La Junta andaluza y Boliden, cara a cara por fin en un juicio 25 años después del desastre de Aznalcóllar

Transcurridos 25 años del desastre de Aznalcóllar (Sevilla), un vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al entorno de Doñana, este martes la Junta de Andalucía y la multinacional minera sueca Boliden han confrontado por fin sus versiones opuestas en el juicio para dilucidar quién debe pagar la factura de 89 millones que costó la limpieza medioambiental. Tras cinco años de negociaciones secretas iniciadas en 2016, el Gobierno autonómico rompió el año pasado las conversaciones y forzó la vista oral por la vía civil que ha comenzado esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla.

Es el primer gran juicio que se celebra por la tragedia medioambiental de Aznalcóllar tras el archivo de la causa penal poco después del vertido en 1998 y un contencioso-administrativo que ganó en el Tribunal Supremo el antiguo Ministerio de Medio Ambiente para que Boliden pagara los 43 millones que se gastó en la limpieza de lodos tóxicos, pero que nunca llegó a cobrar por la insolvencia de la filial española. Este martes los primeros testigos han reforzado la tesis de la Junta, que pelea por que el juez José Manuel Martínez reconozca que Boliden debe responder por la contaminación que provocó la rotura de su balsa minera al inundar el cauce del río Guadiamar.

Boliden alega que su filial se gastó 100 millones en la reparación ambiental y que dejó los terrenos en buen estado, mientras que la Junta defiende que la reparación se prolongó hasta 2006 con un “altísimo nivel de inversión”, incluidas costosas obras y estudios. Para el Gobierno andaluz, cuando los trabajos más caros continuaron, la filial española de la matriz sueca ya se había disuelto. “Cuando hicimos la restauración no hubo manera de reclamar nada, [Boliden] ya se había quitado de en medio”, ha relatado como testigo Juan López, exjefe de gabinete de la Consejería andaluza de Medio Ambiente. La abogada de la Junta ha resaltado la labor de los técnicos y funcionarios del Ejecutivo, a los que el abogado de Boliden apenas ha hostigado, manteniendo un tono cordial.

“Entendemos los sentimientos y razones por la situación creada en Andalucía y pedimos disculpas, pero hicimos todos los esfuerzos posibles tras el accidente. Luego dejamos el área en buena situación, así que nos sorprendió la reclamación económica de la Junta”, ha alegado Klas Nilsson, portavoz de la multinacional, a la salida de la vista oral.

Tras el vertido y para comenzar la limpieza de lodos, la Junta creó el corredor verde del Guadiamar sobre 4.600 hectáreas, expropió terrenos y replantó nueva vegetación que regenerara los suelos contaminados. Para recoger con urgencia los lodos antes de que llegaran las lluvias de otoño, el Ejecutivo puso en marcha un órgano de coordinación con biólogos e ingenieros que dirigieron las obras y supervisaron los trabajos de todas las Administraciones y Boliden.

López fue el responsable de elaborar el informe clave que enumera los gastos de la Junta para neutralizar la contaminación por arsénico, zinc y cadmio que arruinó cosechas, inutilizó pozos, y de un plumazo fulminó la biodiversidad del Guadiamar, incluida la muerte de miles de peces. “El proyecto de restauración integral buscaba eliminar la contaminación persistente y agravada con el tiempo, dada la alarma social creada”. López recordó los comentarios recurrentes en la zona contaminada sobre la aparición de patos con mutaciones tras el vertido.

A continuación, el excoordinador de la oficina de restauración medioambiental, Javier Serrano, explicó al juez que la primera pregunta fue cómo actuar, ya que la literatura científica para vertidos de desechos mineros era escasa: “Determinamos no actuar por intuición, sino por evidencia científica, aunque había que innovar (…) El desastre afectó a la cotización internacional en bolsa de Boliden y pagaron las indemnizaciones de las cosechas perdidas ese año, unos 10 millones. Una vez se acabó el dinero, se fueron”, ha contado sobre el vertido, de unas 1.600 piscinas olímpicas. “La contaminación de lodos es muy a largo plazo, puede durar siglos”, ha añadido.

La Junta acometió una urgente restauración ecológica con plantas de reducido tamaño acompañadas de pequeñas islas arbóreas —cifrada en 16 millones—, además de análisis de las aguas subterráneas, de la atmósfera y de sangre a la población para comprobar si los metales pesados habían saltado a la cadena trófica.

Por último, el jefe del servicio de planificación de la Consejería de Medio Ambiente, José María Arenas, detalló las 13 estaciones de control de calidad del aire, los 70 puntos de muestreo de aguas con analíticas diarias y los recursos para cartografiar con vuelos las 4.600 hectáreas de actuación. “No había caminos, ni linderos, ni cartografía de detalle para la restauración (…) Sacamos un herido de muerte de la UCI, pero se convirtió en un enfermo crónico”, ilustró. Arenas puntualizó que la Junta “se quedó corta” en su estimación de gastos, ya que solo incluyó hasta 2002, mientras que los trabajos siguieron hasta 2006.

Meses antes del desastre, un exingeniero de Boliden advirtió a Canal Sur que la estabilidad de la balsa de residuos mineros era muy frágil. Los sucesivos avisos de los ecologistas no lograron que la Junta obligara a Boliden a reforzar la estructura, por lo que cuando se rompió la balsa y los lodos salieron disparados en abril de 1998, la opinión pública culpó al Gobierno andaluz y a la minera de negligentes. “La Administración perdió completamente la credibilidad, solo la tenían los ecologistas y los científicos”, ha admitido en el juicio Serrano. Sentado entre los periodistas, el responsable de minería de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, ha matizado: “Nunca ha admitido eso en las decenas de reuniones que hemos tenido con él sobre el vertido”.

Serrano ha culpado a la minera sueca del accidente: “La balsa se rompió por la cantidad de agua, que nunca debió estar ahí y fue una barbaridad, pero Boliden necesitaba eso por un tema de economía de escala”. Fuera del juicio, Albarreal afirmó que Ecologistas en Acción espera “que alguna vez haya una condena a Boliden” por el desastre.

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