El Gobierno ejercita la práctica de los hechos consumados
En el curso del debate sobre la ratificación del acuerdo de pesca hispano-marroquí se produjeron las siguientes intervenciones:Manuel Marín (PSOE). El grupo socialista no es contrario al acuerdo pesquero con Marruecos; creemos que debe y puede hacerse.
La marroquización de nuestra flota se hará con créditos a la exportación concedidos por España.
Los pescadores deberán soportar solos los efectos negativos de la expansión marroquí. Y cómo los barcos se marroquicen, verán sometidas sus situaciones laborales a las decisiones de Marruecos, corriendo el riesgo de ser sustituidos por una mano de obra más barata. En el acuerdo no se menciona una sola palabra relativa a los trabajadores, que son más de 15.000.
El acuerdo incluye la mención de aguas de jurisdicción marroquí, refiriéndose a las aguas del Sahara, lo que contradice el propio acuerdo tripartito de Madrid y las declaraciones del Gobierno que aseguran que España no cedió la soberanía del Sahara a Marruecos. El Gobierno está reconociendo las tesis expansionistas de la monarquía alauita. Creemos que el Gobierno no ha medido las implicaciones posibles de este expansionismo. ¿Qué pasará con el acuerdo tripatito, que ahora se ve superado por el de cooperación pesquera? El Gobierno está practicando la táctica de los hechos consumados, y nos dirá pronto que estos acuerdos dejaron de tener vigencia.
Los socialistas creíamos que con la democracia, la groseria y la falta de rigor de los planteamientos franquistas desaparecerían, pero vemos que todavía queda mucho por andar.
Los barcos hispanos que faenan, según el acuerdo, en el banco marroquí llevarán bandera de este país, lo que significa que los van a convertir en objetivos militares, porque Marruecos declaró esta zona como área de guerra. Si un barco se hunde, el Gobierno español habrá salvado su responsabilidad. Los que irán al fondo serán los trabajadores.
Muñoz Peirats (UCD). El acuerdo no es óptimo, pero es lo mejor que hemos podido conseguir. El Gobierno no puede asumir, por otra parte, los actos anteriores al 15 de junio, pero tampoco puede aceptar una ruptura en la política internacional.
Si no se firma el acuerdo, otras potencias, que ofrezcan condiciones similares o mejores, pueden conseguirlo.
Los sectores conservero, de armadores y de arrastradores de pesca apoyan la política del Gobierno, que es realista. Sólo ochocientos pescadores se verán afectados. El Gobierno no reconoce, por otra parte, la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui.
Manuel Marin (PSOE). «El triunfalismo del régimen de Franco convirtió la flota pesquera de nuestro país en la tercera del mundo, muy por encima de sus posibilidades sobre las facilidades crediticias, de la ley de Renovación de la Flota de 1961.»
El 3 de diciembre de 1975 Víctor Moro llega a la presidencia de la Agrupación Nacional de Buques Congeladores (órgano de actuación de los armadores en el sindicato vertical) y ostenta a la vez la dirección general de Pescanova. El 12 de diciembre de 1975 otro diputado de UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, es nombrado ministro de Comercio; siete días más tarde la Agrupación de Buques Congeladores (que preside Moro) envía al Gobierno un telegrama quejándose del «abandono» del sector pesquero. Y el 12 de enero de 1976 el Gobierno nombra a Víctor Moro director general de Pesca en sustitución del capitán de navío Jaime Manuel Piniés. Víctor Moro fue, por otra parte, vicepresidente de la sociedad Sodiga, de la que Leopoldo Calvo Sotelo era presidente.
A partir de aquí el acuerdo de pesca se convierte en una operación al servicio de los grandes armadores con intereses en Marruecos. El objetivo es vender la flota a Marruecos, pero antes los grandes armadores, informados de los planes del Gobierno, la matriculan en Canarias. Ahora, con este acuerdo, podrán vender los barcos con créditos del Estado, lo que supone una fuga de capitales, a la vez que crean monopolios de comercialización y pesca para los grandes y en especial para Pescanova, de la que Moro fue director general.
El ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, había declarado que el acuerdo intentará que no «sean nunca particulares aspiraciones de individuos o de grupos las que se confieran abusivamente el carácter de intereses nacionales». Sin comentarios. No sabemos si el ministro pensaba en Pescanova.
José Luis Meilán (UCD). Las acusaciones del diputado socialista son graves y profundas, y si estuvieran avaladas por pruebas pondrían en entredicho la ratificación del acuerdo. UCD no defiende sólo los intereses del capital, sino también los de los trabajadores; porque es un partido multiclasista.
Rechazo las acusaciones de que UCD prejuzga el futuro de Canarias y de que estamos convirtiendo a los trabajadores en objetivos militares.
