Piden el pase a los tribunales civiles de la causa contra Mario Onaindía
En contestación a las declaraciones hechas por el fiscal general del Estado, Juan Manuel Fanjul Sedeño, en el sentido de que hasta el jueves no se había presentado en la fiscalía ninguna solicitud para que el consejo de guerra contra Mario Onaindía quede suspendido y pase el sumario a la jurisdicción civil, el abogado del secretario general de ElA, Juan María Bandrés, hizo ayer pública una nota en la que señala que se ha dirigido formalmente a la autoridad militar para solicitar la no celebración del juicio y su inhibición en favor de la jurisdicción ordinaria.«Conforme a lo que dispone el artículo 26 de la ley de Enjuiciamiento Criminal», afirma en su escrito el señor Bandrés, «las cuestiones de competencia se pueden promover por inhibitoria o por declinatoria. La primera se propone ante el tribunal que se repute competente, y la segunda, ante el que se estime incompetente. El uso de uno de estos medios excluye absolutamente el del otro. Esta defensa eligió el procedimiento de discutir la competencia de la jurisdicción militar mediante declinatoria, y en tal sentido se ha dirigido mediante dos escritos a la jurisdicción militar. Instando a la suspensión del juicio y su inhibición en favor de la jurisdicción ordinaria.»
Señala el abogado de Mario Onaindía, el diputado Juan María Bandrés, que el sistema legal utilizado no excluye el que personalidades del Estado y un grupo de prestigiosos abogados del Colegio de Madrid se hayan dirigido de palabra y por escrito al fiscal general del Estado pidiendo actúe de oficio «para impedir», dice el escrito. «la flagrante vulneración de la legalidad actual que supondría la continuación de este procedimiento por la jurisdicción militar».
Al hablar de «un grupo de prestigiosos abogados del Colegio de Madrid» se refiere, sin duda, el señor Bandrés a los abogados Joaquín Ruiz-Giménez, Paca Sauquillo, José María Mohedano y el resto de los componentes del ya extinguido comité pro liberación de Javier Rupérez, que, según supo ayer EL PAIS, realizan activas gestiones cerca del Gobierno y del fiscal general del Estado para que quede paralizado el juicio contra Mario Onaindía y pase el sumario a la jurisdicción civil.
Los miembros del citado comité -al que se ha unido José María Rupérez- encabezan una larga lista de personalidades en la que, entre otros, se incluyen los nombres de Gregorio Peces-Barba y Txiki Benegas (PSOE), Santiago Carrillo y Ramón Tamames (PCE), Fernando Sagaseta (UPC), Miguel Angel Arredonda (PSA) y Josep Benet, que, en un escrito que hizo público en la noche del jueves Euskadiko Ezkerra, afirman que el consejo de guerra contra Mario Onaindía «atenta contra la libertad de expresión y contra la unidad de jurisdicción garantizadas en la Constitución y en la ley 62/1978 sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona». y piden el traslado del sumario a los tribunales civiles. También el PNV se ha sumado a esta petición.
Se tiene la impresión en medios políticos vascos que el consejo de guerra previsto para la mañana del lunes próximo en el cuartel de Loyola, de San Sebastián, no llegará a celebrarse.
