Costes y beneficios en el negocio del pan

Después de la agitada primavera vivida por el gremio panadero se ha reactivado una conflictividad que parecía ya cancelada tras de los rentables precios conseguidos por los industriales y la resignación de los consumidores a pagarlos.Sin embargo, un nuevo y ruidoso contencioso se ha planteado, si bien en esta ocasión, la disputa afectaba exclusivamente al sector, pues sólo intervenían los fabricantes de pan y los detallistas.

A nadie que haya seguido de cerca el «affaire» del pan deben sorprenderle los hechos recientes; en realidad, se trata de una consecuencia fatal del arreglo de precios del mes de mayo. Entonces se aprobaron unos precios al consumo suficientemente altos como para desencadenar un forcejeo entre los industriales y los expendedores al público a fin de establecer las respectivas participaciones en el margen del beneficio que los nuevos precios proporcionaban.

El coste del pan

El coste del pan tiene dos fases claramente diferenciadas. La fase industrial y la distribución o venta al público. En cuanto a la primera, la descomposición del coste de un kilo de pan, en valor promedio, y para los renglones más significativos es:- Harina eingredientes 14,70pts/kg.

- Energía y combustible 1,20 »

- Mano de obra 12,50»

- Amortización y Gastos generls 2,00»

T O T A L pts/kg. 3 0, 40

Estos serían los costes de fabricación, en los que se ha recogido con holgura desde la materia prima principal (800 grs. de harina para fabricar 1 kg. de pan) hasta unas cuantías importantes para dotación de amortizaciones y gastos generales de la industria. Destaca el hecho de que los salarios directos e indirectos representan 12,50 pesetas por kilogramo de pan fabricado y se corresponde a los desembolsos por todos los conceptos -remuneración, seguridad social, vacaciones, etcétera- en una empresa tipo con 10 obreros de plantilla y una producción de 150 kilos de pan por obrero en jornada normal de trabajo. Esta es la empresa modelo para la fijación del escandallo propuesta por la Agrupación Nacional de Panadería.

Si al coste industrial añadimos el beneficio del fabricante más el transporte o distribución y el margen del detallista tenemos el coste total del kilogramo de pan.

- Coste industrial 30,40pts/kg.

- Beneficio industrial (10%) 3,10 »

- Reparto a la tahona 1,50 »

- Margen al detallista 5,50 »

T O T A L pts/kg. 40, 5 0

Un beneficio industrial del 10 por 100, más un alto coste del reparto, más un 15 por 100 del beneficio sobre cost.e industrial al detallista remontan el coste total del kilo de pan a 40,50 pts/kilo. Si en el caso de Madrid se considera un precio medio de 43,50 pts/ kilo para los formatos principales resulta, por tanto, que existe aún un margen adicional, después del beneficio industrial y comercial, de 3 pts/kilo.

Exceso de capacidad: los detallistas exigen

Desde el primer momento los detallistas exigieron y, al parecer, lograron un aumento del margen comercial. Su poder de negociación era mayor que antes, dado que existe un exceso de capacidad en el sector, y a los nuevos precios todos los fabricantes estaban dispuestos a aumentar su producción.Pero a esta disputa vinieron a unirse los fabricantes de pan de otras provincias. Como es sabido las disposiciones relativas a la fabricación y venta de pan tienen un ámbito provincial con el propósito de adecuar los precios de venta de cada provincia a la estructura de los costes industriales louales. Ya sea por discrepancia en el cálculo de los costes o por diferencias grandes de productividad, o por el manejo de las propuestas de escandallo, el resultado ha sido que provincias limítrofes tienenhoy precios sustancialmente distintos de tal manera que los panaderos de las provincias con precios bajos están tratando de entrar en aquéllos con precios altos ya que la diferencia de precio de venta compensa con creces el coste del transporte.

Esto es, creemos, lo que ha sucedido en Madrid cuando un fabricante de otra provincia ha tratado -de acuerdo con algún despacho de venta que necesitaba aumentar su volumen de ventas- de abordar este mercado. Para ello redujo sustancialmente los precios de venta al público -probablemente reajustando los márgenes industriales y comerciales, pues había lugar para hacerlo- y como respuesta la tienda que sufrió las consecuencias de esta competencia de precios, dio el espectáculo del pan regalado.

¿Qué hace la administración?

Es de esperar que lo que acabamos de leer en las páginas de sucesos de los diarios es el segundo y penúltimo acto de la comedia del pan. En el tercero y último creemos que corresponde a la Administración definir cuál es su papel en la fijación del precio del producto más elemental de consumo.Está bien que la Agrupación Sindical de Panaderos de Madrid haya conseguido llevar adelante su propuesta del alto escandallo de coste tomando como representativa una empresa con baja productividad, pero lo que no es aceptable es que pretenda además qué precios máximos se conviertan en precios fijos y se produzca una repartición del mercado entre panaderos y detallistas para evitar cualquier conato de competencia. En las actuales circunstancias si se están manteniendo los precios máximos autorizados es porque existe un acuerdo entre productores y distribuidores para repartirse el mercado.

En este punto, creemos que tiene que entrar la Administración para fijar el marco en que se tiene que desenvolver el comercio de este producto. No entramos si es el gobernador civil -como delegado de abastecimientos de la provincia- o la Junta Superior de Precios o quien sea, pero es preciso establecer las condiciones de competencia tanto a nivel de fábricas y de despachos como a nivel interprovincial. No tiene explicación. que el 50 por 100 del coste del pan sea mano de obra de fabricación y distribución, definiendo así un sector cuya productividad será probablemente una de las más bajas en España; para un consumo promedio de 200 amos por persona y día, resulta que se ocupan en España 50.000 personas en la fabricación de pan y otras tantas en su venta y reparto.

Y es que el pan es uno, entre muchos, de los casos más representativos de la urgente necesidad de que la Administración recupere la iniciativa en la fijación, aprobación e vigilancia de los precios.