Dos años para su elaboración y debate

Con la remisión al Congreso del proyecto de nuevo Código Penal, la ponencia encargada de redactarlo en el seno de la Comisión General de Codificación ha dado fin a dos años de trabajo, en el que han participado miembros de la magistratura, de la abogacía y de la universidad españolas, así como representantes de las diversas tendencias penalistas y aun ideológicas actualmente existentes en el ámbito del derecho.Los trabajos de redacción del nuevo Código Penal, por el que se adapta y actualiza el arsenal punitivo de la sociedad española, de acuerdo con las exigencias sociales, científicas, jurídicas y políticas del régimen democrático vigente, comenzaron a finales del año 1977, con el nombramiento de la ponencia especial encargada de redactar el anteproyecto, formada por los catedráticos de Derecho Penal Gonzalo Rodríguez Mourullo y Enrique Gimbernat; por el fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde Pumpido, y por el actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Fernando Díaz Palos.

La ponencia finalizó la primera elaboración del anteproyecto en abril de 1978 y el Consejo de Ministros aprobó las líneas generales del mismo en junio siguiente. En septiembre de 1978 se inició la discusión abierta del texto en la sección penal de la Comisión General de Codificación, de la que forman parte conocidos penalistas representantes de las diversas instancias jurídicas del país (magistratura, fiscalía, abogacía, facultades de Derecho, etcétera).

La discusión del anteproyecto en el seno de la Comisión General de Codificación se prolongó hasta febrero de 1979. En el mes siguiente se entregó el texto al entonces ministro de Justicia, Landelino Lavilla, quien lo sometió a reelaboración por parte de su departamento.

El anteproyecto fue remitido en los meses de julio y agosto pasados a los distintos ministerios, para que alegaran lo que creyeran pertinente sobre los aspectos que inciden en las materias de su competencia. En septiembre pasado, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, pero recomendó ciertas modificaciones, tarea que se ha efectuado en las últimas semanas.

La elaboración del proyecto de nuevo Código Penal ha sido sometida a diversas críticas, unas sobre la forma y otras sobre su contenido, muchas de las cuales se hicieron públicas en los coloquios sobre « La reforma del Código Penal» organizados el mes de noviembre pasado por el Colegio de Abogados de Madrid. En aquellos coloquios se alegó, como elemento negativo en la elaboración del anteproyecto, la falta de consulta a organismos técnicos tales como las facultades de Derecho, los colegios de abogados y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

A esta crítica responden medios próximos al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Estado para el Desarrollo Constitucional consultados por EL PAÍS que en la elaboración y discusión del anteproyecto han participado miembros destacados de los citados organismos y que, si no ha habido una consulta formal a estos organismos en cuanto tales, se debe a que el régimen político español ya no es corporativista, sino democrático. Los mismos medios oficiales responden a la crítica sobre el supuesto pacto que habría estado en el origen del nuevo Código Penal que si tal crítica se refiere a un pacto político con los grupos políticos parlamentarios es absolutamente falsa y errónea, aunque se ha procurado que el nuevo texto punitivo sea admitido por la mayor parte de la sociedad española y pueda ser aprobado por la mayoría de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento.