en consecuencia, el beneficio social que se obtiene con esta medida es superior al beneficio privado.
Aseguró Gámir que la comisión gestora del fondo, en la que participan representantes de la banca privada y del Banco de España, está, mayoritariamente en manos de estos últimos, es decir, del sector público. Gámir en otro momento hizo una alusión a los titulares de EL PAIS, que, al informar de la creación del fondo, con su nueva regulación hablaba de que se pretendía salvar a los bancos y no a los banqueros. Las citas al periódico las repetirían más tarde Enrique Barón y Ramón Tamames.
El socialista Enrique Barón interviene para afirmar que la crisis bancaria «requiere un debate público sobre el sistema financiero y su reforma, con la elaboración de decisiones legales que vayan precedidas de una valoración sopesada de los riesgos y desequilibrios en que está el sistema bancario español y el coste que conlleva la estabilidad del mismo».
Atacó el hecho de que las cajas de ahorro no entren en el nuevo fondo de garantía, con lo que pasan «a ser de segunda clase ».
Tras un análisis de derecho comparado, Barón pidió el sometimiento del Banco de España a la ley general Presupuestaria, un mayor rigor en el cumplimiento de la normativa sobre la concentración de riesgo, la adecuación de esta. normativa de obligado cumplimiento en relación con operaciones atípicas y participaciones accionariales, así como el control de holdings financieros, y como exigencia básica de todo lo anterior, la remisión periódica y puntual por parte de la banca de una información veraz y completa, con la utilización del Código de Comercio y el Código Penal en su caso. Concluyó que el partido del Gobierno ha contraído ya «una primera hipoteca en el Estatuto de Centros Escolares, con la jerarquía de la Iglesia. Ahora contraen ustedes una segunda hipoteca con la banca privada».
Política de grupos de presión
Ramón Tamames, por el Grupo Comunista, se opuso a la convalidación del decreto porque trata, dijo, de legalizar la función de la corporación bancaria que es ilegal desde su constitución, aumentando las funciones del fondo de depósito. No se dice, añadió, qué va a pasar con la Corporación Bancaria, cuya ilegalidad arranca de que el Banco de España se ha convertido en juez y parte de la misma.
Explicó que las cajas de ahorro no necesitan tanta ayuda como la banca porque tienen mayor control, y demuestran que el sector bancario necesita una nueva regulación.
Adujo el ejemplo de los bancos de Estados Unidos que crearon una mutua con sus propios fondos, «sin un dólar del Tesoro», como sucede en la República Federal de Alemania y en los Países Bajos, pero, añadió Tamames: «Aquí tenemos un auténtico capitalismo monopolista de Estado y no una mutua bancaria. Estamos ante una política de encargos de los grupos de presión, y esto es una recomendación del señor Termes, presidente de la Asociación de la Banca Privada». Dijo luego que la banca ha renunciado a ser un servicio público porque ha conseguido libertad para fijar tipos, creación de entidades y expansión de sucursales
Fraga apoyó la convalidación
Fraga apoyó la convalidación del decreto, aunque «no nos gustan los decretos-leyes», porque «es una medida de urgencia ante un asunto trascendente, como la delicada si tuación de algunos bancos». Argumentó que el fondo ya en beneficio del imponente medio y ello contribuye a un tema fundamental para el momento político español: dar seguridad al ciudadano. Dijo también que el decreto es compatible con actuaciones de inspección y de exigencia de resonsabilidad para la banca y que este punto habría de entrar en el próximo debate en profundidad sobre los problemas de la nación, debate que debe ser preparado con seriedad y «con nada parecido a la demagogia barata».
Ernest Lluch, en nombre de los socialistas del Congreso, anunció el voto en contra, «porque el Estado aporta al fondo mucho más que el sector privado». Explicó que cuando el Banco de España ayuda a la banca privada está dando créditos sustitutivos, que, en consecuencia, no van a otra parte, y que el año pasado se cifraron en 100.000 millones de pesetas. Argumentó que faltan controles del Banco de España sobre la banca privada, como lo demuestra, en su opinión, el caso del Banco de Navarra, y concluyó afirmando que «aquí hay dos tipos de partidos: los de las sucursales bancarias y los indenendientes».
El ministro de Economía, José Luis Leal, intervino a continuación para explicar que la presentación del decreto-ley venía dada por una exigencia de transparencia que se solicitó de los bancos, y que puso de manifiesto el que algunos tenían pérdidas. Aseguró que se cubrirán los riesgos para las cajas de ahorro, como se hace ahora con los bancos, y explicó que las nuevas garantías que establece el fondo y la cotización anual y obligatoria para los bancos supone cifras mucho mayores quelas de otros países
En síntesis, el ministro definió el decreto-ley con las siguientes características: protege más al depositante al elevar los topes de garantía; es un sistema más duro con la banca que el anterior, porque la exigencia de destinar el 1%o al año de sus depósitos para el fondo, sig nifica destinar aproximadamente el 10% de los beneficios anuales y no hay sector, dijo, que tenga esa garantía de seguro; protege al banco y a los trabajadores del bancocrea un sistema más rápido y transparente para conocer la situación financiera, y, por fin, protege mejor al sector público.
Una vez aprobada la convalidación del decreto se votó una propuesta comunista, para que fuese tramitado como proyecto de ley. Se opuso UCD y fue rechazada la tramitación con 166 votos en contra y 119 a favor. Barón pidió entonces turno de explicación de voto para esta segunda votación y aseguró que se acababa de demostrar «el más absoluto desprecio por parte del Gobierno a esta Cámara y se ha podido comprobar que esto estaba atado y bien atado fuera de esta Cámara».
En este momento tomó la palabra el vicepresidente Abril, que, en tono vehemente y crispado, en opinión de la izquierda, aseguró que la votación no había dividido a la Cámara entre independientes y partidarios de las sucursales bancarias, sino entre los que tenían sentido común y responsabilidad y los que carecían de capacidad para dar soluciones reales a problemas reales.
Insistió varias veces en que durante dos años la oposición había mantenido un silencio total ante la situación del Fondo de Garantía y recordó que habían «convivido sin rechistar con el Fondo de Depósito y habían aplaudido la restricción crediticia». Pero este tema produce sus consecuencias, añadió, y hace aflorar problemas que existían hace años. Acusó a la oposición de haber «merodeado en el decreto y no haber entrado en el fondo, que no es otro sino el de dotar de personalidad jurídica al Fondo». Afirmó Abril que «lo que este decreto hace es restablecer los equilibrios patrimoniales por la puerta de alante, no por la de atrás. De interés de la banca grande, nada, porque probablemente le interesa que no exista el fondo», añadió Abril, que negó que la solución favoreciese sólo a los intereses de la banca porque ahora anualmente tendrá que aportar dinero al Fondo.
Lluch pidió la palabra para explicar el voto, y calificó la íntervención de Abril como «desplante que siempre es símbolo de, debilidad», y, en tono suave y moderado y dirigiéndose a Abril, tal y como éste había hecho con él y con Tamames, afirmó que el decreto, en definitiva, no sirve para dar confianza, y que ellos no trataban de agravar la situación de la banca, porque en el sistema actual ésta influye decisivamente en la vida de muchos trabajadores.
