“Una chapuza de Pepe Gotera”

El futuro institucional del FC Barcelona se dirime en un despacho de la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz decidirá previsiblemente en los próximos días si admite o no la querella contra el presidente culé, Sandro Rosell, por supuesta apropiación indebida en el contrato de Neymar, un fichaje con evidentes zonas grises. El socio opositor Jordi Cases, que interpuso la denuncia el pasado 5 de diciembre, ha ampliado su escrito a la vista de la documentación aportada por el club por orden del magistrado instructor. Cases entiende que el montante global que abonó el Barça por los servicios del delantero brasileño se eleva a 94,4 millones de euros ya que parte de lo que en realidad es la ficha del jugador se oculta bajo distintos "contratos simulados". El club, por su parte, niega que estos contratos asociados a la ficha formen parte de la misma operación y limita el coste del jugador a los 57,1 millones sobre los que insiste Rosell.

El delito de apropiación indebida por "distracción", que tanto Cases como la Fiscalía atribuyen a Rosell, deriva del hecho supuesto de que los contratos firmados entre Neymar y el Barça "no responden a lo indicado en los mismos". Esta figura delictiva de la distracción, penada con entre uno y seis años de cárcel, no implica que quien la comete se haya quedado con los bienes en su beneficio, sino que lo que castiga es una administración desleal.

Lo que el Barça califica como una "brillante estrategia deportiva y negociadora", Cases lo reduce en su querella a "una chapuza más propia de los entrañables personajes de tebeo Pepe Gotera y Otilio que de un club serio". El socio opositor recuerda en el escrito ampliatorio que en junio de 2013 el Barça firmó el contrato con Neymar a través de una sociedad del padre del jugador, cuando este era aún propiedad del Santos. Oficialmente, en ese contrato, 17,5 millones se destinaron a pagar al club de procedencia del delantero por sus derechos federativos y 40 millones se abonaron a la sociedad del padre de Neymar en concepto de "cláusula de penalización" por un incumplimiento formal de un contrato anterior, de 2011, en el que el Barça se comprometía a contratar a Neymar en 2014, cuando acabara su contrato con el Santos.

Rosell sostiene que el hecho de fichar al jugador pocos meses antes de que quedara libre suponía incumplir el contrato de 2011, lo que obligaba a indemnizar al jugador. Sin embargo, Cases lo ve de otra manera: "No hay daño a reparar, ya que se le mejoraron las condiciones, por lo que no cabe una indemnización".

Tras consultar los contratos remitidos por el Barça al juez Ruz, Cases interpreta que entre 2011 y 2013 el contrato laboral de Neymar subió de 36 a 46 millones; los derechos de imagen, de seis a ocho millones y además se añade un pago de 8,5 millones que no existía en el contrato de 2011.