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El Gobierno perdió la primera batalla de la reforma sindical

La primera batalla de la guerra iniciada el martes en las Cortes, sobre la regulación del derecho de asociación sindical, fue ganada ayer, en la comisión de Leyes Fundamentales, por los partidarios del sindicalismo vertical, que consiguieron introducir en el frontispicio del proyecto de ley a debate que la constitución de asociaciones sindicales se realizará "en cada rama de actividad", versión renovada de los vigentes sindicatos por ramas de producción, inventados por el Estado nacionalsindicalista en 1938.El número uno del artículo primero del proyecto de ley de regulación del derecho de asociación sindical, que resultó aprobado al comienzo de la sesión de ayer por dieciocho votos a favor, catorce en contra, y cuatro abstenciones fue el siguiente: «Los trabajadores y los empresarios podrán constituir en cada rama de actividad, a escala territorial o nacional, las asociaciones profesionales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses respectivos.»

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Votantes a favor y en contra del texto de la ponencia

Los reformistas de las Cortes sólo pudieron paliar la derrota del Gobierno, y muy especialmente del ministro de Relaciones Sindicales, mediante una hábil utilización del reglamento de la Cámara, que les permitió el sometimiento a votación de una serie de enmiendas que, al obtener un número suficiente de votos favorables -diez como mínimo-, podrán ser defendidas en el Pleno. Será, pues, en el Pleno de las Cortes donde el Gobierno ganará o perderá definitivamente la guerra de la regulación del asociacionismo sindical, si antes no tira por la calle de en medio, retirando el proyecto de ley y regulando esta materia por decreto ley, como hubiera sido más expeditivo desde el principio.Lo paradójico de la situación producida ayer en la comisión de Leyes Fundamentales y Presidencia del Gobierno residió en que el Gobiernó resultó derrotado de hecho, aunque formalmente la derrotada fue la ponencia y el texto aprobado el que figuraba en el inicial proyecto del Gobierno.

Para explicar este galimatías legislativo hay que tener en cuenta que el Gobierno, que en principio se había propuesto regular esta materia por decreto-ley, ante determinadas resistencias en el propio Ejecutivo -con anterioridad al cese del teniente general De Santiago, como vicepresidente del Gabinete-, envió a las Cortes un proyecto de ley, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 4 de noviembre, dos semanas antes de que el Pleno de las Cortes aprobara por abrumadora mayoría la reforma política.

La posterior clarificación política del país en un sentido democratizador, con todos los respaldos necesarios, y el transcurso del tiempo -incluida la victoria gubernamental del referéndum- debieron aconsejar al Gobierno, aumentar los quilates de credibilidad democrática del proyecto de ley.

Aunque reglamentariamente no había fórmula para ello, el hecho de que la ponencia, inspirada o espontáneamente, mejoró notablemente el proyecto de ley, y el propio ministro de Relaciones Sindicales, al presentarlo ante la comisión legislativa, elogió la labor de los ponentes.

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Explicado esto, resulta comprensible que los procuradores continuistas votaran en favor del texto del Gobierno, hecho suyo por los señores Madrid del Cacho, Lamo de Espinosa y Martín Sanz, mientras que los procuradores reformistas, a pesar de sintonizar políticamente con el Gobierno, votaron contra el texto inicial de éste y a favor del de la ponencia, que resultó derrotado.

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Aprobada la constitución de asociaciones sindicales "en cada rama de actividad"

Previamente, fue derrotado el texto de la ponencia, por un solo voto de diferencia y con la siguiente redacción: «Los trabajadores y los empresarios podrán constituir las organizaciones que estimen convenientes para la defensa de sus respectivos intereses profesionales o sindicales.»Votaron a favor de este texto doce procuradores, en contra trece, y se abstuvieron tres. Fernando Suárez -que se había abstenido- advirtió de su comprobación aritmética, de que el total de procuradores que acaban de participar en la votación, veintiocho, era inferior al quorum requerido, así como que el tema era de gran trascendencia.

Sin embargo, por no haber solicitado el recuento con anterioridad a la votación, su advertencia no surtió efectos.

Seguidamente, con grandes reflejos reglamentarios, el señor Esperabé manifestó que hacía suyo, como voto particular, el texto de la ponencia. El único efecto de esta votación sería obtener en su caso, los votos suficientes en la comisión para defender el texto citado en el Pleno de las Cortes. El señor Esperabé obtuvo quince votos favorables al texto reformista de la ponencia y se reservó el derecho a defenderlo en el Pleno.

