Ante la negociación de precios agrarios
Gabinete técnico FTT- UGT
El propósito de estas líneas es hacer una serie de meditaciones sobre la forma y el modo en que se están efectuando las conversaciones de precios agrarios, además de otra pequeña aclaración dirigida especialmente al consumidor, sobre las repercusiones en la cesta de la compra de las, posibles e inevitables alzas de precios.
Hace unos días, el 20 de marzo, apareció en EL PAIS un trabajo .sobre la importancia que supone la fijación de precios para el sector agrario, máxime cuando éste es actualmente el único sistema eficaz para dar oxígeno a una renta que está en clara inferioridad con respecto a la de los otros sectores. El desfase se sitúa en el 48 % con respecto a la nacional, razón por la cual los agricultores piensan, y así lo han afirmado repetidamente, que no pueden seguir así. Se comprende entonces la responsabilidad adquirida por la Federación de Trabajadores de la Tierra ante sus 200.000 afiliados, a los que debe rendir cuentas de lo que se negocia y cómo se negocia. Cuentas, además, claras, porque somos conscientes de que lo que se juzga ahora es la supervivencia de muchas explotaciones y el derecho al trabajo de un número elevado de agricultores.
Todos lo saben, lo sabemos, y por eso habría que hacer algunas puntualizaciones desde nuestra óptica al sistema de trabajo adoptado por la Administración.
En primer lugar, y aunque parezca un poco absurdo decirlo, habría que pedir al Gobierno un poco más de seriedad y coherencia con un mínimo de imaginación.
Comenzó la tabla de reuniones con un organismo, el FORPPA, al cual se le entregó un cuestionario de propuestas para las medidas complementarias de cada producto regulado.
Se rechazó a la vez, por poco representativo, el llamado método «objetivo», basado en los resultados económicos de una explotación tipo de la Red Contable Agraria Nacional; las razones que se exponían se recogieron en un trabajo que el gabinete técnico de la FTT publicó en EL PAIS el día 8 de marzo.
El FORPPA, no sabemos si aplicando la máxima de «divide y vencerás», llamó individualmente a cada organización para hacerles entrega de una documentación que se podría calificar de «parcialmente útil».
En efecto: la documentación del ministerio contiene una serie de « consideraciones » sobre la situación general de la agricultura española, en donde textualmente reconoce, entre otros: «En una síntesis apretada podríamos decir que el esquema capitalista afecta negativamente al sector agrario en tres campos:
a) En sus funciones de producción.
b) En el proceso de formación de los precios y en la situación frente al mercado.
c) En los aspectos económicos sociales relacionados con la actividad agraria.
En consecuencia, si el esquema de economía de mercado discrimina la actividad del sector agrario, es razonable pensar que la actividad del Estado en su aspecto fiscal de gasto público debe orientarse hacia una política de "compensación" de estos factores discriminatorios, como así viene ocurriendo en la generalidad de los países que basan su actividad económica en el mercado libre. La cuestión radica en si esta actividad compensatoria del Estado es "suficiente", o sea, si resulta efectiva para contrapesar los nocivos efectos del sistema de desarrollo económico basado en el mercado libre y en la libre empresa produce en el sector agrario. »
Asombroso reconocimiento por parte del ministerio, que nos dejó a la vez entusiasmados y desconcertados, ante unas afirmaciones tan avanzadas, conociendo el espectro político en que se desenvuelven los dirigentes del edificio de Atocha. Sin embargo, en nuestra opinión, esto no pueden ser mas que justificaciones del grado de intervención del Estado en el sector, y no es que nosotros nos opongamos a la intervención del Estado, pero sí a esta clase de intervención, que nos llena de alarmas y suspicacias, dado los intereses que cada vez con más descaro defiende el Gobierno.
En líneas generales, la documentación. del ministerio reconoce más adelante:
a) «Un nivel extraordinariamente bajo de subvenciones al sector agrario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Oscilan del 1,5 % al 1,7 % de la producción final agraria.»
b) «Estancamiento de la inversión pública en el sector agrario. ¿Es posible que con una relación del 5 % entre inversión pública y producto agrario se pueda producir el efecto multiplicador necesario para conseguir un crecimiento de la productividad?»
c) «Estancamiento, cuando no regresión, del crédito oficial. Desde 1974, la relación entre crédito oficial a la agricultura y a la totalidad del crédito oficial ha perdido casi tres puntos.»
d) «Discriminación notable en el arancel español, que asigna al sector agrario una protección efectiva del 8,2 %, muy inferior al de otros sectores económicos (materiales de construcción, 28 %, maquinaria, 30,8 %, etcétera).»
e) «En el período 1971-1977, el sector agrario ha tenido un incremento de precios del producto interior bruto inferior a la media nacional. Relacionando ambos incrementos, se aprecia un factor de relación del 96 %. 0 sea, porrazones de formación de precios, el sector agrario ha transferido un 4 % del valor monetario de su producto interior al resto de los sectores económicos. »
f) «En 1975, los mercados agroalimentarios de la Comunidad Económica Europea recibieron vía FEOGA y vía país miembro un volumen de financiación que supuso el 14,62 % de la producción final agraria. El equivalente español no llegó al 3 %. »
Se podría calificar esta parte de la documentación del ministerio de «argumental», mientras que el resto adolece de una carencia de datos económicos, imprescindibles para efectuar un cálculo global, aunque sea en primera aproximación, de la elevación. de precios. Sin embargo, los argumentos citados son lo suficientemente importantes y válidos como para que el Ministerio de Agricultura fuera el primer propulsor de una subida de precios, no ya elevada, sino incluso meteórica. Por ello, nuestra perplejidad y desconcierto fueron inmensos cuando la Administración propuso una inicial subida global de sólo el 9%.
Nos gustaría que se nos enseñe cómo se puede reducir la diferencia de rentas citadas con ese alza de precios (aunque luego fuera rectificada al 12 %), apoyándose fundamentalmente en unas medidas complementarias cuya ejecución se ha demostrado dudosa. Máxime cuando en la Constitución el artículo 130 afirma textualmente que: «Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, y, en particular. de la agricultura y la ganadería, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.»
La FTT presentó en la mesa negociadora un trabajo donde se hacía un cálculo de la subida global de precios basándose en los ircrementos porcentuales de los diferentes elementos que intervienen en la composición de la producción final agraria, como gastos de fuera del sector, intereses, etcétera.
El resultado indicaba una elevación global del 16,3 %, que luego ascendió al 16,67%, al rectificar el ministerio la cifra de gastos fuera del sector, modificándola del 12,1% al 13,02 %. Por este metivo se pidió al Ministerio de Agricultura que suministrara para cada uno de los elementos citados series de diez años, de forma que la objetividad para la comprobación del cálculo fuese máxima. Estos datos no han sido entregados.
Como diferencia fundamental con los criterios de la Administración, adoptamos un incremento de la masa salarial del 22 %, similar al fijado en los pactos de la Moncloa, mientras que el ministerio sólo admite el 14 % establecido en el decreto-ley del pasado 26 de diciembre; postura, aunque disciplinada con respecto al Ministerio de Ewnomía, a nuestro juicio irreal, ya que en el campo se están firmando convenios con incrementos de hasta el 30 %. Más aún: el ministerio reconoce en su documento La agricultura española en 1978 (avance) que en el último año el aumento de la remuneración de los asalariados fue del 27 %, superior a los pactos, pero su incidencia en la tasa de inflación general no ha sido mala, pues el aumento de pricios al consumo ha descendido en más de diez. puntos en 1977-1978
Un periódico afirmó que laestadística ha sido protagonista de la primera jornada de negociacianes. Es evidente que para negociar hacen falta números que apoyen o contradigan los argumentos; pero cuando aquéllos faltan o se cambian de un día para otro, el diálogo se hace sumamente difícil. Se convierte en un monólogo por parte de quien obtiene y elabora las cifras: la Administración. Si a ésta se le achacara su falta de información en los datos, este aspecto sería lo menos grave. Lo malo es que durante las negociaciones el ministerio cambiaba con frecuenea los números.
Ha faltado coherencia entre- la misma Administración. A una mayor seriedad en los planteamientos iniciales del FORPPA habría que oponer el baile de las estadísticas de la SGT o del Senpa, lo cual da a los que intervenimos una penosa descoordinación. ¿Cómo se puede negociar con un ministerio que todavía no ha publicado el anuario estadístico de 1977, que sólo hace unos días, ha dado a la iuz La agricultua española en 1977, y que afirma que se han rectificado en Las cuenjas del sector agrario, número 3, la al orientación ganadera, la valoración de la producción del tomate, el consumo de carburantes, los tratamientos zoosanitarios, y el canon de aguas para riego? ¿Qué pensar de la falta de información sobre la rentabilidad agraria, de la cual se publicó algo en Las cuentas del sector agrario, número uno, con unas cifras tan desoladóras que no han vuelto a aparecer?
Datos oficiosos, no confirmados, señalan un incremento de la rentabilidad empresarial, en 1970, de -50,94 %; en 1974, de -34,69 %, y en 1976, de -8,12 %. ¿Por qué no se publican si son ciertos?
