Crisis económica, distribución de la renta y caída del excedente empresarial
La crisis económica se ha traducido en una variación rápida e importante en el reparto del producto interior bruto entre los factores que contribuyen a obtenerlo. En este reparto del producto impuesto por la crisis, la erosión de los excedentes empresariales constituye una tónica común registrada en casi todos los países. Naturalmente, esta característica común de la crisis se vive con variada intensidad por cada una de las economías nacionales. Tratar de comprobar en qué medida este rasgo de la crisis económica ha marcado a nuestra economía constituye el propósito del siguiente trabajo, escrito por el equipo de coyuntura económica que dirige el profesor y que integran los profesores Lagares Calvo y Raymond Bará y los economistas Julio Alcaide Inchausti, José García López y Miguel Valle Garagorri.
Inflación de costes más demanda débil producen una caída de los excedentes empresariales. Quizá pocas afirmaciones resuman mejor la crisis económica que vivimos como esa igualdad de dos sumandos con la caída de los excedentes. La inflación de costes está presente en todas las economías y su intensidad marca la propia gravedad y dimensión de la crisis. La totalidad de las partidas de coste han aumentado considerablemente su importe en la crisis: las materias primas, con el despegue espectacular de la energía, los costes del trabajo (salarios, cuotas de la seguridad social), los costes financieros, los gastos generales, en fin. La presión ejercida sobre las diferentes rúbricas de los costes de la empresa se ha convertido en el rasgo más familiar del comportamiento crítico de las distintas sociedades. Presión, se afirma, porque el mayor coste registrado en cada partida del presupuesto de las empresas no es un aumento mecánico y objetivo, sino una elevación exigida por el grupo social que la percibe con el doble e irrenunciable propósito de anticiparse y vencer a la inflación esperada y asegurar así la mejora de su nivel de vida. El proceso de negociación de las distintas rentas en el enrarecido clima inflacionista de las sociedades actuales se realiza, según ha afirmado recientemente Jean Fourastié, con un claro sentido de reivindicación, esto es, como una reclamación -entre impaciente y agitada- de un nivel de vida mejor. Una reclamación que ha ido perfeccionando sus técnicas con el transcurso del tiempo, utilizando las ventajas sociales y económicas ya conquistadas -el nivel de renta alcanzado, las prestaciones y garantías del futuro, la seguridad en el empleo, las disposiciones políticas y constitucionales- y aplicando métodos y procedimientos experimentados para lograr, mediante la conquista del poder del mercado y/o por contestaciones programadas de la paz civil -si fuera necesario-, el aumento pretendido de las rentas.Esa presión reivindicativa ejercida sobre el proceso de creación y distribución de la renta nacional, apoyada técnicamente y realizada con métodos social y políticamente eficaces, ha resultado muy difícil de contrarrestar y ha terminado afectando a los costes de las empresas. La inflación de costes empresariales, empujada por esta presión de las rentas, es hoy un proceso abierto que padecen todos los países, como prueba concluyentemente cualquier observación -por superficial que sea- de la realidad económica.
Ahora bien, este crecimiento generalizado de costes empresariales -cuyas dimensiones se corresponden con el grado de inflación de cada economía nacional, del que se alimentan y al que aceleran- no se presenta solo. Una demanda débil en los distintos mercados es su inevitable acompañante. Inflación de costes y demanda débil constituyen una combinación característica de la crisis actual. Tres son las causas fundamentales de esta debilidad de la demanda: 1) el efecto depresivo que ocasionan a las economías mal dotadas de energía y materias primas, las alzas drásticas y continuadas de los precios de estos productos; 2) la inevitable aplicación de políticas de signo estabilizador presupuestarias y monetarias puestas, finalmente, en funcionamiento para evitar los desastrosos efectos -económicos, sociales y políticos- de una inflación aguda y continuada, y 3) la competencia realizada por los distintos países en los mercados internos e internacionales en condiciones cada vez más difíciles de sostener y ganar por las empresas nacionales.
