Incertidumbre sobre el desenlace de la crisis portuguesa
El presidente Ramalho Eanes aceptó ayer la dimisión del Gobierno presidido por Carlos Mota Pinto. El jefe del Estado inicia esta mañana los contactos con los representantes de los partidos para encontrar una solución a la crisis. Mientras tanto, el Gobierno dimisionario se mantiene en funciones.
El comunicado lacónico de la presidencia, publicado a principios de la tarde, tuvo el mérito de tranquilizar el ambiente político. Las declaraciones del primer ministro, la actitud expectante de la Asamblea de la República y el período de veinticuatro horas de reflexión que el presidente Eanes se otorgó antes de anunciar el cese del primer ministro, dieron lugar a una auténtica «guerra de nervios», a la que no faltaron los habituales ingredientes militares.Con la toma de posición firme del presidente Eanes, está clara su voluntad de respetar los trámites constitucionalmente previstos: consulta con los partidos sobre la salida de la crisis y nueva reunión del Consejo de la Revolución, en caso de plantearse la cuestión de la disolución del Parlamento. Nada, pues, de decisión precipitada: la semana que viene la reunión normal del Consejo de la Revolución está prevista para el viernes y no es probable que la disolución del Parlamento, que algunos sectores presentan como inevitable e imprescindible, pueda ser decidida antes.
Si se atiende a la composición actual del Parlamento, el Partido Socialista tiene razón de afirmar que apenas un tercio de los diputados es favorable, incondicionalmente, a la disolución. El Partido Comunista y lo que queda del grupo parlamentario del PSD, amputado de más de la mitad de sus miembros, y aún así, estos dos partidos divergen totalmente sobre la cuestión del Gobierno que deberá dirigir el país durante los noventa días de plazo que distan entre la disolución y las nuevas elecciones.
El CDS, hasta hace poco opuesto a nuevas elecciones, las acepta ahora, pero con la condición de un previo acuerdo de coalición con los socialdemócratas, condición que Sa Carneiro rechaza en principio y que está, de todas maneras, pendiente de la decisión del congreso de este partido, que se celebrará a partir del 15 de este mes.
Finalmente, los socialistas, que afirman ahora que «encararán siempre las elecciones anticipadas como la forma más auténtica de consulta popular», y que no volverán al Gobierno antes de las elecciones, han dado a entender ya que su preferencia va hacia la formación de un Gobierno independiente de pacificación, con apoyo parlamentario mayoritario, aunque no figuren en él representantes directos de los partidos.
El Consejo de la Revolución, pieza clave
Finalmente, la disolución del Parlamento debe ser autorizada por el Consejo de la Revolución. Una presunta mayoría de consejeros opuestos a la disolución, que tendría el apoyo del presidente Eanes y de la alta jerarquía de las fuerzas armadas, es el nudo de la crisis. Después de la agitación levantada alrededor del proyecto de amnistía, y que está lejos de haberse disuelto, los mismos sectores civiles y militares que defendieron entonces las prerrogativas exclusivas del Consejo de la Revolución en materia militar están ahora empeñados en sacar adelante la tesis que la mayoría de izquierda en el seno del supremo órgano político-militar es el único estorbo que puede impedir al presidente Eanes cumplir su deseo de disolver el Parlamento y acabar con la «mayoría de izquierda» civil.El diario derechista O Dia publicaba en su edición de ayer una carta, atribuida al teniente coronel (en servicio activo) Casanova Ferreira, invitando a sus «compañeros de armas» a exigir la sustitución de los consejeros que «liquidaron una nación enorme y se preparan a hacer lo mismo con el santuario peninsular».
Este desafío da la medida de las presiones que se ejercen actualmente sobre el presidente Eanes para obligarlo a anular lo que queda de poder al Consejo de la Revolución. Pero no son únicamente militares los que quieren convencer a Eanes de la necesidad de abandonar su actitud de estricto respecto de las normas constitucionales. Los editorialistas del diario A Capital y del semanario O tempo, con argumentos diversos, estimaban ayer que no bastaban nuevas elecciones para resolver la crisis: el primero considera «autosuicidio político» del presidente la aceptación de la dimisión de Mota Pinto, para el cual pide, por el contrario, plenos poderes para llevar a cabó su acción patriota. El segundo solicita poderes constitucionales y un mandato de cuatro años, a confirmar por vía de refrendo, para el futuro Parlamento (que, según la Constitución, debe limitarse a completar la actual legislatura, es decir, hasta 1980).
La decisión tomada ayer por el presidente Eanes demuestra una vez más que el jefe del Estado no está, de momento, dispuesto a ceder a estas presiones. Pero queda el problema de asegurar el Gobierno del país, al menos durante tres o cuatro meses.
La solución que permita constituir un nuevo equipo completo, con o sin la presidencia de Mota Pinto, puede merecer el apoyo de los socialistas y de una mayoría parlamentaria que haga innecesaria la disolución del Parlamento. Pero está también claro que las fuerzas que contribuyeron a la radicalización de la situación harán todo lo posible para evitar la calma.
