Fracasa el primer asalto del PP europeo en la Eurocámara a una ley medioambiental clave

El Partido Popular Europeo (PPE) de Manfred Weber ha sufrido este jueves un primer traspié en su estrategia de usar la propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) de la Comisión Europea como caballo de batalla ante un intenso año electoral en Europa. La comisión de Medio Ambiente frenó en Estrasburgo su intento de hacer descarrilar la normativa, una pieza clave del Pacto Verde europeo, al rechazar una especie de enmienda a la totalidad del texto de los conservadores que habría supuesto de facto su muerte legislativa. “Feliz por la derrota de la derecha y de la extrema derecha hoy. Querían matar la LRN y han fracasado”, ha celebrado el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Pascal Canfin (Renew).

No obstante, lo ajustado del resultado de esa primera votación, así como el hecho de que el voto final de la totalidad de la ley haya sido retrasado hasta el día 27 ante la imposibilidad de acabar de aprobar todas las enmiendas en esta jornada, muestra la fragilidad de esta pieza clave del Pacto Verde europeo que los conservadores reclaman rehacer del todo, argumentando que el texto actual tiene “fallos estructurales” que harán que afecte al sector agrícola y a la seguridad alimentaria, entre otros.

Canfin ha destacado que, tras la votación del día 27, el texto, esté como esté (todavía cabe la posibilidad de que la propuesta como tal sea rechazada), llegará al pleno de Estrasburgo a mediados de julio. “Ahí Weber no podrá elegir a los miembros del PPE para votar”, ha comentado en Twitter. El francés había acusado esta semana al PPE de haber “amenazado” a los eurodiputados conservadores que se salieran de la disciplina del partido y votaran a favor de la LRN, algo que varios parlamentarios populares europeos habían indicado querer hacer. Aunque Weber negó fehacientemente esas acusaciones, al menos uno de los eurodiputados populares que había anunciado que votaría este jueves a favor de la normativa, el checo Stanislav Polcak, acabó anunciando que había pedido ser “sustituido” en la comisión de Medio Ambiente, aunque aseguró que votará “en conciencia” en julio, donde deberán pronunciarse los 705 miembros de la cámara.

Si la propuesta legislativa sigue adelante y es aprobada en el pleno de julio, se convertirá en el texto base de la Eurocámara para negociar (la “posición negociadora”) de cara a los denominados trílogos, las negociaciones finales a tres bandas —con el Consejo de la UE, es decir, los Estados, que todavía tienen que fijar su posición, y la Comisión— para discutir un texto único definitivo, que deberá volver a ser ratificado por Parlamento y Consejo antes de poder entrar en vigor.

Tanto defensores como detractores de la normativa habían prometido en vísperas de la votación de este jueves que no tirarán la toalla y que la batalla continuará hasta el próximo pleno. Pero el voto de este jueves, ahora aplazado, estaba considerado un fuerte indicativo de si a la LRN le quedan fuerzas para continuar su camino legislativo o si está condenada a convertirse en letra muerta. Si la propuesta legislativa no recibe el visto bueno de la comisión de Medio Ambiente, donde están los eurodiputados más motivados para apoyar medidas de este tipo, la posibilidad de que cambien las tornas a la hora de que se pronuncien los 705 parlamentarios será más reducida aún, coinciden tanto los que apoyan la ley como sus enemigos. Lo ajustados que han sido los votos hasta ahora demuestran que el camino no va a ser, en cualquier caso, fácil.

La atmósfera en la sala de votación, llena a rebosar, estaba tan cargada que Canfin, que había admitido que también sus filas estaban divididas respecto a la ley, se permitió bromear para calmar el ambiente. “Para relajar un poco la tensión, no vamos a empezar con la Ley para la Restauración de la Naturaleza”, dijo entre risas de la sala.

Unas risas que se cortaron en seco en cuanto llegó la primera prueba de la iniciativa legislativa: la propuesta presentada por el PPE para rechazar la LRN provocó que toda la sala contuviera el aliento unos segundos. Hasta que el resultado —un empate que en este caso, según las normas de votación, significa que la propuesta quedaba rechazada y se seguía votando el cuerpo de la ley— provocó que una parte de la sala prorrumpiera en vítores y fuertes aplausos, entre ellos los del socialista César Luena, ponente de la norma que ha luchado hasta el último momento para su aprobación, mientras la otra mitad del espacio torcía el gesto en silencio.

La Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) propone reparar el 20% de la superficie terrestre y marina de la UE para 2030 y el conjunto de los ecosistemas que necesiten ser restaurados para 2050. La iniciativa está considerada un elemento clave del gran proyecto de transición verde europeo y una medida pionera en materia de biodiversidad que, además, ayudará a la UE a cumplir los compromisos internacionales acordados en la COP15 de Kunming-Montreal en diciembre de 2022, en particular sobre la restauración de ecosistemas.

Pero se ha topado con la oposición, sobre todo, de algunas organizaciones de agricultores y ganaderos, que dicen estar lidiando ya con numerosas imposiciones medioambientales de Bruselas. Un descontento que ha generado sustos electorales, como en Países Bajos, donde, en marzo, los agricultores opuestos a los planes del Gobierno de Mark Rutte para reducir la ganadería y a las expropiaciones cerca de zonas naturales protegidas llevaron a la victoria en las elecciones provinciales al Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB).

En los últimos días, las acciones para salvar la ley han sido intensas. La comunidad científica ha movilizado más de 3.000 firmas desmintiendo los argumentos esgrimidos por el PPE contra la Ley de Restauración de la Naturaleza, sobre todo en materia de seguridad alimentaria —los expertos niegan que la normativa vaya a provocar un descenso de la producción de alimentos— o de protección de los agricultores y sus campos (recuerdan que el cambio climático es el principal enemigo). A ellos se han unido casi un centenar de grandes empresas como Inditex, Nestlé, Ikea o el lobby de la industria eólica Windeurope —que ha calificado de “fundamentalmente erróneo” el argumento del PPE de que la ley pone en peligro la industria de la energía renovable—, que también han llamado públicamente a apoyar la LRN. ONG y formaciones políticas han logrado, además, movilizar a casi un millón de ciudadanos que han firmado peticiones y escrito correos electrónicos a los eurodiputados pidiéndoles que aprueben la normativa de biodiversidad.

El PPE afirma que sus estudios le dan la razón y dice que hasta que no tenga garantías firmes de que sus demandas serán escuchadas, no aceptará dar un “cheque en blanco” a una pieza clave de una de las transiciones más profundas de la economía moderna.

Los partidarios de la LRN afirman que la postura del PPE forma parte de una campaña personal con la que Weber busca capitalizar electoralmente el descontento del campo y hacer nuevos guiños a la ultraderecha, a la par que se lanza contra una iniciativa aprobada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con la que, a pesar de compartir familia política, mantiene una lucha soterrada desde que la antigua ministra de Defensa de Angela Merkel fue elegida para el puesto al que aspiraba el hoy líder del PPE.

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