Retorno gradual a la democracia en Uruguay
Una implacable represión política y la sistemática caída del nivel de vida de la población son las constantes más destacadas que exhibe Uruguay. Según el último informe de Amnesty International, por lo menos doce personas han muerto en los dos últimos años a consecuencia de las torturas recibidas. Otras 48 fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad uruguayas en Argentina, donde se habían exiliado. Acalladas las voces de la oposición desde el golpe militar del 27 de junio de 1973, no ha sido posible, sin embargo, para el sector ultra del Gobierno evitar las invocaciones al cambio y los llamamientos al retorno a la actividad de los partidos políticos tradicionales y a la vigencia gradual de la democracia.
«El presidente quiere un barco nuevo y nosotros sólo queremos calafatear el barco viejo y seguir adelante»: así comenzó a media dos de 1976 el general Eduardo Zubía -jefe entonces de una de las cuatro regiones militares de Uruguay- su explicación acerca del relevo del presidente Bordaberry, quien proponía el estable cimiento de un régimen corporativista, algo así como el Portugal de Salazar. Los mandos militares afirmaron, en cambio, que en 1973 habían actuado, entre otras cosas, contra los políticos y no contra el sistema democrático en sí mismo. Como el personaje de Arnold Wesker, dicen creer en la electricidad, aunque hayan despedido de un golpe a los electricistas.
A partir de ese momento y especialmente en el transcurso de 1977, el reducido horizonte poIítico uruguayo se cubrió de promesas de cambio: ciertos gobernantes aludieron con frecuencia a un plan político en estructuración que incluye, según se dijo, elecciones para 1981 y la progresiva transferencia del poder a los dos partidos políticos tradicionales (predominantemente centristas). El programa no es claro, pero ya se anunció que sólo se admitirá un único candidato presidencial, que deberá reunir tras él a esos dos grandes partidos y tendrá que contar, naturalmente, con el visto bueno de la cúpula militar.
Así fue el pasado...
La desconfianza en los electricistas permanece, pero al menos parece haber plazo para el calafateo y para el comienzo del fin del opresivo proceso surgido de un desgraciado itinerario político y social. Una crisis económica casi veinteañera y sus caóticas repercusiones sociales explican históricamente la decadencia y caída de la democracia representativa de Uruguay, un conocido modelo de convivencia forjado a partir de 1904 y con sólo nueve años de interrupción hasta el momento del golpe de Estado.
Los obreros se opusieron firmemente a las decisiones del 27 de junio de 1973; para ellos, las medidas de emergencia frente a la catástrofe económica y social no estaban en los planes de los grupos empresariales, que de inmediato se manifestaron a favor de la nueva situación. Los trabajadores habían elaborado su propia plataforma de soluciones y desde varios años atrás luchaban por aplicarla.
Pero el desaliento -e inclusive la desesperación- de buena parte de los uruguayos no fue buena ayuda para esa resistencia-, la huelga general se prolongó durante dos semanas y fue el último intento masivo de oposición activa contra el Gobierno de los golpistas.
El panorama previo a junio era realmente desalentador: asesinatos, desapariciones, huelgas semanales, disturbios en los centros de enseñanza, desempleo creciente, salarios en caída, inflación galopante e inseguridad general. La protesta popular -canalizada por los sindicatos y su central única, y con fuertes repercusiones en un Parlamento más polémico que creativo- cuestionaba seriamente la capacidad e inclusive el poder de la clase dirigente.
El vaciamiento de empresas, la sistemática fuga de capitales y escándalos varios surgidos en la órbita empresarial y de organismos gubernamentales contribuía obviamente a avivar el fuego, que los militares se prestaron a sofocar luciendo el galardón de su victoria contra la guerrilla en 1972.
...Y, ¿cuál será el futuro?
Treinta y seis años atrás, el general Alfredo Baldomir culminó el proceso de desmantelamiento del régimen dictatorial que él mismo había contribuido a establecer, entregando el Gobierno a los perseguidos de 1933, vencedores en las elecciones nacionales de 1942.Baldomir, hombre de la dictadura de Gabriel Terra hasta 1938, sirvió a partir de ese año de puente hacia la democracia: muchos opositores y los liberales de Vegh Villegas coinciden en vislumbrar un esquema casi baldomirista para sacar a Uruguay de su etapa actual.
Otros -entre los que se cuentan exiliados reunidos en México en un frente único antidictatorial- no se sienten satisfechos con ese pronóstico de los moderados y proponen un esfuerzo para acortar los plazos.
Pero la política -nadie lo ignora- es muchas veces el arte de lo posible. Y aunque el momento de la transición se halla cronológicamente e inclusive políticamente lejano, pocos son los que desconocen que después de Baldomir sucedió la plena vigencia de la democracia.
