Izquierda y derecha piden al Gobierno que no retrase más la nueva ley de Régimen Local

«El retraso de la nueva ley es lógico», opina Juan Manuel Reol Tejada, secretario de política territorial de UCI), «porque la Cámara debe no sólo producir leyes, sino también incardinarlas en el pueblo. Además, la configuración del Estado de las autonomías y la potenciación de la 'autonomía económica municipal eran datos necesarios para proceder con el máximo rigor a la confección de una ley que el partido del Gobierno cree de absoluta prioridad y que, desde el punto de vista electoral, tiene interés en sacar, porque pretende que la elección de alcalde sea directa, para que refleje el verdadero sentir popular. No es, pues, culpa del Gobierno; hay que tener en cuenta el ritmo al que trabaja el Parlamento y los atascos legislativos que se producen.»Al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no le convencen los argumentos ucedistas: «¿Que el Parlamento es lento en hacer las leyes?», se pregunta el responsable de política municipal de la ejecutiva del PSOE, Luis Fajardo. «Razón de más», añade, «para que no retrasen un año su presentación. Esto no es serio.»

El PSOE concede una especial importancia a esta ley de Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, porque «no es una ley más», según dice Fajardo, «sino una de las grandes patas del Estado, de las estructuras sobre las que debe descansar el Estado descentralizado, del que habla la Constitución». El portavoz socialista entiende que es una de las causas fundamentales, por las que acusa a UCD de practicar « obstruccionismo institucional», de impedir que funcionen las instituciones locales.

También el Partido Comunista opina que «la ley de Régimen Local ha sido un medio más de boicoteo en manos del Gobierno» y Alianza Popular dice que «nos parece lamentable esta pereza legislativa». Dos partidos, el Socialista y el de los Trabajadores, afirman tener un. proyecto propio de ley de Régimen Local; el PSOE la considerará, incluso, en la reunión de alcaldes socialistas que tendrá lugar en Madrid el próximo día 12.

Dentro del nuevo proyecto, los partidos esperan que se dé especial importancia a varios puntos, además de la autonomía de la hacienda municipal: la elección de alcaldes, el carácter de éstos, que deben dejar de ser delegados gubernativos sometidos al gobernador civil y al quórum de dos tercios necesario para aprobar determinadas cuestiones, como los presupuestos.

UCD y Alianza Popular (AP) aspiran a cambiar el actual sistema de elección de alcaldes por los concejales, porque «la forma de la actual ley», dice el centrista Reol Tejada, «ha permitido que el pacto de la izquierda copara el gobierno municipal, marginara a los vencedores en las elecciones y utilizara el texto para extraer sus ventajas y evitar su cumplimiento, en cambio, cuando significaba dar participación a. otros partidos. Por la forma en que se han aprovechado de la ley, no entiendo a Luis Fajardo cuando dice, de forma casi insultante, que el retraso del nuevo texto es una irresponsabilidad, y lo dice con un lenguaje oportunista y electoralista que me extraña».

Alianza Popular, por boca de su vicesecretario de acción municipal, Carlos Collado, afirma que «la Constitución dice que pueden elegir a los alcaldes los vecinos o los concejales. Nosotros somos partidarios de la elección directa, proclamar al primer candidato de la lista más votada o emplear un doble sistema, mayoritario para el alcalde y proporcional para los concejales. Ello permitiría que la figura del alcalde fuera elegida mayoritariamente».

El responsable de política municipal del PSOE, Luis Fajardo, contesta a los partidos de derecha que su partido está de acuerdo con el sistema actual de elección de alcaldes por los concejales «por dos motivos: 1) es el sistema tradicional español y está en las leyes de régimen local de todo el siglo XIX y el XX, salvo en momentos como los que cubre la actual ley de Régimen Local de 1955, según la cual, a los alcaldes los pone el gobernador civil o el ministro de la Gobernación; 2) en el derecho comparado europeo de los países más próximos a nosotros se hace de esta forma. Además, cuando se hizo la ley de Elecciones Locales, UCD estuvo de acuerdo con este sistema y habló a su favor en el Parlamento, a través de su diputado Núñez. Naturalmente, esto fue antes de las elecciones municipales »

Participación de los vecinos

Dentro de la nueva ley, piensan los diferentes partidos, debería contemplarse también la participación de los vecinos. Los comunistas cuentan que, al anular un gobernador civil algunos plenos porque habían intervenido los vecinos, han tenido que recurrir a argucias como suspender el pleno de la Corporación, dejar hablar al vecindario y continuar el pleno después.

Alianza Popular opina que en esto de la participación de los vecinos, la izquierda, una vez más, se ha pasado. Carlos Collado explica que «comunistas y socialistas esgrimieron esta participación como panacea para la transparencia y solución de los problemas y, de hecho, las asociaciones de vecinos sirvieron de catapulta para lograr sillones municipales. Pero, ¿cómo ha respondido la coalición que gobierna los principales ayuntamientos de España? El tema se les ha ido de las manos, porque sobraba demagogia y faltaba realismo, ya que la participación ciudadana no puede suplantar al gobierno municipal, que deben hacerlo los concejales».

