"La política sindical del Gobierno favorece el amarillismo"

La postura de UCD en los debates del proyecto de ley de Acción Sindical pone de manifiesto el interés gubernamental por favorecer un tipo de sindicalismo que, aunque no está muy claro, podría suponer tanto un impulso del amarillismo como la simple proliferación de pequeños sindicatos. En cualquier caso, lo que está en juego es un claro intento distorsionador que sindicatos fuertes y representativos.

Esta es, en síntesis, la valoración socialista del dictamen del proyecto de ley de Acción Sindical, concluido el pasado jueves por la Comisión de Trabajo del Congreso. En la reunión mantenida ayer con los informadores, una representación del PSOE en la citada Comisión (Francisco Vázquez, presidente de la misma; Eduardo Martín Toval, ponente, y Manuel Chaves, de la ejecutiva de UGT) señaló que la «ambigüedad del Gobierno en este sentido se ha visto favorecida por los planteamientos de CCOO ante las elecciones sindicales. El secretario general de esta central y miembro de la ponencia votó a favor de las listas cerradas, única manera de garantizar el desarrollo de sindicatos fuertes y representativos», explicó Martín Toval. Según el criterio socialista, la filosofía del Gobierno en materia sindical -tal como se ha puesto de manifiesto en los debates- supone la aceptación del sindicalismo como mal menor, «al que hay que limitar al máximo». En opinión de Martín Toval, la ley, que puede nacer muerta si el Pleno la aprueba tal como ha que dado dictaminada en su proyecto, «está preñada de lucha de clases, como lo demuestra la oposición de la derecha a su contenido, tanto en el Parlamento como en calle». «Los intentos democratizadores de la empresa por parte de los socialistas han sido presentados públicamente por la derecha como intentos de socializar la empresa», explicó Martín Toval. «Ello demuestra -añadió Francisco Vázquez- que las organizaciones patronales no se quieren adaptar al cambio de relaciones en el marco industrial. Los empresarios quieren seguir teniendo como negociador al Gobierno, al cual, en la nueva situación, tan sólo le corresponde, en todo caso, una labor de arbitraje. »

Los empresarios deben comprender

En cuanto al definitivo contenido de ley, los socialistas aún no han perdido la esperanza -según se dijo en la reunión- de que el Gobierno comprenda que no podrá hacer cumplir una ley que, por sus carencias, se va a ver constantemente rebasada por la negociación colectiva. Los empresarios, por su parte -siempre según la impresión del PSOE-, deberán comprender que ya existen suficientes reivindicaciones laborales en cualquier negociación como para endurecer ésta aún más con la exigencia de unos derechos sindicales que esta ley elude.

El PSOE no descarta la presión social

En este sentido, el PSOE, como partido obrero, no descarta la presión social -a través de su central hermana, la UGT- para conseguir que el Pleno adecue el contenido de la ley a la realidad laboral del país.Los mínimos aceptables por el PSOE suponen la aplicación del ámbito de la ley a todos los trabajadores asalariados (el dictamen excluye a los funcionarios y trabajadores al servicio de la Administración militar); el reconocimiento de unos derechos prácticos a los comités de empresa (recortados en el dictamen prácticamente al estar informados de la marcha de la empresa), y el reconocimiento de las secciones sindicales sin las limitaciones contenidas actualmente en el proyecto de ley, así como la concesión de cuarenta horas mensuales a los representantes de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones.