La empresa pública en el sector eléctrico
Las empresas eléctricas mayoritarias del INI (ENDESA, ENHER, UNELCO, GESA y el 50% de ENECO) poseen hoy un 20% de la potencia total de servicio público instalada en España, sin considerar la participación minoritaria (11,5%), aunque de mayoría relativa, del Instituto en Unión Eléctrica, SA.La acción de la empresa pública en el sector eléctrico nacional es, además, cualitativamente muy importante, al haber sido las empresas del instituto pioneras en el aprovechamiento de algunas cuencas hidráulicas y, sobre todo, en el desarrollo de las primeras centrales térmicas, dedicadas luego, con preferencia., a aprovechar los recursos nacionales de carbón. La minería de antracita de León no existiría así hoy de no haberse instalado las centrales de Compostilla; por su parte, sin la visión anticipativa de poner en explotación el yacimiento de lignitos de Puentes, en La Coruña, hubiera habido que adoptar ya restricciones eléctricas en el suministro nacional, recargándose además el déficit de la balanza de pagos con un aumento del el-oil necesario para la generación eléctrica. Las empresas eléctricas del INI han dado, además, un sentido nacional integrador al suministro eléctrico, al promover el trasvase de energía desde los grandes centros productores a los consumidores, por encima de los intereses de mercado de las empresas distribuidoras en cada zona. Por último, han llevado a cabo la electrificación de los archipiélagos balear y canario, en los que aunque las condiciones de suministro son más difíciles que las de la Península, sus habitantes reciben un servicio análogo en calidad y precio al del resto de los españoles.
La empresa pública ha actuado, pues, con eficacia y visión nacional en el sector eléctrico, y su rentabilidad ha sido comparable a la privada. Sus instalaciones se basan, además, en combustibles nacionales baratos (el INI posee un 54% de la potencia total instalada en térmicas de carbón), por lo que habrán de funcionar preferencialmente en el futuro, frente a las más caras del fuel-oil importado (85% privadas), lo que contribuirá adicionalmente a su rentabilidad.
No todos los factores son meramente empresariales, sin embargo, en el desarrollo del sector público eléctrico y, de hecho, ha sido siempre perceptible una cierta animosidad de los grupos privados frente a esta presencia competitiva. Así, es significativa, la reducida participación del INI en las centrales nucleares (11,6%), que disminuirá además hasta un 4,6% al entrar en operación todos los grupos autorizados. De hecho, parece como si se hubiera decidido marginar a las empresas del INI de un tipo de energía en que se pensó se basaría casi exclusivamente el futuro eléctrico, a pesar de que por sus condicionantes e implicaciones extraempresariales seria razonable pensar que la energía nuclear debería caer en la esfera pública, como acaban de votar recientemente los suecos en su referéndum, por razones de seguridad. No obstante, la Administración, que es la que autoriza las centrales, no ha adjudicado ningún grupo a empresas del INI, de las que sólo ENHER ha podido así, participar minoritariamente en uno de los tres grupos privados funcionando y en otro de los diez con autorización de construcción.
Por otra parte, en el último año, determinados acontecimientos han sido interpretados como intentos de reducir el papel de la empresa pública en el sector eléctrico. Así, la frustrada operación de la toma de participación de FENOSA en las nuevas centrales de ENDESA en Compostilla, y que luego se ha mostrado innecesaria, trajo como consecuencia que FENOIA ha hecho prevalecer la instalación de un nuevo grupo suyo sobre el previsto por ENDESA, y ahora abandonado, a pesar de que éste había recibido autorización dos años antes que aquél. Así, también ha sido interpretada 19 adjudicación, desde la aprobación del PEN, a las empresas privadas, de seis nuevas centrales de carbón y tres nucleares, de las que sólo una de carbón ha ido finalmente al INI, al ser rechazada por una de las privadas.
