Rechazadas todas las enmiendas a la totalidad del proyecto gubernamental para RTVE

La Comisión de Cultura del Congreso aceptó ayer para su estudio el proyecto de estatuto jurídico de RTVE remitido por el Gobierno. La votación registró diecinueve votos a favor -CD y el Grupo Mixto se sumaron a los diecisiete votos de UCD-, dieciséis en contra -socialistas, comunistas, minorías Vasca y Catalana- y una abstención, la del grupo andalucista. La votación rechazaba así, al mismo tiempo, las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto del Gobierno por los grupos Socialistas del Congreso, Comunista, Nacionalista Vasco y Minoría Catalana, por las que se pedían su devolución y nueva redacción.

Pedro Bofill expuso, por Socialistas del Congreso, «el carácter autoritario y totalitario del proyecto con el que se intenta encubrir el control del Gobierno». Añadió que ya en RTVE se están aplicando algunas de las medidas del proyecto, como la desmembración de Estudios Roma y de la red técnica de difusión, que disponen en la actualidad de jefes de personal propios y de nóminas separadas.

Pilar Brabo, por el Grupo Comunista, afirmó que el proyecto «perpetúa la condición de RTVE como instrumento propagandístico del Gobierno» y deja intactos sus actuales sistemas de organización, hasta el punto de que el telespectador «no distingue tan siquiera la política de UCD de la del anterior régimen».

Tanto Pedro Bofill como Pilar Brabo criticaron el talante antidemocrático del proyecto, que se traduce en la escasa participación de los trabajadores, el poder unipersonal del director general, su vinculación y dependencia del Gobierno, el escaso control parlamentario, la no representación de la audiencia en los órganos de gestión, la creación de sociedades filiales -calificadas de innecesarias, de puerta abierta a la privatización e ingreso de intereses financieros y económicos privados en la Radiotelevisión estatal-, así como la no garantía del pluralismo.

Iñigo Aguirre, por los nacionalistas vascos: Ramón Sala, por la Minoría Catalana; y Rodolfo Guerra, por socialistas de Cataluña, criticaron en términos generales el proyecto y censuraron en particular el verticalismo de la estructura y los órganos de gestión y la escasa o nula transferencia a nacionalidades y regiones de canales de radio y televisión autónomos. Iñigo Aguirre comentó que «el proyecto sólo prevé unos espacios adecuados para los entes autonómicos, pero fijados según los criterios del director general nombrado por el Gobierno». Ramón Sala argumentó que más que un proyecto de ley para RTVE es un proyecto de ley para el Gobierno, y expresó «el más rotundo desacuerdo por las esperanzas puestas en terminar cuarenta años de holocausto cultural». José Antonio Maturana, por los socialistas de Euskadi, calificó de grotesca la sección tercera del proyecto, que se refiere a las comunidades autónomas.

Juan de Dios Heredia, por los socialistas del Congreso, dijo, en el turno de explicación de voto, que la televisión «no sólo tiene que ser demócrata, sino parecerlo». El señor De Dios Heredia afirmó que el proyecto es inaceptable; se refirió a la corrupción del medio y detalló la minuta de los honorarios pagados a un catedrático de Derecho Administrativo por la elaboración del proyecto de UCD. El diputado socialista exhibió una fotocopia en la que constaba que el jurista había percibido medio millón de pesetas, no con cargo al partido del Gobierno, sino abonadas por la Dirección General de RTVE y con el visto bueno del subdirector general de gestión económica-administrativa de RTVE.

Posteriormente se supo que el catedrático a quien se refiere el diputado socialista Juan de Dios Heredia es José Luis Villar Palasí, ex ministro de Educación.

Los diputados centristas Francisco Soler y José Miguel Bravo, defendieron en el turno a favor y en la explicación de voto el proyecto remitido por el Gobierno.