General Motors, interesada en cooperar con la industria aragonesa
En medio de una gran tormenta de indignación por las presuntas condiciones que la General Motors parece haber impuesto a la Administración española previamente a su instalación en Zaragoza (con una factoría susceptible de albergar en un principio a unos 7.000 trabajadores), los representantes de esta empresa se han mánifestado partidarios de abrir unos canales de colaboración con las industrias auxiliares del ramo del automóvil ubicadas en Zaragoza y su cinturón industrial.Esta solicitud de colaboración, formulada de momento en unos términos vagos, parece salir al paso de las especulaciones sobre las supuestas exigencias de la multinacional en materia de infraestructura industrial, redes de transporte, seguridades en lo laboral, que ya han podido ser planteadas a alto nivel en Madrid por la General Motors y sus representantes más cualificados de la capital de España. En esas supuestas exigencias quedaba muy reducida la posibilidad de colaboración constante de todas esas industrias metalúrgicas de Zaragoza, dedicadas, de manera preferente, a actividades auxiliares del ramo del automóvil.
Se da la circunstancia de que en este tipo de empresas (la mayoría catalogadas como «pequeñas» o «medianas») se está produciendo durante la presente temporada una notable recesión en sus carteras de pedidos, por lo que muchas de ellas atraviesan una situación angustiosa, que hace dudar sobre su continuidad en un plazo muy corto.
Un claro ejemplo de esta contracción del mercado lo constituye la empresa zaragozana Balay, que desde el 9 de julio último ha adoptado una serie de medidas, tales como la presentación de un expediente de regulación de empleo, al objeto de poder reducir la jornada laboral de ochocientos de sus trabajadores a dos días a la semana. También en Balay se ha decidido la supresión del turno de trabajo de noche, necesario en otros tiempos para atender las fuertes demandas motivadas principalmente en el mercado nacional de electrodomésticos, demandas que aportaban en el ejercicio anterior a esta firma unos beneficios considerados como «astronómicos» por fuentes laborales. La empresa tiene planteados también los cierres de sus centros fabriles en León, Cádiz y Málaga, donde venía manteniendo meras delegaciones.
Ante esta situación, el comité de empresa presentó hace unos días una denuncia criminal en el juzgado contra el director general y jefe de personal, por presunto delito social. Asimismo han planteado expediente de conflicto colectivo ante la Delegación de Trabajo.
Por su parte, la dirección de Balay manifestaba a EL PAÍS recientemente que «como responsable de la solvencia y rentabilidad de la empresa, única forma de que existan puestos de trabajo, la dirección debe en todo momento adoptar las medidas necesarias para reducir costes». Añaden también que «ha sido preciso reajustar los programas de producción, con objeto de no incrementar, sino reducir, los stocks».