La conjunción de una inflación de costes (profundamente arraigada en los deseos y en la voluntad de los grupos sociales por rentas mayores que respondan a sus expectativas de creciente nivel de vida) y una demanda debilitada (por los datos mismos de la crisis -elevaciones drásticas de los precios de la energía y materias primas- por la competencia de otros países y por la convicción de quienes dirigen la política económica occidental sobre los males graves de la inflación) tiene una clara consecuencia: dificultar que la inflación de costes que padecen las empresas se convierta en inflación de precios, ya que los distintos mercados no consienten, por su manifiesta debilidad y aguda competencia, cargar precios mayores y trasladar así plenamente las alzas de costes. La inflación de costes terminará alterando por esta vía la distribución de la renta, pues, la imposibilidad de repercutir totalmente los mayores costes directos sobre los precios de los distintos productos conduce a una erosión de los excedentes de las empresas. Lo que se paga por mayores rentas beneficiará a éstas a costa de los excedentes empresariales.
Esta secuencia. de acontecimientos, asociada a la inflación actual, es nueva y se corresponde con sus características y origen. Tradicionalmente, se ha pensado -y son no pocos los que, con grave error, continúan haciéndolo- que la inflación redistribuía la renta en favor de los beneficios y en contra de los salarios. Esa creencia descansa sobre la hipótesis falsa de que un aumento de precios no genera respuesta alguna de los trabajadores para alterar la distribución de la renta a su favor y que las empresas pueden trasladar a los distintos mercados plenamente todos sus aumentos de costes. Ninguna de estas afirmaciones es hoy válida: los salarios están indiciados -cuando no sobreindiciados- en los distintos países y las empresas no pueden repercutir todos los aumentos de sus costes sobre los precios de manera inmediata, ya que lo impide la debilidad de la demanda en los distintos mercados y las normas vigentes de fijación de precios.
La infiacién de costes: un mecanismo ineficiente para distribuir la renta
La inflación de costes producida en un contexto de demanda débil constituye un medio beligerante que altera las pautas de la distribución de la renta en contra de los excedentes empresariales. Tratar de conseguir una mejora en la distribución de la renta por reivindicaciones de ma-vores rentas -que se convierten en inflación de costesequivale a sancionar un mecanismo distributivo inefecíente que produce una copiosa cadena de nocivos efectos.
Concretemos algunos de esos efectos:
1. La debilidad de las empresas, que difícilmente podrán ser instituciones competitivas y dinámicas para desarrollar la producción y la renta. Menos excedentes empresariales equivale, en efecto, a mayores dificultades de ahorro empresarial y a disminuir, en consecuencia, las posibilidades de desarrollo y expansión de la empresa.
La caída de los excedentes tiene también consecuencias importantes sobre las oportunidades y sobre el coste de la financiación empresarial. Un menor excedente equivale a disminuir la distribución de beneficios y a confesar la caída en la rentabilidad del capital. Ambas consecuencias se acusarán sobre las cotizaciones de los valores de las sociedades. No es un hecho casual que las cotizaciones del mercado de valores se hayan derrumbado coincidiendo con la crisis de los excedentes de las empresas. En la medida en que esto sucede, las posibilidades de financiación de la empresa a través del mercado de capitales se ven seriamente disminuidas, debiendo buscarse otro camino alternativo. Este dificilmente podrá ser el de la autofinanciación, que ha de estar alimentada por los excedentes que se han visto disminuidos. No quedan otras soluciones que la emisión de obligaciones o el crédito, y ambas son -en etapas de inflación aguda- alternativas muy caras para la empresa y no igualmente accesibles para todas. Este problema de la financiación de la empresa adquiere especial prioridad en aquellos países que, como España e Italia, se apoyan en un fuerte endeudamiento para financiar las actividades de las empresas. Es bien sabido, en efecto, que los fondos ajenos a corto plazo tienen una importancia decisiva en la financiación empresarial en España, situándose como promedio en tomo al 30%, y fondos a los que se añaden los ajenos a medio plazo, situados en tomo al 15%. La suma de este endeudamiento se ha situado en España por encima siempre de los fondos propios de la empresa. La existencia de excedentes permite atender con facilidad al coste de la deuda, pero cuando éstos disminuyen y debe forzarse aún más el endeudamiento empresarial, se suscitan graves problemas de coste por un lado y de liquidez por otro, dado que el endeudamiento ajeno exige la creación de los fondos de previsión necesarios para el pago de los intereses, sometiendo a la empresa a una rigidez considerable en sus compromisos de financiación.
