El rectorado de la Complutense clausura el Colegio Mayor José Antonio
Los 130 alumnos del Colegio Mayor José Antonio se han encontrado a la vuelta de las vacaciones con que, excepto la luz y el teléfono, no disponen de ningún servicio. El hecho obedece a que el pasado día 4 recibieron en sus domicilios un telegrama del rectorado, en el que se les comunicaba que, en un plazo de veinticuatro horas, debían abandonar el centro, ya que éste será destinado a nueva sede del rectorado de la Universidad Complutense. La respuesta de los colegiales ha sido permanecer en sus habitaciones y resistir hasta que finalice el curso.
La decisión de cerrar el colegio es producto de una reunión celebrada el 21 de diciembre entre el delegado provincial de Hacienda y un representante del Ministerio de Universidades, que decidieron transferir la propiedad del colegio desde la extinguida Secretaría Provincial del Movimiento al Ministerio de Universidades. Una vez recibida esta propiedad, el rector de la Complutense, Angel Vián Ortuño, decide que la sede idónea del rectorado es precisamente el edificio en el que está instalado el colegio José Antonio.Los alumnos, que tienen contrato para permanecer en el colegio desde octubre hasta el 30 de junio, se enteran de todo esto por un telegrama recibido en sus domicilios familiares el pasado día 4. Se les dice que a la vuelta recojan sus cosas y se trasladen al colegio mayor que prefieran, ya que, al parecer, casi todos estos centros están sobrantes de plazas.Sin embargo, los alumnos no están dispuestos a romper el ritmo del curso a la mitad, cuando precisamente a la vuelta tienen numerosos exámenes a los que enfrentarse. No obstante, la decisión del rectorado parece clara. Se cesa al director, y Bartolomé Sanz, director de colegios mayores de la Universidad Complutense, se instala en el centro para encargarse de que todos los alumnos vayan desalojando. Para ello ordena que no se encienda la calefacción ni se sirvan comidas. Los únicos servicios que quedan son el teléfono y la luz.
Según van llegando los alumnos, todos con la intención de no trasladarse, deciden -la noche del lunes poner una denuncia contra el director, Bartolomé Sanz, por supuesto delito de coacción. La denuncia la realizan en el juzgado de guardia, y la firman sesenta colegiales.
Paralelamente envían telegramas al Rey, a los grupos parlamentarios y una larga lista de organismos en la que plantean el caso. A nivel interno, diferentes grupos se encargan de conseguir comida y estufas para que el frío y el hambre no les impida estudiar.
Ayer, los colegiales intentaban por todos los medios que el colegio siguiera funcionando como tal. El antiguo director estuvo con los alumnos prácticamente todo el día. Respecto al nuevo, Bartolomé Sanz, tras recibir a una redactora de EL PAIS en su despacho, dijo que allí no pasaba nada digno de ser contado a la prensa, y que si se publicaba la versión de los alumnos, él se limitaría a enviar una carta de réplica.
Amenaza de expedientes
El Colegio Mayor José Antonio fue construido por Falange y entregado al SEU. Hasta 1958 desfilaron por sus dependencias alumnos de claras tendencias falangistas. Sin embargo, a partir de esta fecha, el círculo se fue abriendo, y actualmente -según aseguran los alumnos- el colegio no tiene nada que ver con sus fundadores. Por allí pasaron desde Marcelo Arroitia Jáuregui, Ignacio García o Muñoz Alonso, hasta Gabriel Cisneros, Josep Meliá o González Seara. Sin embargo, la mayoría del alumnado actual procede de clase media de provincias. «Nos consta», explican los alumnos, «que uno de los argumentos que el rectorado esgrime para cerrar el colegio es que esto es un reducto fascista, y no hay nada más lejos de la realidad.»La única respuesta y explicación del rectorado a la resistencia de los estudiantes a trasladarse es una nota, recibida poco antes de las nueve de la noche de ayer, en la que se dice que a fin de cumplimentar el acuerdo de la junta de gobierno de la Universidad, en el caso de que a las doce de la mañana de hoy los colegiales no hayan abandonado el centro, serán expedientados académicamente de manera individual, y que se comunicará al juzgado de guardia que el edificio, propiedad del Estado, ha sido ocupado de manera indebida.