Yo no creo, sin embargo, que esta supuesta reducción del papel de la empresa pública eléctrica vaya a tener lugar en nuestro país; y ello, por múltiples razones, entre las que no es la menos importante la imposibilidad de gran parte de las empresas eléctricas privadas de financiar su desarrollo, cuando éste va a basarse en grupos nucleares que requieren una inversión para cada uno de 140.000 millones de pesetas, que sólo empiezan a ser productivas al cabo de diez años de iniciarse. Pero es que, además, esa reducción contravendría la propuesta del grupo centrista sobre el sector eléctrico aprobada por el Congreso de los Diputados, en el Pleno sobre el PEN, en la que se indica que «es preciso mantener el actual equilibrio en la participación de las empresas públicas y privadas en los diversos subsectores energéticos, fomentando la inversión pública en la medida requerida para mantener dicho equilibrio». Tampoco sería lógico pensar, por último, que exista en el ánimo del Gobierno ningún deseo de debilitamiento de la empresa pública, en una coyuntura de integración industrial en la que su potenciación puede constituir un medio eficaz de reforzar las posibilidades competitivas de la industria española frente a los grandes grupos europeos. Diferentes declaraciones significativas han reforzado, además, esta posición, entre las que podría destacarse la reciente directriz marcada por el Ministerio de Industria y Energía al plan estratégico del INI, en la que señala que «las empresas eléctricas del instituto deberán mantener su participación en la potencia instalada del sector, asegurando el abastecimiento futuro de la demanda. Esta participación exigirá un importante aumento de la actividad del INI en la generación de energía de origen nuclear y térmico de carbón».
Una vez descartada, pues, una pérdida de posición de la empresa pública eléctrica, conviene conocer cuál va a ser el futuro del sector eléctrico, para deducir finalmente el sentido y la actuación necesaria de la empresa pública en él.
En lo que respecta a las necesidades adicionales de generación eléctrica, conviene señalar que no puede contarse con la instalación de ningún grupo adicional de fuel-oil, estando además prevista una baja utilización de los 9.000 MW existentes, dada la falta de rentabilidad de este combustible, especialmente si sus precios dejaran de estar subvencionados. Repele, sin embargo, la idea de que esta potencia, ya instalada, sólo vaya a utilizarse las 2.200 horas al año qué estimaba la última revisión del PEN, haciendo necesario que se tengan que invertir más de 500.000 millones de pesetas en Potencia nuclear adicional para producir el déficit creado por esta subutilización. Parece, por ello, que debería promoverse la reconversión de algunas de las centrales de fuel a gas natural y carbón, con el fin de reducir dicha inversión. También debería estudiarse con detenimiento las cantidades de fuel-oil que efectivamente vayan a consumirse, con el fin de dimensionar adecuadamente las instalaciones de craqueo que conviertan sus excedentes en productos más ligeros.
El desarrollo futuro de la generación eléctrica habrá, pues, de basarse, dada la limitación hidroeléctrica, en nuevos grupos de carbón y nucleares. Con respeto a los primeros, la producción nacional de carbón no parece, en principio que pueda aumentar significativa y rentablemente, una vez abastecidos todos los grupos ya autorizados, por lo que los nuevos deberán, en su mayoría, quemar carbón importado. En relación con esta importación, conviene, sin embargo, efectuar las siguientes precisiones:
- La importación de grandes cantidades de carbón no debe implicar el desmantelamiento de la producción nacional rentable (León), que debe, por el contrario, ser potenciada al máximo.
- Si las importaciones no se efectúan de forma unificada, no se aprovecharán a tope las importantes economías de escala que pueden lograrse en el transporte y se perderá capacidad de negociación, lo que, sin duda, repercutirá en la rentabilidad de las operaciones.
- El objetivo primordial de la operación, que no debe perderse de vista, es el de conseguir un aprovisionamiento de carbón al menor coste posible, para poder suministrar al país kilovatios al mínimo precio.
- Las actividades de investigación en el exterior y su financiación deberán, pues, únicamente, contemplarse en la perspectiva anterior, para no acabar montando «planes de exploración en el exterior», con resultados similares a los obtenidos en el petróleo.
- La importación de carbón no debe ser nunca considerada como una forma de compensar las perspectivas desfavorables de otros sectores, como los productores de carbón nacionales, o incluso petroleros, que ya se han apresurado a reclamar un protagonismo en este campo que dudosamente les corresponde.
En relación con la energía nuclear, ésta se presenta a nivel mundial con una incógnita, que sólo podrá ser despejada en la medida en que el rigor, transparencia y honestidad en la implantación de los programas nucleares de cada país consigan obtener la aceptación sociopolítica de los riesgos implícitos a este desarrollo. No hay que olvidar, a nivel nacional, que un año después del accidente de Three Mile Island, en EE UU, se está juzgando estos días el impacto que se va a producir en las localidades próximas a la central, según que la eliminación del gas radiactivo acumulado se efectúe mediante su venteo durante catorce o sesenta días.
En el caso de España, la forma en que comience a actuar el recientemente aprobado Consejo de Seguridad Nuclear, servirá de test para prever la aceptación que el programa nuclear español pueda lograr en las comunidades por él afectadas y que es imprescindible para que éste pueda, finalmente, llevarse a cabo.