2. Es evidente, por otra parte, que una inadecuada canalización de los deseos de una distribución de las rentas a través de la presión salarial, al elevar los costes de trabajo, reduce la ventaja comparativa de los productos nacionales en el mercado exterior y dificulta la colocación de las exportaciones. De esta manera, se agudizan los problemas de desequilibrio de las balanzas de pagos de las distintas economías que han discurrido paralelamente a la caída de los excedentes empresariales.
3. La presión alcista sobre las rentas de trabajo y la elevación consiguiente de sus costes fuerzan a las empresas -para mantener sus excedentes- a sustituir, en la medida de sus posibilidades, trabajo por capital. Sustitución que será tanto más urgente en cuanto que los costes de trabajo aumenten con mayor intensidad y mayor sea la rigidez de empleo. Es claro que este efecto se ha producido durante la crisis actual con especial intensidad, ya que incluso en años con tasas de inversión negativas el empresario ha buscado la inversión sustitutiva del empleo de mano de obra, y esa búsqueda ha figurado a la cabeza de las estrategias empresariales para disminuir sus costes y salvar sus excedentes.
4. La caída de excedentes ha afectado con desigualdad al conjunto de las empresas de un país. Pero ha tenido especial incidencia en el sector de las empresas públicas, y ello por dos motivos: en primer lugar, porque la cuantía de excedentes para muchas empresas privadas no ha registrado sólo una caída, sino los números rojos reiterados que han llevado a plantear su desaparición final. Al llegar esta circunstancia, el deseo de mantener las cifras de empleo ofrecido por estas empresas en crisis les ha concedido las credenciales necesarias para entrar en el campo de la empresa pública, contribuyendo así a elevar la considerable cifra total de números rojos con que este sector liquida hoy sus ejercicios en la mayor parte de las economías. Por otra parte, las propias empresas públicas existentes cuentan aún con mayores dificultades para trasladar sus elevaciones de coste sobre los precios que las empresas privadas. La índole de los bienes o servicios producidos por las empresas públicas, y el criterio para la fijación de sus precios, las obliga con frecuencia a incurrir en déficit mayores de los que caracterizan a la empresa privada.
5. Un efecto importante ocasionado por la caída de los excedentes empresariales es el del aumento de las ayudas públicas a través de transferencias de uno u otro signo realizadas a partir del Presupuesto del Estado. Para dar continuidad a las actividades productivas y mantener las cifras de empleo, el Presupuesto ha debido de ampliar
Crisis económica, distribución de la renta y caída del excedente empresarial
sustancialmente la cuantía de sus dotaciones, contribuyendo así a extender esa epidemia de nuestro tiempo que es el déficit.La importancia de los efectos anteriores muestra con toda claridad que la elevación de costes es un mecanismo distributivo ineficiente de la renta. La política de la distribución equitativa de la renta nacional no debe plantearse en absoluto en el campo de la distribución funcional de la renta, sino en el de la distribución personal. Es ésta una vieja verdad que los economistas han reiterado desde hace muchos años sin encontrar el eco debido en los comportamientos de los distintos grupos sociales. Como afirmaba concluyentemente el informe anual del Banco de España de 1975, «cabe albergar dudas muy profundas sobre la posibilidad de introducir importantes variaciones en la distribución de la renta en períodos breves a través de las alzas de salarios. Hay un límite a la posible compresión a corto plazo del tipo de beneficio a través de las alzas de salarios en una economía -límite excedido, sin duda, en España durante los últimos tiempos- Alcanzado ese límite, o el tipo de beneficio se normaliza a través de las alzas de precios -y, en ese caso, la redistribución de la renta vía salarios se deshace-, o el mantenimiento de la depresión del tipo de beneficio- se traduce en una detención de las inversiones y en la aparición masiva del paro. El logro efectivo de una mejor distribución de la renta y de la riqueza hay que buscarlo por vías distintas y menos perturbadoras que las alzas intensas de salarios: reforma fiscal, ampliación y reestructuración del gasto público y presión a la baja sobre el tipo de beneficio "normal" de numerosos sectores que viven amparados por el proteccionismo y las intervenciones generadoras de ineficacia».
Ello quiere decir que la situación crítica actual reclama -como política prioritaria- una moderación en el crecimiento de las rentas que desacelere el subsiguiente incremento de los costes, causante último de la perturbación en el proceso de distribución de la renta y de la caída de los excedentes empresariales y de los efectos subsiguientes a la pérdida de vitalidad y dinamismo de las empresas.
