La Administración estudia la reestructuración del olivar
La Administración estudia en la actualidad un plan de reestructuración del olivar, para ejecutar en un período de diez años, a partir de 1980, con una inversión próxima a los 27.000 millones de pesetas, según informa Europa Press, que cita fuentes bien informadas. La principal medida del plan de reestructuración consiste en la plantación de olivares, lo que su pone el arranque previo del arbolado existente, que se caracteriza fundamentales por su antigüedad. Las mejoras proyectadas afectarían 247.000 hectáreas de olivar especializado y a una importante cifra de hectáreas de olivar menos favorecido.
El plan, que se negociaría con las asociaciones profesionales para tener garantías de aceptación por el sector privado, pretende también una reducción de las cuotas impositivas y una acción respecto a los precios en línea con los criterios de los reglamentos agrícolas de la Comunidad Económica Europea.
Las cifras presupuestadas en principio son 15.750 millones de pesetas para el olivar especializado, 5.292 millones para el olivar menos favorecido y 6.225 millones para ayudas genéricas al olivar. La cifra total incluye 8.355 millones de pesetas para subvenciones y 17.089 millones para créditos.
Regulada la campaña olivarera
El precio total para el agricultor del aceite de oliva virgen de medio a un grado ha quedado fijado en veintitrés pesetas el kilo para la campaña 1979-1980, según publica en su número de ayer el Boletín Oficial del Estado. La campaña, que comprende el período de 1 de noviembre de 1979 a 31 de octubre de 1980, y el citado precio, base de garantía sobre centros de recepción, se compone de dieciséis pesetas como precio de garantía y siete pesetas de subvención directa. El real decreto que regula la campaña olivarera dispone, en su artículo primero, que la aceituna de almazara, el orujo de aceituna, los aceite! de oliva y los aceites de orujo de aceituna de producción nacional tendrán libertad de comercio y circulación. El real decreto, que contempla las medidas de orientación al consumo de los productos, adelanta que el precio de venta al público del aceite de soja lo fijará el Gobierno en relación con el aceite de oliva y sus adjudicaciones quedarán limitadas a un máximo de 25.000 toneladas trimestrales.