El ejemplo cundió. Los señores Merino, Sancho Rof, Regalado y Meliá, pertenecientes a los sectores más progresivos de las Cortes, sometieron también sus enmiendas a votación, con resultado positivo cara a su defensa en el Pleno.

La de los señores Merino y Regalado, quienes obtuvieron once votos, defendían la supresión de la frase «en cada rama de actividad», y en el caso del señor Merino también la mención a la escala territorial o nacional.

La del señor Sancho Rof, que obtuvo quince votos, decía así: «Los trabajadores y los empresarios tienen el derecho de constituir las asociaciones sindicales que estimen conveniente, para la defensa de sus respectivos intereses.»

La del señor Meliá, que obtuvo doce votos, decía que debe sustituirse la palabra «asociaciones profesionales» por la de «organizaciones».

Todos los citados procuradores manifestaron su reserva del derecho a defender en el Pleno sus respectivas enmiendas.

Algunos procuradores continuistas protestaron por este pequeño éxito, alegando que el señor Meliá, por ejemplo, no había defendido en su momento la enmienda y ahora la había sometido a votación

Una modificación gramatical, al Pleno

Más eficaz fue la propuesta del señor Lapiedra, quien encontró la fórmula de contrarrestar el citado éxito, solicitando que se sometiera a votación una enmienda suya que pedía una pequeña modificación gramatical en el texto del Gobierno que él aceptaba en lo esencial. Su argumento fue que, de esa forma, el texto del Gobierno tendría algún defensor convencido en el Pleno, ya que la ponencia, encargada reglamentariamente de defenderlo, había votado en contra.

Sometida a votación su enmienda, el señor Lapiedra obtuvo dieciocho votos a favor, con lo que se acrecienta el interés del Pleno de las Cortes, en el que de nuevo se dilucidarán las dos posiciones legislativas enfrentadas ayer en la comisión de Leyes Fundamentales.

A lo largo del debate, la ponencia soportó ironías por parte de los procuradores más conservadores, como cuando la señorita Mónica Plaza -que se autocalificó como «conservadora revolucionaria»- les calificó de «autoridades en materia sindical» y «fundadores del sindicalismo actual».

El señor Fugardo, durante cuya intervención los procuradores comentaban las incidencias del reciente rosario de votaciones, manifestó: « ¡Así no se puede hablar! No sé si me hablan a mí o me están, insultando. No hay respeto de unos a otros, en plena democracia..» Más tarde, al observar que se dibujaba una leve sonrisa en el rostro del ponente, señor Meilán, gritó: «Si se ríe el ponente, yo no hablo. Está pasando como en Venezuela, que había tanta democracia que me detuvieron en el aeropuerto.»

El señor Meilán replicó: «Yo no creía que mi sonrisa provocara la hipersensibilidad del señor Fugardo.» Y añadió: «A mí me ha ido muy bien con la democracia, aquí y fuera de aquí.»

El debate sobre los siguientes párrafos del artículo primero continuó durante varias horas sobre dos temas esenciales: la autonomía de las asociaciones sindicales y la eventual vinculación de ellas a los partidos políticos.

La mayoría de los procuradores se mostraron favorables a que se evite la injerencia de la Administración en las organizaciones sindicales, así como estimaron que es inútil prohibir la vinculación sindical a los partidos.

Una petición del señor Meliá, en el sentido de que a las asociaciones u organizaciones profesionales que se creen, según la nueva ley estén exentas de cualquier tipo de impuestos, no pudo ser discutida por estimar el Gobierno que tal enmienda implicaba reducción de ingresos.

Tabla de salvación

Por otra parte, poco antes del término de la sesión -y en un intento de salvar el peligro de la verticalización de las asociaciones sindicales futuras- el señor Castro Villalba, a quien apoyaron sindicalistas distinguidos como el propio ex ministro José Solís, propuso la adición de un nuevo apartado al artículo primero del proyecto de ley, por el que se dijera: «A los efectos de esta ley, se entiende por rama de actividad el sector económico, la profesión o cualquier otro concepto análogo que los trabajadores o los empresarios determinen libremente en los estatutos, como marco de su estructura organizativa.»

Antes de que se sometiera a votación, e incluso de que tomara posición la ponencia sobre éste y los restantes temas pendientes del artículo primero, el presidente de la comisión, señor López Bravo, levantó la sesión hasta hoy, a las cinco de la tarde.

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