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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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En torno a la autonomía vasca

Senador del Partido Nacionalista Vasco

Qué duda cabe que el tema de la estructuración autonómica del Estado es una preocupación para todos: un tema no siempre bien comprendido.

Una de las causas del generalizado desconocimiento puede que radique en el hecho de que no han sido frecuentes las ocasiones en que voces nacionalistas vascas hayan expresado su opinión en los grandes medios de comunicación.

Lo cierto es que nos encontramos en fechas claves y me ha parecido que era un deber de responsabilidad ciudadana acogerme a esta tribuna de opinión, instrumento de mutua comprensión.

El techo constitucional

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El tema autonómico está siencio hoy reconducido a simplificaciones de las que nada bueno cabe augurar. Vive entre eslóganes emocionales.

Me voy a referir concretamente a uno de ellos, el «techo constitucional», cuya presencia se invoca como artilugio a utilizar para cercenar las aspiraciones autonómicas vascas.

Pero ¿quién sabe lo que es el techo constitucional?

Se dice que ese techo es el límite de lo permitido, y esto se asegura con tal rotundidad, que algunos han acabado pensando que el tal límite o techo es una barrera perfectamente definida constitucionalmente.

Examinemos un poco el texto de esta norma política.

La Constitución dice, por ejemplo, que se reconoce la libertad de empresa en la economía de mercado, al mismo tiempo que la planificación, en torno a la educación, la interpretación constitucional de UCD es radicalmente distinta a la del PSOE, operando ambos sobre el mismo texto; las solemnes declaraciones de los derechos fundamentales de las personas humanas y las libertades públicas se pueden venir abajo por la vía de un estado de excepción individualizado, que podría legitimar la creación, de hecho, de ciudadanos de segunda categoría; la tramitación sucesiva de los estatutos, prevista en la Constitución, se ha convertido en simultánea. La lista de contradicciones y oscuridades puede ser mucho más larga.

La Constitución es lo suficientemente ambigua como para saber que tendrá que ser interpretada por la andadura política (no por sofisticados juristas).

Si tuvieramos una dilatada jurisprudencia constitucional, o existieran prácticas elaboradas progresivamente, la interpretación sería más fácil, sin alcanzar nunca el rigor matemático que algunos pretenden. El Tribunal Supremo lleva casi un siglo interpretando el Código Civil, y todos sabemos las variaciones y contradicciones interpretativas que se dan en la jurisprudencia.

Hoy por hoy, la Constitución no tiene un año de vida: en España no hay ni prácticas, ni costumbres constitucionales, y me atrevería a decir que tampoco un equipo humano, teórico y práctico, habituado y experimentado en esta tarea.

Por ello no es ni razonable, ni útil, hablar de techo constitucional como si se tratara de una cuestión de límites geográficos, de un hecho físico, susceptible de ser medido o pesado.

Una buena parte de la Constitución v de los futuros estatutos quedarán desbordados por la dinámica de los hechos antes de cinco años. Si alguien pretendiera yugular su adaptabilidad ante los hechos del futuro, en aras de un obsesivo respeto a la literalidad de un texto, además de convertir la Constitución en ídolo momificado, obligaría a constantes reformas o, lo que es aún peor, a tirarla por la ventana, cosa que, con harta frecuencia, se ha hecho en España. De cara al futuro, tendrán que establecerse interpretaciones realistas y pragmáticas; empecemos a practicarlas desde hoy.

No puedo por menos de señalar que estoy persuadido de que los redactores del proyecto de Estatuto partieron de la Constitución, que interpretaron y desarrollaron, teniendo en cuenta, además, que importantes personalidades aseguraron públicamente que en la actual Constitución cabía una autonomía, cuando menos, igual a la de 1936.

Pero es,que, además, hay en este aspecto una cuestión que la praxis política exige no olvidar. La comunidad vasca no dio su visto bueno a la Constitución.

No me parece excesivamente inteligente, y creo que tampoco muy democrático, imponer interpretaciones rígidas a una comunidad autónoma en la que concurre esa singular y extraordinaria circunstancia.

Las leyes las interpretan y las aplican los hombres, y éstos responden diversamente, según sus estímulos ideológicos, instintos o egoísmos. Por ello, salvados los grandes principios, no veo por qué razón puedan violentarse las mayoritarias aspiraciones vascas mediante argucias legales.

Aprecio que, con frecuencia, se confuden dos cuestiones en materia de autonomías: su ámbito y su puesta en funcionamiento. Pretenden limitar aquél, reducir el programa autonómico, democráticamente elaborado por la mayoría del pueblo vasco, utilizando votos de otros pueblos o regiones, conducirá necesariamente a una espiral de incomprensión e insolidaridad.

Pero las aspiraciones autonomistas vascas (colo las de otros pueblos) no pueden ser interpretadas como una invitación a realizar un salto en el vacío. Quienes propugnamos amplias autonomías somos los más interesados en que los traspasos de poderes sean ágiles, ordenados y eficaces.

