Guadalajara se opone a ser "invadida" por Madrid
Las medidas urgentes sobre urbanismo, aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalajara, con las que socialistas y comunistas proponen detener el grave deterioro urbanístico y la especulación del suelo que sufre la ciudad, están siendo severamente contestadas por parte del «ayuntamiento paralelo» de UCD, y asociaciones como la de empresarios de la construcción, Cámara de Comercio o Colegio de Arquitectos.
Hay que recordar que Guadalajara constituye uno de los cascos urbanos más destrozados de España, y que cada día es mayor su importancia como «pulmón» de descongestión de Madrid. El arquitecto y urbanista Fernando Chueca ha calificado de "gravísimo» este deterioro urbanístico, con un índice de «diez» el máximo, junto con Albacete, Ciudad Real y Soria.Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha apresurado a adoptar una serie de medidas que eviten el que se agrave la situación urbanística, en tanto no se apruebe el definitivo Plan General de ordenación Urbana de Guadalajara, cosa que tardará todavía un año, más o menos.
A pesar de ello, han sido presentadas diecinueve alegaciones en las que se denuncian las deficiencias de tipo jurídico, técnico y socioeconómico de las medidas urgentes y transitorias. Por su parte, el Colegio de Arquitectos, aun cuando se manifiesta solidario con la «exposición de motivos y fijación de objetivos a conseguir», se califican estas medidas de «inadecuadas», «distorsionantes» y «poco operativas», «debido quizá a una insuficiente profundización en la realidad urbana». Por otro lado, aseguran que «si se tienen en cuenta anteriores acuerdos municipales en materia urbanística para determinadas zonas -suspensión de licencias de derribo en el casco antiguo y suspensión total de licencias en los barrios de El Alamín y Estación-, el resultado final parece ser la casi total suspensión de licencias bn el término municipal».
UCD se ocupa del paro
En cuanto a los aspectos socio-económicos de estas medidas, fuentes del comité local de UCD han manifestado que «la suspensión de licencias lleva ineludiblemente acarreado un incremento muy notable del nivel de paro en la ciudad». «Asimismo», agregan, «ocasionará tensiones inflacionistas en el sector de la vivienda, con el siguiente encarecimiento de los costes de construción y, por ende, el de las viviendas.» «De igual modo se producirá una gran escasez de viviendas de régimen de arrendamiento, con la consiguiente subida de los precios de éstos, por la demanda que habrá de los mismos». «En suma», concluyen, «se frenará el desarrollo de Guadalajara durante un dilatado período de tiempo, disminuyendo el nivel de vida de la ciudad y produciéndose tensiones sociales derivadas de la gran masa de parados. »Por el contrario, fuentes del PSOE han manifestado que los primeros objetivos de estas medidas son: evitar la desaparición de equipamientos cívicos, mayor regulación y control de las licencias de edificación, proteger los actuales ambientes y tipologías evitar que se produzcan nuevos estrangulamientos de la ciudad y densificación excesiva de viviendas inadecuadas. A esto agregan que en la redacción de este plan de medidas urgentes han intervenido «asociaciones de vecinos partidos políticos, sindicatos, entidades públicas, colegios profesionales, e incluso todos los vecinos de la ciudad, a través de las reuniones actualmente en curso en todos los barrios».
Pero las tensiones han sobrepasado los límites de la vida política local, ya que la actitud del gobernador civil de Guadalajara de amenazar con suspender los acuerdos municipales referentes a estas normas, motivó una interpelación del alcalde y senador, Javier de Irízar, en el Pleno del Senado, el pasado 9 de octubre.
El gobernador civil, señor Domínguez, no ha suspendido los acuerdos, pero el ministro de Administración Territorial le ha confirmado sus poderes, amparado en la ley de Régimen Local del año 1955, ley que el senador Irízar calificaría de «incompatible» con el artículo 140 de la Constitución, por el que se garantiza la autonomía de los municipios y su personalidad jurídica plena y, por tanto, la ausencia de tutela jurídica de la Administración del Estado.