«Las propias asociaciones de vecinos», sigue el representante de AP, están descontentas con la gestión municipal, porque, además, han perdido su anterior auge. No por hacer miniayuntamientos dentro de las grandes ciudades el ciudadano participa. Lo que plantean las asociaciones de vecinos de participar en todos los órganos y niveles de la administración local es desmesurado. ¿Qué son todos los niveles? ¿El de conserje también? ¿Eso cómo se come? Los vecinos no pueden suplantar al funcionario ni la responsabilidad política.»Los gobernadores, omnipotentes

También se queja AP, y se quejan todos los partidos de izquierda, del carácter que el alcalde ha tenido hasta ahora de representante del gobernador civil, con capacidad incluso para suspender acuerdos de los plenos de los ayuntamientos. «Hay que revisar», dice Carlos Collado, «la dualidad que tiene la actual ley de Régimen Local, según la cuál, el alcalde es representante del Gobierno y responsable del poder municipal. Nosotros somos partidarios de potenciar esta segunda faceta.»

«Se aprovechan», dicen a este respecto los representantes del PCE, «de que tenemos una legislación muy pensada para una situación autoritaria. Claro que, en algunos casos, la Audiencia Territorial ha llegado a revocar suspensiones de plenos hechas por el gobernador, como pasó en Leganés, en Madrid, cuando se acordó recalificar al conjunto de los trabajadores y subirles el sueldo. También, en un pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada se acordó cambiar el nombre de la calle del 18 de Julio, por el de Javier Sauquillo, uno de los abogados víctimas de la matanza de Atocha, vinculado a esta localidad. El gobernador, Juan José Rosón, dijo que en ese pleno había habido mucha gente y el Ayuntamiento se había visto presionado, por lo que anuló el acuerdo. La Audiencia revocó su decisión y la calle se llama ya de Javier Sauquillo.»

Los temas incluidos en la ley de Régimen Local están entralazados, en muchas ocasiones, con las denuncias de los partidos de izquierda sobre el boicoteo que consideran que les ha hecho el Gobierno y UCD en la vida de los ayuntamientos. Uno de estos puntos es la necesidad del quórum de los 2 / 3 de las corporaciones para aprobar algunos temas, como los presupuestos. «Cuando hablamos de obstruccionismo institucional», dice el socialista Luis Fajardo, «es porque éste existe. Es lógico que la oposición municipal haga política de oposición, pero otra cosa es no dejar funcionar las instituciones, porque cuando sigue existiendo el quórum de los dos tercios para aprobar determinadas cosas, quórum que nos parece rechazable en una democracia, lo utilizó UC saliéndose del Ayuntamiento d Madrid, cosa que los socialistas n hemos hecho nunca en el Parlamento.»

El Partido Comunista y el Partido del Trabajo de España (PT también acusan al Ejecutivo de haber boicoteado el gobierno municipal. «UCD no ha hecho un oposición constructiva», denucian los representantes del PC «Las presiones no han venido sé a través de los gobernadores, sin también por medio de las cajas ahorro y el Banco de Crédito Loca para que no contabilizaran créditos que deben cotizar en los coeficientes de inversión obligatoria. Ejemplos de esto hay en Tarra sa, Matará, Sabadell y otras m chas localidades catalanas. L cajas de ahorro podrían ser u motor fortísimo de los ayuntamientos en urbanismo, sanidad cultura, enseñanza, pero su labor ha sido obstaculizada. »

Carlos Dueñas, portavoz d Partido de los Trabajadores, afirma que «el boicoteo serio es el d Gobierno, que es el que tiene dinero y el que manda las orden ministeriales, el que manda sobre el gobernador y el alcalde, en definitiva. Nosotros tenemos ejemplo en Aragón. Teruel es la única provincia con mayoría de ayuntmientos de UCD y esto lo han usado los centristas como chantaje

el tema autonómico para obtener otro tipo de ventajas. Era el momento en el que UCD decía sí a la autonomía de Aragón por la vía del artículo 151 y tenía la espada de los ayuntamientos de Teruel cochantaje al PSOE, tanto en los ayuntamientos como en la Diputación General de Aragón».

«Claro que también hemos te do enfrentamientos con la mis izquierda», sigue Carlos Dueñas «El alcalde de Zaragoza, socialista intentó separar del cargo a nuestros dos concejales porque se encerraron para protestar contra la políta de UCD de propiciar la autonon por la vía lenta del artículo 143, y el alcalde de Zaragoza lo es por nuestros dos votos. »

Alianza política y boda

Ha habido tensiones dentro pacto de la izquierda, pero no como para romper ese pacto. «Nuestra valoración», dicen los representantes del PCE, «es bastante pos va, porque, salvo casos excepcionales, con problemas locales cuestiones personales, ha ido bastante bien. Sin estos pactos no hubiera sido posible un Gobierno izquierda. La dinámica general plantea excesivos problemas, para que la alianza política no es una boda, es una tensión dialéctica y se está saldando muy positivamente.

«Los acuerdos del 18 de abril 1979», dice el socialista Luis Fajardo, los calificamos, entonces y ahora, como acuerdos para obtener mayorías estables, asegurar un gobierno local con un alcalde al frente y aprobar los acuerdos de plenos. Ha habido problemas locales, pero no suficientes, ni en número ni en gravedad, para calificar de mala la situación. Los acuerdos no tienen en sí mismo garantías de perdurabilidad y pueden hacerse innecesarios o imposibles si cambian las circunstancias.