Intuyo a algún UCD conocido dispuesto a fulminar con rayos patrióticos a San Pablo, que tuvo la anticonstitucional ocurrencia de afirmar que «la letra mata y el espíritu vivifíca».

Una interpretación administrativista matará el Estatuto y la Constitución. Una interpretación política los vivificará.

Confío en que sea el espíritu el que prevalezca.

La violencia

Al redactarse estas líneas me había propuesto no referirme a ella, por una serie de razones.

He acabado teniendo el temor de que alguien saque Dios sabe qué conclusiones de un silencio.

Sin embargo, sólo me referiré a un aspecto que tampoco se distingue en los análisis de la violencia, mezclándolo con todos los demás en el mismo saco.

Tengo la sospecha de que hay una idea elemental Y, por tanto, básica. A mi juicio, una política supereficaz, lo más que puede hacer es detener a todos los terroristas, lo que no podrá nunca es encarcelar a las ideologías o a las personas que potencialmente puedan ser las sucesoras de aquéllos o futuros terroristas (esto ocurriría aunque se practique la «caza de brujas», que es otra forma de terrorismo).

El problema no quedará resuelto mientras circunstancias políticas, sociales, etcétera, propicien el que haya personas que consideren a la violencia como la única salida a sus ilusiones, porque, a su modo, también las tienen.

No tengo memoria de que se haya dado un solo paso para abordar este aspecto del problema, que es clave.

Las Fuerzas Armadas

Para algunos, la solución radica en la ocupación militar. Difícilmente se puede concebir mayor disparate.

El humorista Peridis se preguntaba hace pocas fechas si para resolver el tema de los vascones hay que mandar las legiones.

Para el Gobierno pudiera constituir una tentación. Halagaría intransigencias que le pueden resultar incómodas y trasladaría las responsabilidades a otras instancias.

¿Y después?

Sin recrearme en recordar las veces que las legiones han acudido a aquellas viejas tierras y el nulo resultado de sus acciones, sí será bueno no olvidar, una vez más, que las ideas ni se encarcelan, ni se matan: permanecen.

Más aún, una ocupación de esta naturaleza requiere dejar sin efecto derechos y libertades por los que tanto se ha luchado. No pasaría mucho tiempo sin que se produjeran situaciones contrarias a un desarrollo de los derechos hurnanos y sin que pagasen justos Por pecadores.

Una situación así no la toleraría ni el pueblo vasco ni los demás pueblos del Estado español ni, lo que es no menos grave, Europa, a cuyas puertas estamos llamando.

No estamos en Africa Central ni en Suramérica. Las experiencias del Ejército inglés en Ulster (hoy objeto de investigación), o la aventura de los coroneles griegos, son ejemplos signifícativos.

Seguiría corriendo sangre. ¿Quiere decirme alguien cómo se saldría de la situación?

Tengo la convicción de que los propios militares son más conscientes que nadie de las consecuencias de las impremeditaciones y de cuáles son sus deberes y responsabilidades. Presiento que seguirán haciendo gala de la serénidad que hasta ahora han mantenido, lo cual es de agradecer.

Un cambio profundo como el que estamos viviendo no se puede cortar; sí ayudarlo entre todos.

La Corona

¿Qué va a hacer el Rey? Esta es una pregunta que con frecuencia se me hace en las calles de nuestra tierra.

Con independencia de que la pregunta es enormemente significativa, lo cierto es que es de difícil contestación: la pregunta se dirije no ya al Gobierno, que es de un partido político, sino al eje (pivote) del Estado. que pretende, sin lugar a dudas, ser de todos y de ninguno.

El 22 de julio de 1977 dilo el Rey, en sesión conjunta de ambas Cámaras, dos cosas que me parecen importantes de recordar:

En primer lugar, se proclamó Monarca constitucional y, como tal, señaló que no le incumbe proponer un programa de tareas.

Después hizo referencia a la necesidad de garantizar los derechos históricos y actuales, lo que implícitamente es reconocerlos.

¿Qué puede hacer entonces un Rey que desea ser constitucional? Repito que no es fácil, porque en la medida que gobierne se aleja del papel constitucional.

Pero esto no debe entenderse de manera que el Monarca deba vivir al margen de un problema que, como es el vasco, afecta a la estructura del Estado.

El Rey, según la Constitución. «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones» y el árbitro media en la solución de los conflictos. Nadie puede negar que el problema autonómico es fundamental para el normal funcionamiento de las instituciones.

¿Cómo podría hacerse esta mediación? No puedo pretender ser el llamado a inspirar una decisión de esta naturaleza, porque soy parte de la cuestión, pero sí este artículo quiere tener una función de exposición y clarificación de ideas, pongo las pocas que tengo a disposición de quien crea oportuno analizarlas.

Hay un problema que me preocupa enormemente y cuyo replanteamiento requiere una autoridad moral que hoy concurre en el Rey, por razones que han sido reconocidas por la izquierda y por la derecha.

