Dificultades para la presencia de trabajadores alemanes en los consejos de administración
El Gobierno de la República Federal de Alemania, coalición de socialdemócratas y liberales, se encuentra con que otra de las reformas que ha promovido está sometida a controversia. Se trata de la ley de participación en la empresa. Un día antes de que venciera el plazo legal prescrito, una serie de uniones patronales y nueve empresas importantes, entre ellas Hoescht y Bayer, han decidido recurrir al Tribunal Supremo constitucional contra la ley de participación de los asalariados en los consejos de administración. Este texto, que entró en vigor en julio del pasado año, afecta a las empresas con más de 2.000 empleados. En ellas los consejos de administración deben componerse por mitad de representantes de los asalariados y de los accionistas. En situaciones de empate decide el presidente, que dispone de doble voto y representa al capital. A pesar de ello, los reclamantes, que han delegado su representación pública en la Confederación de Uniones de Empresarios Alemanes, consideran que la ley de participación viola las garantías constitucionales sobre la disposición de la propiedad. El Tribunal Supremo constitucional debe decidir en los próximos días si la reclamación es de recibo.Aunque existen antecedentes de reclamaciones individuales de algunas empresas o grupos de accionistas que fueron rechazadas, el portavoz de la Confederación de Empresarios se ha mostrado optimista.
Para los sindicatos, que hicieron de la participación uno de sus caballos de batalla y que ven en el texto legal sólo una semejanza con sus reivindicaciones primitivas, la posible sanción del Tribunal Constitucional supone reanudar la polémica. Pocas reformas han movilizado tanto en el curso de su elaboración a los asalariados y los capitalistas como ésta. El compromiso final, concerniente a la función de presidente del consejo de administración y a la representación de los empleados con cargos directivos fue logrado después de áspera lucha entre liberales y socialdemócratas en el seno de la coalición. El resultado se consideró como un robo del concepto de paridad por los sindicatos. La postura de los accionistas, del capital, se manifiesta ahora también en contra de la ley.
