Dirigentes democristianos denuncian la violación de derechos civiles en Chile
Cinco personalidades chilenas, entre ellas tres dirigentes de la Democracia Cristiana, enviaron en estos días a los ministros de Asuntos Exteriores latinoamericanos, que asisten en Santiago a la Asamblea de la OEA (Organización de Estados Americanos), un escrito en el que se describen minuciosamente los atentados contra los derechos civiles en Chile.La importancia de este escrito radica en que sus firmantes fueron destacados opositores al régimen izquierdista de Salvador Allende. Uno de ellos, Jaime Castillo Velasco, fue ministro de Justicia durante la presidencia del democristiano Eduardo Frei.
La reacción de la prensa afecta a la junta militar, casi toda, no se ha hecho esperar y los cinco signatarios del documento han sido calificados de «traidores a la patria», «canallas» y « sinvergüenzas ».Detenciones masivas
El documento está redactado con datos de la experiencia recogidas por sus firmantes en el ejercicio de la abogacía. En una de sus principales denuncias se afirma que «desde hace tres años continúan la detenciones masivas de ciudadanos», detenciones que se realizan «de una manera arbitraria y por un tiempo indefinido».
Los firmantes del documento subrayan que las autoridades militares consideran ahora como enemigos a las personas a las que antes no se tenía por tales, especialmente a miembros del partido que no fueron miembros de la Unidad Popular, personalidades que pertenecen a la Universidad o a instituciones sociales, y los propios padres de los detenidos.
El documento afirma que se ha convertido en «una costumbre» la detención ilegal y sin plazo fijado de antemano y que el interrogatorio extrajudicial «a base de coerción, es un elemento esencial del sistema».
Todopoderosa DINA
El escrito da algunos detalles de la configuración y actuación de la policía secreta boliviana, la DINA, de la que afirma que se ha convertido en «todopoderosa e irresponsable». El personal de esta policía, que depende directamente de la Junta militar, procede preferentemente de las Fuerzas Armadas, pero muchos de sus agentes fueron reclutados entre las capas más bajas de la sociedad, tanto desde el punto de vista moral, como cultural y penal.
La DINA se niega a dar ningún tipo de información sobre la situación o paradero de los detenido!, incluso al Ministerio del Interior.
El documento da igualmente precisiones sobre los centros secretos de detención, cuya existencia ha sido confirmada indirectamente por las propias autoridades, al negar su acceso a ellos a la comisión interamericana de Derechos Humanos, que recientemente elaboró un informe sobre Chile.
«Una simple visita a los campos de prisioneros sería suficiente para comprobar, en muchos casos, que los detenidos llevan sobre sus cuerpos las señales del trato que han sufrido», dice el escrito.
El documento denuncia igualmente la desaparición de numerosas personas previamente detenidas por los militares o por la DINA y ataca duramente a los jueces civiles y al Tribunal Supremo, al que acusa de haber abandonado «de forma voluntaria, y contra su propia tradición, el derecho de instruir los recursos presentados contra las abominables sentencias de los tribunales militares».
