El Ayuntamiento se niega a subvencionar los déficit de Saltuv
Estos últimos días se han iniciado de nuevo las visitas de Saltuv, empresa concesionaria de transportes en Valencia, a la Corporación municipal con el fin de sanear su economía deficitaria que empieza a ser crónica desde hace tres años. El lunes se buscaba un nuevo interlocutor al desplazarse ambas partes a Gobierno Civil para mantener una entrevista con Mariano Nicolás García, gobernador civil. Se trata de agilizar una comisión interministerial que, según la empresa, está constituida para estudiar el problema, aunque ésta no haya aparecido publicada en el «Boletín Oficial del Estado.»La reclamación actual de Saltuv al Ayuntamiento, por los últimos ejercicios económicos, se cifra en 190 millones de pesetas. Sobre la primera reclamación, el Ayuntamiento sólo abonó 10 millones, que consideraba lo justificante, existiendo en estos momentos un recurso contencioso administrativo interpuesto por Saltuv.
En fuentes municipales se estima que pagar el déficit financiero a una concesionaria constituye una postura a aplicar en casos excepcionales, pero que no puede constituir una constante anual. En este caso sería más adecuado municipalizar los servicios de transportes. El transporte en Valencia no es un servicio que se da al Ayuntamiento y que éste paga, sino que se ofrece al público. Por ello la entidad municipal se convierte en sujeto pasivo de circunstancias en las que no puede actuar, como son las de unos precios políticos de transporte o unos convenios colectivos de empresa que suponen aumento de salarios.
Este conflicto se inició hace unos meses. Todos los autobuses de Saltuv, impulsados por la patronal, que en este caso, por ser empresa cooperativista, a la vez son parte laboral, pararon toda una mañana en la plaza del Caudillo, como medida de presión ante el Ayuntamiento.
La fórmula elegida ahora no es la de los legalismos sino de conversaciones oficiosas, con el fin de llegar a un nivel de acuerdo más rápido que los largos trámites judiciales. A la vez, se trata de potenciar la intervención de la Administración central en un asunto que puede adquirir carácter crónico, ya que la concesión iniciada en el año 1964 tiene una vigencia de 49 años. Saltuv, desde hace tres años finaliza el año económico con agudos déficits económicos.
Por parte de la empresa se alega el deber de la Corporación a sufragar los déficits de las empresas concesionarias, a la vez que facilitar una mayor velocidad de circulación a los autobuses por las calles de la ciudad.