Es evidente que España no ha sido una excepción a la norma general de la erosión del excedente durante la etapa de la crisis. Si acudimos a los datos disponibles y contemplamos,la distribución del producto interior bruto al coste de los factores, pueden distinguirse dos etapas claramente diferenciadas: la que va hasta 1977 y la que se inicia a partir de dicho año hasta el momento actual.
¿Qué ha sucedido en España con los excedentes empresariales?
Según los datos de Contabilidad Nacional de España, el excedente bruto de explotación se situaba en 1965 en el 51,8%, descendiendo hasta el 44,7% en 1974, y al 42,5 % en 1977. Hubo, por tanto, un proceso de redistribución a favor de la remuneración del trabajo cuya participación para iguales años pasó del 48,2 %, en 1965, al 55,3 %, en 1974, y al 57,5 %, en 1977.
Es preciso afirmar que esa mayor participación de las rentas de trabajo en el PIB se debió más al crecimiento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social que al incremento de los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios, excluidas cotizaciones sociales, pasaron de una participación del 41,9%, en 1965, al 45,4%, en 1974, y 45,1%, en 1977. El cambio en la participación entre 1965 y 1974 se debe fundamentalmente al experimentado por la estructura de la población ocupada asalariada, que en dichos años pasó del 63,1% en empleos asalariados, en 1965, al 70,1%, en 1974. Las cotizaciones sociales han progresado sustancialmente, ya que, según los datos de la Contabilidad Nacional en 1965, representaban el 6,3% del PIB, para situarse en el 9,9% en 1974, y en el 12,4%, en 1977. La participación de las cuotas de la Seguridad Social se han duplicado en una década. Evaluar si tal coste se ha visto compensado por un bienestar social equivalente no es tarea fácil ni propósito de este trabajo; pero la insatisfacción de la sociedad española frente a los servicios y transferencias prestados por la Seguridad Social indican la existencia de defectos perceptibles en la prestación de los servicios y, desde luego, en su financiación. Sobre esto existe un extendido acuerdo entre los economistas de todas las tendencias e ideologías políticas. La financiación de la Seguridad Social, al elevar el coste de trabajo, ocasiona un conjunto de efectos negativos que fueron reconocidos con toda claridad en los acuerdos de la Moncloa, en los que se sentó el principio, hoy en trance de cumplimiento, de programar eficientemente la participación estatal en la financiación de la Seguridad Social para tratar de evitar los efectos adversos que sobre el empleo se siguen del encarecimiento relativo del factor trabajo, a consecuencia del pago de las cuotas establecidas sobre el empleo y las nóminas.
A partir de 1977 se inicia un cambio que detiene la constante caída del excedente que había prevalecido en años anteriores. ¿En qué grado ha tenido lugar este cambio en la tendencia decreciente de los excedentes? es una pregunta más dificil de contestar, ya que, en efecto, para los años 1978 y 1979 no se dispone de información estadística concluyente sobre la distribución funcional de la renta y el excedente de explotación. En 1978 el PIB creció el 24% y, según los datos disponibles, parece que la remuneración del trabajo creció algo menos (23,7%), como consecuencia de un aumento de los sueldos y salarios del 23,4% y de las cotizaciones sociales del 24,8%. Todo ello supone que el excedente bruto de explotación creciera ligeramente por encima del PIB (24,5%). En 1979 la dificultad para evaluar el crecimiento del coste salarial y, consecuentemente, del excedente de explotación, es mayor. El Ministerio de Trabajo ha evaluado el crecimiento medio por persona de los salarios sujetos a convenio en el 14,5%. Por su parte, el INE sitúa en el 24,6% el crecimiento de las ganancias por hora trabajada en los diez primeros meses de 1979, frente a igual período de 1978. Los salarios agrícolas por jornada de trabajo aumentaron el 18%, según los datos del Ministerio de Agricultura. Teniendo en cuenta que la reducción de horas trabajadas por persona se sitúa en el 2% y que la población bcupada descendió también el 2%, resultaría que la masa salarial para el colectivo contemplado por la estadística de salarios del INE (industria y algunos servicios) habría crecido el 19,8%, mientras que, según los datos de convenios, se situaría en el 12,3%. Discrepancia de más de siete puntos que parece excesiva si se atribuye totalmente a aumentos superiores a los del convenio para rentas de trabajo fijadas libremente. Teniendo en cuenta el crecimiento de los sueldos y salarios en las administraciones públicas y en la agricultura, podría estimarse para 1979 crecimientos de los sueldos y salarios netos por encima de los datos de la estadística de convenios, aunque por debajo de las cifras resultantes de la estadística de salarios del INE.
