Continúa la polémica en torno a Costa de Madrid

La polémica entre las partes pública y privada de la empresa Costa de Madrid, promotora de la comercialización de los terrenos cercanos al pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, ha llegado a un punto en que se ha hecho necesaria la intervención del Gobierno Civil, quien la semana anterior mantuvo dos reuniones de trabajo con los concejales-consejeros de la empresa, y el alcalde-presidente de la misma.

La primera de ellas, celebrada en sesión, abierta, consistió en una serie de ambigüedades y de acusaciones veladas a la parte privada, al tiempo que uno de los concejales, Antonio de Francisco, insistía en la parte de responsabilidad que correspondería al mismo alcalde. Ante la falta de datos concretos, el señor Rosón decidió convocar otra reunión similar unos días más tarde, a la que asistirían también los servicios técnicos de la Administración local.En la primera de las reuniones, se presentaron los problemas que caracterizan, según expusieron, la marcha de la empresa. Parece que las escrituras municipales no coinciden con las que luego se registraron ante notario. Se dijo que la parte privada había cambiado los estatutos de la sociedad, sin conocimiento de la parte pública, de forma que se atribuían una serie de competencias en la gestión empresarial.Los balances llevan sin ser aprobados desde el año 1973, por disconformidad de la parte pública. Tres de los concejales que al mismo tiempo, en razón de su cargo, son consejeros de la sociedad, dimitieron de este puesto hace siete meses.

Sociedad mixta

Costa de Madrid es una empresa mixta, creada en 1967. El Ayuntamiento tiene el 51% de las acciones y el resto pertenece apersonas privadas. La aportación municipal es también objeto de discusión, y consistió en terrenos situados en las márgenes del pantano. Casi 474 hectáreas se han ido vendiendo a empresas inmobiliarias, que han construido y vendido a su vez apartamentos o chalets. Hasta ahora, y según las cuentas de la sociedad, los beneficios en estos años ascienden a poco más de cuarenta millones de pesetas, de los que veinte se han entregado al Ayuntamiento.La polémica surge ahora, porque una parte de los concejales creen que la aportación municipal se reduce a las 474 hectáreas citadas. La parte privada se apoya en una cláusula de la escritura, donde se dice que el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias se compromete a aportar a la empresa, mediante el previo cumplimiento de los trámites requisitos legales, y en la forma que se considere oportuna, el resto de los terrenos de su propiedad así como aquéllos que fueron del mismo, y en trámite de reversión de una superficie total aproximada de 1.500 hectáreas, que deberán ser valoradas por el precio urbanístico que en su día corresponda. En total, unas 2.000 hectáreas.

Negligencia municipal

Por su parte, Enrique de Sarasola, actual gerente de la empresa, y representante de la parte privada, opina que la actitud municipal de mantener paralizada la sociedad y haber solicitado la intervención del Gobierno Civil, es una forma de intentar salirse del tema y no reconocer su propia negligencia en la gestión de la sociedad. Aunque con la advertencia previa de que no puede facilitar datos internos de la empresa, insiste en que el presidente del consejo de administración es el alcalde, y que cuatro concejales son consejeros, por lo que es imposible que no estén enterados de la convocatoria de juntas generales, que son convocadas justamente por el presidente del consejo.A su vez, los mismos concejales que dimitieron estuvieron de acuerdo con la marcha de la empresa, y así consta en documentos firmados por ellos.

Según consta en varios escrito, incluso en un requerimiento notarial, la parte privada ha pedido al Ayuntamiento que nombrara censores de cuentas que analizaran los balances y cifras económicas.

A nivel personal, Enrique de Sarasola quiere hacer constar que él no participó en la constitución de la sociedad, por ser su incorporación posterior, y que no entra en el hipotético cambio de las escrituras aunque estima que no hay tal . La sociedad tuvo pérdidas los primeros años, y sólo a partir de 1974 se registró un saldo favorable de más de cuarenta millones, que se repartieron.