Los socialistas compartirán la iniciativa legislativa para desarrollar la Constitución
El Gobierno permitirá a los socialistas compartir la iniciativa legislativa para el desarrollo de la Constitución. Así se desprende de la toma en consideración, aprobada ayer por el Pleno del Congreso, de una proposición de ley orgánica presentada por los socialistas para regular la institución del defensor del pueblo. El Congreso adoptó este acuerdo por 249 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
El diputado socialista Gregorio Peces-Barba se refirió en su intervención en defensa de la proposición de ley citada a la importancia que las funciones del defensor del pueblo -la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos- tiene para la democracia. Recordó las recientes palabras de don Juan Carlos en Estrasburgo, recogiendo una cita de Cervantes sobre la importancia de la libertad.Destacó también la eficacia del defensor del pueblo para la fiscalización de la Administración, que ha llevado a numerosos países, con instituciones jurídicas no homogéneas, a adoptar esta institución. Explicó el contenido de la proposición de ley socialista y concluyó asegurando que la aprobación de la misma significaría un progreso y la apertura de un puente a una nueva relación de confianza entre el ciudadano y el Estado, y en definitiva, a un acto de fe en la democracia.
En nombre del Gobierno, el portavoz centrista Antonio Jiménez Blanco aludió al carácter excepcional con que se aceptaba la tramitación de la propuesta socialista, a pesar de que la regulación del defensor del pueblo figura en el calendario de desarrollo constitucional fijado por el Gobierno.
En representación de Coalición Democrática, Manuel Fraga felicitó al PSOE y al señor Peces-Barba, aunque anunció propuestas de modificaciones amplias para mejorar la ley. El comunista Josep Solé Barberá expresó también su felicitación a los socialistas por el buen trabajo hecho en favor de la democracia y lamentó la ausencia del ministro de Justicia.
Otra proposición de ley socialista, cuyo objeto era la agilización de los trámites para los traslados de cadáveres, mediante la autorización de los alcaldes, fue retirada con base en la promesa centrista de que será modificada la ley de 1944 que todavía regula la Policía Sanitaria Mortuoria.
A continuación fue rechazada la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de Cataluña, encaminada a democratizar los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. La propuesta fue rechazada por 118 votos a favor, 145 en contra y catorce abstenciones. El diputado socialista Ernest Lluch defendió la proposición de ley de su grupo, que pretendía, entre otras cosas, que la asamblea general de las cajas de ahorro, integrada por un mínimo de 160 consejeros y un máximo de doscientos, estuviera constituida así: un 50% elegidos por los representantes de los ayuntamientos; un 10% nombrados entre los impositores de la caja; otro 10% nombrado por las juntas directivas de las organizaciones de la pequeña y mediana empresa; otro 10% por los órganos de dirección de los sindicatos de trabajadores, y un 5% en representación de colegios profesionales. También con un 5% de representación contarían las cooperativas, las entidades culturales y las asociaciones de vecinos.
Tras el rechazo de la proposición de ley, el socialista Luis Solana lamentó la pérdida de una ocasión para cumplir en parte el programa económico del Gobierno y se preguntó qué había detrás de la negativa de UCD a oír hablar de órganos de gestión de las cajas de ahorro. Aseguró que la democracia integral de estas instituciones, que detentan un gran poder, da miedo a algunos.
Por Coalición Democrática, Manuel Fraga señaló que el decreto regulador de las cajas de ahorro, obra de Fuentes Quintana, es similar al que hizo en su día el socialista Largo Caballero. Se opuso a la politización de las cajas de ahorro, mediante la presencia de representantes de los ayuntamientos y estimó inoportuna la propuesta.
La proposición de ley centrista sobre la modificación de los artículos 111 y 114 de la ley de Sociedades Anónimas tiene como objeto, entre otras cosas, aumentar la capacidad de las sociedades anónimas para allegar recursos de terceros. Su toma en consideración fue aprobada por 267 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Seguidamente, una moción defendida por el comunista Horacio Fernández Inguanzo sobre la necesidad de instrumentar un acuerdo entre la empresa Hunosa y sus trabajadores, como única solución para salir de la crisis en que se encuentra, fue rechazada por 32 votos a favor, 149 en contra y 83 abstenciones.
El señor Fraga (CD) entendió que la moción era intervencionista y politizadora, mientras que el centrista José María Martín Oviedo manifestó que se trataba de una vía anómala para obtener la sustitución del consejo de administración de Hunosa por un comité de gestión.
El señor Fernández Iguanzo insistió en que Hunosa se hunde por una política contraria a los intereses nacionales y que era precisa una corresponsabilización de los trabajadores en la gestión de la empresa.
