Municipales y bipartidismo

EL DEBATE sobre el proyecto de ley de elecciones locales ha servido de ocasión para el estreno de gala de lo que parece va a ser en el futuro la nota dominante de la democracia española: su estructuración en tomo a los dos partidos hegemónicos en ambos hemisferios de nuestra vida política.Los resultados de las elecciones del 15 de junio pusieron de manifiesto que UCD y PSOE eran contemplados por los votantes como los dos polos del sistema. Sorprendentemente, las maniobras y tomas de posición del Gobierno, a lo largo del verano y hasta bien entrado el otoño, dieron motivo para pensar que el partido en el poder estaba dispuesto a modificar sustancialmente esa relación de fuerzas. La luna de miel entre el señor Suárez y el señor Carrillo fue algo más que la estima y reconocimiento mutuos de dos excelentes y bregados profesionales de la política, esto es, de casi cualquier política; por parte de UCD parecía significar el propósito de alimentar la fuerza electoral y sindical de los comunistas, seguramente desde la convicción que la unidad de la izquierda es una quimera (conjetura a la que las disidencias de la izquierda francesa han dado considerable plausibilidad), y con la esperanza de que la división de ese espacio político entre un Partido Comunista robustecido y unos socialistas debilitados podría acabar con cualquier alternativa de poder a corto y medio plazo y eternizar a UCD en el Gobierno.

Sin embargo, y por las razones que sean, la estrategia del Gobierno empezó a cambiar en vísperas del invierno. El acuerdo de los dos partidos mayoritarios para imponer la ley Electoral Municipal no hace sino confirmar de manera espectacular que existe un entendimiento de fondo para articular el futuro de la política española sobre la hegemonía y eventual alternancia en el poder de UCD y PSOE. Nadie debe escandalizarse ante este escenario. El proyecto tiene lógica, es funcional respecto a las necesidades de este país y camina en la dirección de lo que los electores manifestaron en las urnas durante la pasada primavera. Tampoco el recurso a maniobras y ardides puede coger de sorpresa más que a los ingenuos. En la política, como en la lucha libre, todos los procedimientos son buenos si los utiliza el bando propio y condenables si los emplea el contrario. En ese sentido, la crítica que han dirigido AP y PCE al proyecto conjunto UCD-PSOE de elecciones municipales, seguramente recibe su inspiración más de conveniencias tácticas que de convicciones profundas.

Y, sin embargo, la crítica de aliancistas y comunistas tiene sólidos fundamentos. El deseo de fortalecer artificialmente, mediante técnicas electorales, la tendencia natural de los votantes hacia un sistema orientado hacia el bipartidismo («un bipartidismo imperfecto», como lo ha calificado Felipe González) abandona el campo tolerable de las prácticas ventajistas para adentrarse en el peligroso terreno de los métodos abusivos cuando esas medidas conculcan valores democráticos o introducen elementos extraños en el manejo de la vida pública. Tal es el caso de la decisión de ucedistas y socialistas de que el primer candidato de la lista que resulte mayoritaria en cada municipio sea nombrado automáticamente alcalde.

Por un lado, la vida municipal debería ser concebida como una escuela de democracia, en la que los españoles, tan ayunos de formación cívica, ejercitaran sus derechos y se familiarizaran con los sistemas de gobierno propios de los países libres. Sin embargo, la ley electoral UCD-PSOE conduce, imparablemente, a unos «ayuntamientos presidencialistas», en los que el alcalde, pequeño caudillo local o primer secretario en escala reducida, gozará de los poderes necesariamente exorbitantes que implica su forma de nombramiento, ajeno a la voluntad del resto de los concejales y a los deseos absolutamente mayoritarios del vecindario. Lejos de ser un «primus inter pares», el alcalde ucedista-socialista que contara, por lo general, con un 30% de los votos se situará por encima de sus colegas, obligados a tenerle como jefe durante su mandato. No se puede decir, realmente, que se trate de una buena lección práctica de democracia.

Pero, además, el procedimiento elegido puede llevar, pese a los poderes presumiblemente exorbitantes de los alcaldes, a unos ayuntamientos ingobernables, a una parálisis de la actividad administrativa y a una completa confusión política. ¿Qué sucederá cuando los concejales de otros partidos distintos al que pertenece el alcalde triunfador reúnan la mayoría - de los sufragios y se coaliguen en torno a un programa diferente? La enmienda presentada por el diputado comunista señor Solé Turá proponía, como mal menor, que el nombramiento automático como alcalde del cabeza de la lista ganadora se produjera sólo si no existiera mayoría absoluta en el Ayuntamiento para designarlo. Pero la rigidez de los dos partidos hegemónicos les ha impedido aceptar una modificación llena de racionalidad y sentido común. Una rigidez que da serios motivos para temer que ese proyecto de distribuirse el poder entre UCD y PSOE esté dispuesto a pasar implacablemente por encima de cualquier obstáculo sin reparar en algo que es, sin embargo, la esencia misma de un sistema pluralista: el respeto a los valores y a los principios de la democracia y el juego limpio con las minorías.