Ejecutivo y legislativo
Las recientes declaraciones dimanantes del núcleo central del Gobierno en el sentido de que, en su gestión futura, no abusará de la fórmula del decreto-ley, plantean una cuestión de primerísima magnitud en la organización y en el funcionamiento del sistema institucional.Que el Gobierno se someta o no al control del Parlamento es un problema clave, de cuyo tipo de solución depende la mayor o la menor autenticidad de un sistema democrático. Y, a mi juicio, esas declaraciones, lejos de tranquilizar, resultan, en parte, inquietantes. El sicoanálisis ensena que las negaciones rotundas suelen ocultar, a veces, afirmaciones no menos tajantes. En la misma actividad política ese fenómeno paradójico se produce en no pocas ocasionesen los países capitalistas son ya habituales, por ejemplo, los mentís oficiales respecto a futuras devaluaciones de la moneda... que, no obstante, acaba devaluándose pocos días después.
Esas declaraciones tampoco eliminan la preocupación ante tal eventualidad si tenemos en cuenta una tendencia que podemos observara escala internacional: los parlamentos influyen cada vez menos en el sistema de poder concreto. O, dicho de otro modo, en los sistemas democráticos liberales, los gobiernos están acentuando su autonomía relativa respecto a los otros centros institucionales y principalmente en relación con las asambleas de parlamentarios que constituyen la oposición. El Ejecutivo usurpa, cada vez más, las tareas del órgano Legislativo.
Esa tendencia hemos de someterla a análisis constante sobre todo en nuestras latitudes, puesto que acabamos de liberarnos del sistema dictatorial y porque el Gobierno, de momento, no está subordinado a la crítica y a la presión parlamentarias. En el plano español, esa tendencia también queda confirmada -en contra de tales declaraciones- por la reorganización que Suárez está realizando de su espacio personal de poder: el presidente promueve y tal vez siga desarrollando la categoría de consejero presidencial. Es lo que sucede en otros sistemas democrático-liberales, por ejemplo en Francia: Giscard se rodea de consejeros y ya se ha confirmado que algunos de estos consejeros tienen más poder fáctico, en su sector de responsabilidad, que el ministro correspondiente.
Acaso se argumente que Suárez no tiene por qué temer la subordinación al control parlamentario, puesto que la UCD cuenta con una mayoría relativa (y a esta mayoría pueden sumarse los votos de la Alianza Popular) que, en principio y desde la perspectiva actual, apoyará su gestión gubernamental. Cierto, pero el presidente seguramente no olvida que su partido es un conglomerado de corrientes políticas relativamente diversas que pueden disgregarse siguiendo los intereses de unas u otras fracciones de la clase económicamente dominante; la UCD también puede quebrarse por la acentuación de las ambiciones personales de tales o cuales políticos.
En cualquier caso, si volvemos al análisis de ese problema a escala internacional, podemos afirmar que tal tendencia a la concentración del poder en el área presidencial se desarrolla como una manera de alejar y de fortalecer el núcleo central del Gobierno respecto a las tensiones entre las clases sociales (expresadas o no en el Parlamento), así como es una forma de evitar graves fraccionamientos internos del partido mayoritario. En suma: se trata de un medio de subordinación acentuada del conjunto de los trabajadores y de los sectores no-monopolistas al gran monopolismo financiero. En sus análisis sobre la gradual concentración de poder en el Ejecutivo, algunos de los más lúcidos teóricos europeos dela política llegan a sostener la tesis de que el sistema liberal está acabando su ciclo histórico; según ellos, las sociedades capitalistas europeas se orientan hacia la organización de nuevos Estados «fuertes». No comparto plenamente esa tesis. En gran parte, no pongo en duda el rigor de las previsiones de tales analistas, pero desde mi punto de v Ista no tienen suficientemente en cuenta las posibilidades de réplica y por ende de rectificación de esa tendencia que se encuentran en manos de los partidos y de los sindicatos de izquierda.
Decir que «no se abusará del decreto-ley» es manifestar una cierta y ambigua buena voluntad gubernamental, dado que al mismo tiempo expresa notables resabios dictatoriales: porque, por ejemplo, ¿cuál será, a juicio del equipo presidencial, el límite cuantitativo de decretos-leyes que les permitirá no incurrir en «abuso»? Pero, por otra parte, ¿cuántos serán los decretos-leyes que dejará pasar la oposición de izquierdas sin poner el grito en el cielo denunciando que se atropellan las funciones del Legislativo?
El próximo futuro se encargará de responder a tales cuestiones. Conviene, en cualquier caso, que todo el mundo siga teniendo presente que el pueblo español está cansado de las arbitrariedades más o menos jurídicas.