Concretando; desde hace ya generaciones, la cuestión vasca ha sido manipulada ante la opinión pública; se ha cuidado de desenfocar determinados aspectos y se han silenciado cuidadosamente otros. De esta forma, la pregunta de qué es lo que pasa allí, rara vez encuentra una contestación realista, prueba palpable de las consecuencias de una sistemática desinformación.

Es así como el desarrollo de la personalidad política de la comunidad vasca, bien sea como un derecho natural inherente a su condición y ser, bien sea como respeto a un status histórico, encuentra la consabida oposición emocional y nada racional; basada en que se trata de privilegios, ventajas, etcétera, cuando la realidad del problema es absolutamente diferente.

Alguien tendrá que apelar a la verdad y a la justicia, para restaurar la realidad, como condición precisa para que podamos entendernos.

El anterior Gobierno no lo hizo en la gran oportunidad de la etapa constitucional; en realidad se benefició de una increíble campaña antivasca en los medios de comunicación. Ahora se va a cumplir un año de la época en que se utilizó una literatura y una ideología cuyos antecedentes hay que encontrarlos en la época de la posguerra.

A pesar de los numerosos arrepentidos que ahora encontramos, por la oportunidad perdida, estos días podría volverse a repetir el error de hace un año, por falta de comprensión: por ver fantasmas en todas partes.

A la Corona le sobra juventud y perspicacia. Sus años son garantía de ilusión para el futuro y el hecho de haber nacido en el exilio, lo es de comprensión hacia posturas que algunos han deseado irreconciliables.

Quizá sea su prestigio moral, su clara trayectoria democrática, el aval, el apoyo de una llamada a la serenidad, al entendimiento, a la tolerancia.

Después, la solución política (porque la solución sólo puerde ser política) será más fácil.

La disposición adicional del proyecto de estatuto

La disposicion adicional del proyecto de estatuto de autonomía ha sido objeto de los comentarios más disparatados y pintorescos. Hay quien le atribuye la virtud de una declaración unilateral de independencia. ¡Increíble!

¿Quién ha visto en la vida política de los pueblos, que una situación de independencia se produzca sin mayores impulsos que los derivados de un texto legal" ¿El caso vasco no es acaso un consumado ejemplo de lo que supone ignorar los hechos?

Aquí no hay más que una cuestión a contestar. ¿Se cree o no que el pueblo vasco es una realidad? ¿Se acepta o no que a través de su historia conocida ha tenido una personalidad o una individualidad política indudable?

No nos enanemos; si no se acepta el hecho por causas ideológicas, emotivas, sentimentales o también egoístas, se obrará de forma que, no ya la disposición adicional, sitio el propio Estatuto, queden reducidos a la nada o a pura retórica, de la que tanto gustan algunos. Para estos, aunque la disposicion adicional se limite a transcribir el Ave María, será siempre algo Inadmisible. Se dirá que «sí los vascos lo piden, digamos no, porque en algún punto del texto piadoso estará la trampa».

En caso de que una vez más se volviera a dejar obrar a este tipo de sentimientos, el odio y la incompatibilidad seguirían creciendo. Lo demás no es difícil de imaginar; en algo más de cien años, llevamos tres guerras civiles.

Si así fuere, que nadie culpe a las fuerzas nacionalistas del resultado. El pueblo vasco no se conformará con palabras y promesas. Quienes seguimos predicando que la democracia y el diálogo son las únicas vías para alcanzar las libertades deseadas, habremos visto la quiebra de nuestros argumentos.

Alguien dijo que debía crearse la Dirección General de Imaginación. De existir, le sugeriría pida al Rey que jure en Guernica, bajo el árbol, como lo hicieran antaño sus predecesores, precisamente esa disposición adicional.

Lo que en ella se dice no es sino reflejo de la reserva de derechos y protesta histórica que, una y otra vez, han formulado siempre los vascos Y, en especial, quienes han ocupado puestos de responsabilidad política. Quien no quiera cerrar los ojos a la realidad, sabe que esto lo hemos hecho siempre, cualquiera que fuera la ideología. La incomprensión hacia este sentimiento fue razón suficiente para que el pueblo vasco no aceptase la Constitución. ¿Habrá que repetir el mismo error? ¿Es que aún no se ha analizado, por quien proceda, las funestas consecuencias que han de surgir de la aprobación de normas estatutarias que carezcan del asentimiento de la Comunidad?

Del viejo Fuero surgió, y volverán a surgir, las libertades que deseamos para nosotros y, por supuesto, para los demás.

Una mano tendida desde la propia conciencia colectiva, es buena prueba de un sentimiento solidario. A partir de ahora, la responsabilidad es de quienes la rechacen.

Quiero hacer constar que asumo personalmente la paternidad y la responsabilidad de las ideas que expongo; no obedecen a consignas de partido; sólo se inspiran en la convicción de que el diálogo sincero es el mejor soporte de la arquitectura democrática que intentamos edificar.

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