La incertidumbre que se deduce de una interpretación tan dispar en el comportamiento de los salarios en 1979 exigiría que el Ministerio de Trabajo y el INE revisaran detenidamente sus antecedentes y trataran de ofrecer el crecimiento probable de los salarios en dicho año y en qué situación relativa quedaría, por tanto, la participación del factor trabajo y del excedente empresarial en el PIB.
El crecimiento del PIB para 1979 ha sido estimado en el 17,6% derivado de un aumento del 1,6% a precios constantes y del 15,7% de los precios implícitos. En la medida en que las rentas de trabajo, incluida Seguridad Social, hubiesen crecido menos del 17,6%, la participación del excedente de explotación se habría visto incrementada. Partiendo del crecimiento salarial incorporado a la contratación colectiva, del mayor incremento en las cuotas de Seguridad Social y del alza de los salarios agrícolas y de los funcionarios públicos, no parece que el crecimiento de las rentas salariales en 1979 sea inferior al 16%, lo que explicaría crecimiento con tasa superior del excedente de explotación.
El contenido del excedente bruto de explotación
El concepto de la contabilidad nacional de excedente bruto de explotación de las empresas agrega -en un solo conjunto- una serie de rendimientos heterogéneos, pues, en efecto, en él se incluyen las rentas mixtas de agricultores, comerciantes, pequeños empresarios y profesionales libres; las rentas puras de capital (intereses, dividendos y alquileres) y los beneficios no distribuidos de las sociedades y empresas, después del pago de impuestos. Los análisis realizados por el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao sobre la Renta Nacional de España y su distribución provincial permiten desglosar este contenido heterogéneo. Si a ellos se atiende se comprueba que las rentas agrícolas perdieron importancia entre 1974 y 1978, pasando a representar el 5,3% del PIB frente al 5,8% de 1974. Mientras eso ocurría, las rentas mixtas, procedentes del capital y trabajo, asignadas a comerciantes, empresarios individuales, profesionales libres y propiedad de viviendas, muestran una participación poco evolucionada (18,3% en 1974 y 18,7% en 1978).
Las rentas puras de capital (dividendos e intereses) y el beneficio no distribuido de las empresas y sociedades constituyeron el factor perdedor más afectado en el proceso de corrección del esquema de distribución factorial de la renta española. Según los datos aludidos, el excedente de las empresas y sociedades antes de la distribución de dividendos y después del pago de los impuestos equivalía al 8,5% del PIB en 1974, rebajándose hasta el 5,9% en 1977. A partir de este año la situación se consolida, incorporando una leve recuperación al pasar al 6,1 % y 6,3% en las estimaciones de 1978 y 1979.
Los problemas de la economia española
Las cifras anteriores permiten comprobar que la distribución de la producción en España durante la crisis se ha visto afectada de forma importante por la inflación de rentas y de costes. Las empresas no han podido trasladar sobre los precios el crecimiento de las rentas pagadas a los factores de producción (fundamentalmente al trabajo) y ello ha ocasionado una clara erosión en el excedente empresarial, del que inevitablemente se han seguido el conjunto de adversos efectos que acompañan a una alteración de la distribución de la renta de esta naturaleza. Es obvio que el tratamiento de este problema requiere definir y aplicar una política de wioderación de los costes de trabajo que reduzca el grado de inflación de la economía y desplace el escenario en el que ha de decidirse la distribución del producto al campo concreto que le es propio, esto es, a la distribución personal, empleando en él los instrumentos eficaces (impuestos y gastos públicos, generalización del sistema de competencia en los mercados), huyendo de plantear la distribución de la renta por el camino ineficiente y perturbador de las elevaciones salariales, extremo que tanto perjudica a los excedentes y al fortalecimiento y capacidad de las empresas para competir y desarrollarse creando ocupaciones y asegurando el crecimiento de la riqueza y de la renta nacionales.
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