Los municipios y el Estado

Construir el Estado de la Constitución es la tarea del momento; asegurar su solidez y su funcionamiento eficaz nos corresponde a todos. El título VIII de aquel texto fundamental determina la organización territorial del Estado en base a comunidades autónomas, provincias y municipios, reconociendo la autonomía de todos ellos para la gestión de sus respectivos intereses.Con ocasión del aniversario de la celebración de las elecciones locales, que permitieron el establecimiento de las primeras corporaciones democráticas después de cu arenta años, y en un momento en que más que nunca se requiere claridad en la formulación del modelo de organización del Estado y en el proceso de su desarrollo, nos parece especialmente oportuno destacar la necesaria contribución de los municipios, de los entes locales, a esta tarea y el papel que les debe corresponder dentro de aquel modelo organizativo.

Reparto de competencias

Los socialistas, en la elaboración de la Constitución, propusimos un sistema de reparto de competencias en base a tres listas, como parte de un modelo casi federal de organización territorial del Estado. Sigo pensando que tal sistema hubiera evitado la situación de relativa confusión en que ahora nos encontramos, donde la competencia se reclama de Madrid frente a Madrid, pues la no atribución expresa alienta la práctica de la reclamación y de la constante exigencia. La torpe e irresponsable política del Gobierno en cuanto a las preautonomías contribuyó aún más a complicar la situación. Las decisiones más absurdas condujeron a las situaciones más insostenibles; por ejemplo, varios entes preautonómicos han recibido la competencia en materia de actividades nocivas, insalubres, molestas y peligrosas, en perjuicio de quienes la ostentaban hasta ahora, los municipios, que tienen que seguir ocupándose del otorgamiento de la licencia de apertura de establecimientos ante la imposibilidad de que lo haga la casi inexistente estructura burocrática de la Consejería de Industria. ¿Es lógico proceder así; por qué complicar de tal manera y entorpecer hasta tal grado el funcionamiento de los servicios públicos?

A este panorama hay que sumar la gravedad de la situación creada como consecuencia del llamado «frenazo de las autonomías», actitud simplemente negativa, que no ofrece alternativa clara y válida y que va en contra del patente deseo de algunos pueblos de nuestra geografía de dotarse de sus instituciones de autogobierno en el marco de la Constitución. Ahí tenemos el ejemplo de Andalucía, y luego, el de Canarias, o Valencia, u otros.

Es preciso, ante este panorama, ofrecer un modelo claro, concreto, conectado con las expectativas sociopolíticas generales, y con lo aconsejable en orden a la solidez y eficacia de las instituciones. Y es a este modelo al que -a nuestro entender- puede y debe contribuir poderosamente la Administración local, una nueva Administración local.

Gobernar contra los ayuntamientos

Los municipios constituyen las administraciones públicas físicamente descentralizadas; por experiencia Sabemos que son los agentes públicos más activos y flexibles, tanto desde el punto de vista económico como del administrativo. Si la Administración del Estado no tiene capacidad de invertir en el año todo lo que le autorizan los Presupuestos, si no es posible que la Delegación Provincial -por ejemplo- de Badajoz construya escuelas en Mérida, si no cuenta con el respectivo Ayuntamiento, llegamos a la conclusión de que nunca debe gobernarse, y menos ahora, contra y frente a los ayuntAmientos.Es una actitud irresponsable la del Gobierno central, que dificulta la participación coordinada de las Administraciones locales en la ejecución de,las competencias centrales y que yugula funcional y económicamente a los municipios tan sólo por estar gobernados, por partidos políticos distintos al instalado en el nivel gubernamental. Esa es una actitud siempre censurable, pero hoy, además, calificable como de grave atentado a la consolidación del Estado de la Constitución. Una Constitución donde a los municipios se les reconoce la autonomía funcional y la autosuficiencia financiera; esos municipios de la Constitución, esos nuevos «ayuntamientos constitucionales», deben ser apoyados por todos como parte de un Estado más democrático, más sólido y más eficaz.

Una pesada herencia

El 3 de abril de 1979, unas elecciones locales muy esperadas y muy atrasadas, por cierto- permitieron la constitución -el siguiente 19 de abril- de ayuntamientos democráticos, mayoritariamente gobernados por alcaldes socialistas. Los nuevos ediles, integrantes de una nueva clase política que será, sin duda, la base de la vida colectiva española de los próximos años, se encontraron con una situación difícil, con una pesada herencia.

Por un lado, encontraron una cuantiosa deuda, formada principalmente en los últimos dos o tres años, bajo la autorización del anterior Gobierno Suárez; esta situación, si bien camina hacia su consolidación, a través de las recientes operaciones de saneamiento, mediante presupuestos extraordinarios de liquidación de deudas, no deja de gravar seriamente aún a las nuevas, corporaciones.

En segundo lugar, una estructura burocrática poco ágil, ineficaz y pensada más para cumplir la orden superior que para crear líneas de progreso administrativo y soluciones originales a los problemas. Se impone la reforma administrativa, incluyendo una política de personal, la racionahzación de procesos burocráticos Y' el control de gastos públicos.

Nueva ley de Régimen Local

Finalmente, la pervivencia de una ley de Régimen Local de 1955, anticuada técnicamente y no concordante con la realidad política del momento. Se impone la urgente aprobación de un texto articulado de ley de Régimen LocaLcompatible con desarrollos paralelos y específicos por los Parlamentos autonómicos que existan en cada momento, y que regule la organización y funcionamiento del Gobierno local democrático, así como unas haciendas locales sencillas y que proporcioned y aseguren la autosuficiencia económica, que evite el chalaneo de la persecución de competencias y recursos cerca del ministro de turno.

Apoyar hoy a los ayuntamientos en hacer Estado; un Estado más sólido, más eficaz, más participativo, más próximo al ciudadano. El Estado que esperamos, sumidos en cierta angustia, tantos demócratas españoles.