El péndulo

En un país tan dado al efecto péndulo, no se podía esperar menos de los vaivenes legislativos en las regulaciones de la industria cinematográfica. Están a la altura del tópico, sin conocer un cierto equilibrio que no jugara tanto a cumplir esa manida expresión del “cambio de paradigma”. Si antes se premiaba el resultado en taquilla, ahora llega el momento de incentivar la película en su producción, no en su estreno. Para huir de los polvos y lodos que han manchado a una parte de la industria, y que han acabado con sumarios en cuatro juzgados madrileños por falseamiento documental a varias productoras por inventarse sesiones e ingresos en taquilla, el ICAA, el organismo encargado del cine dentro el Ministerio de Cultura, primará ahora a la solvencia de los productores y el respaldo que vaya a tener el filme en su estreno. De ayudar a posteriori, con lo que suponía que las productoras tardaran años en recibir el dinero, a empujar los filmes desde sus inicios. Suena bien, ¿cierto? Sí, pero no.

Porque en España las dos principales productoras de cine son las dos empresas ligadas a las dos grandes televisiones privadas. A ellas casi parece señalar con el dedo la parte principal de los nuevos fondos, porque a esas ayudas generales podrán aspirar las películas producidas en España que tengan un coste mínimo de 1,3 millones de euros, al menos el 35% del presupuesto ya garantizado y que se estrenen en 20 salas como mínimo. El 85% de las ayudas estarán destinadas a esas producciones. Fenomenal, pero el presupuesto medio de una película española apenas llega justo a ese 1,3 millones de euros, y como saben todos los que estudiaron estadística: si una persona se come tres pollos, y otros dos pasan hambre y ni los huelen, las encuestas dirán que cada uno ha paladeado su pollo. En septiembre, FAPAE, la confederación que agrupa a las asociaciones de productores, anunció que hasta ese momento había 114 rodajes, aunque de ellos solo 59 eran filmes de ficción. ¿Cuántas de esas películas superaban los 1,3 millones de euros? ¿Una docena? Parece más fácil cumplir lo de las 20 salas. En el primer borrador se pedían 40, algo solo alcanzable para unos pocos.

El segundo apartado, “ayudas selectivas”, a las que van el 15% de los fondos, se destina para filmes “con un especial valor cinematográfico, cultural o social, de carácter documental o que incorporen a nuevos realizadores”. Su coste máximo no podrá superar 1,8 millones (en el primer borrador ponía de máximo 1,6, ahora se abre un poco la horquilla) y tendrán que demostrar contar ya con garantías sobre al menos el 10% del presupuesto. Hasta aquí bien. Cualquier película que aspire a fondos públicos, eso sí, deberá acreditar su “carácter cultural”. Pero en realidad por presupuesto a estas ayudas se apuntarán la mayoría de las películas españolas.

La Unión de Cineastas apuntaba, tras la publicación del borrador de esta orden: “Se hace casi imposible la aparición de nuevos productores, se eliminan en la práctica las coproducciones internacionales minoritarias, en particular las proyectadas con Latinoamérica, y se penaliza a las distribuidoras nacionales en beneficio de las majors, insólito criterio sin precedentes en cualquier país europeo”. Se refiere a que para cobrar el 100% de la subvención hay que sumar puntos, hasta 80. Y se obtienen con, por ejemplo la “solvencia del beneficiario” (22 puntos), es decir, la trayectoria del productor, la “viabilidad económica” (40), que prioriza los proyectos que ya cuenten con acuerdos previos con distribuidora -cuanto más grande, mejor-, agencia de ventas internacionales y una televisión.

La música era buena, la letra no tanto. Dar el impulso al cine a priori y no a posteriori es un buen concepto. Que la otra Orden aprobada hoy se centre en el coste de una película –con el ojo puesto en que nadie hinche un presupuesto- tampoco está mal. Pero en el camino han ganado las televisiones y perdido la clase media del cine español. Dentro de cuatro años, cuando haya otro cambio legislativo, hablaremos del otro extremo del péndulo.