Historia de un sainete medioambiental a las puertas de Doñana: “Todo tiene un planteamiento diabólico”

Los apenas seis kilómetros que van desde la última casa de Trebujena a la orilla gaditana del Guadalquivir son un paisaje mutante. El mural que recuerda que el pueblo fue orgullosa localización de la película El imperio del sol (1987) cede el protagonismo a sinuosas colinas festoneadas de cortijos, cultivos de vides y girasoles. Hasta que, de repente, el horizonte vira a llano, a veces estepario, a otras salpicado de pequeñas marismas recuperadas, donde los flamencos se pasean ufanos ante la casi nula presencia humana. Al otro lado del río, se asoma Doñana. Por si queda alguna duda, Juan Manuel Manego, hostelero del único restaurante de la zona, vecino y acuicultor, lo aclara: “Esto es el paraíso”.

Aunque quizás no lo sería tanto si llegase a prosperar la macrourbanización que pretende enladrillar hasta 2.000 hectáreas de ese paisaje de antiguas marismas colmatadas con un campo de golf, un hotel y 300 villas de lujo. “Como taberna podría venirnos bien, pero es un impacto ecológico muy grande. No se va a hacer”, zanja Manego. El acuicultor, al igual que el resto de 7.000 vecinos de la localidad, lleva ya 20 años escuchando hablar de esos belgas que prometieron la Luna con la promoción del proyecto y “que, de vez en cuando, se dejan ver por el pueblo”. Por eso ni se sorprende del ruido que ahora zarandea las soflamas políticas de Madrid a Cádiz, a cuentas de un proyecto urbanístico zombi que lleva dando vueltas por los despachos desde hace dos décadas y que se ha convertido en este momento en un arma arrojadiza ante las inminentes elecciones municipales.

El último capítulo de este sainete medioambiental lo ha escrito este miércoles la Confederación del Guadalquivir al advertir que vetará el proyecto, pese a que la Junta de Andalucía emitió una declaración ambiental estratégica favorable el pasado 12 de abril. Pero el primero lo redactó el promotor urbanístico belga Bernard Devos —constructor de otro complejo turístico en Benalup—, cuando en 2003 se encaprichó de una antigua marisma desecada en los años sesenta, sin uso desde que se comprobó que su salinidad la hacía inviable para el cultivo. “Se generaron expectativas e incluso se pagaron licencias”, rememora Juan Martín, biólogo, vecino de Trebujena y presidente de la asociación por la defensa de las salinas y marismas Salarte, en referencia a los 1,8 millones de euros en tasas que ya ha abonado la promotora.

La promesa de Devos, empeñado en construir una urbanización tres veces más grande que el propio pueblo en una zona sin protección específica, caló rápido en un ayuntamiento gobernado durante décadas por Izquierda Unida y en el que la derecha poco tiene que hacer. “Fue un movimiento político muy a lo Jesús Gil [excalcalde de Marbella], de mucha especulación y colegueo”, denuncia Pepe Núñez Cabral, presidente de la asociación ecologista Río Limpio. En estos 20 años, el proyecto ha conocido tres alcaldes —todos de IU— y ha ido mutando para sortear desde cambios legislativos a la propia crisis de su promotor e incluso su fallecimiento, ocurrido hace dos años. “Mi padre lo ideó, pero luego lo vendió”, asegura Carol Devos, hija del ideólogo, empeñada en dejar claro que ella no tiene vinculación alguna con los negocios de su padre. De hecho, hoy es la empresa Costa Guadalquivir, S. L., manejada por otros empresarios belgas, la que figura como impulsora. EL PAÍS se ha puesto en contacto con uno de sus gestores, pero no ha recibido respuesta.

Trebujena no fue el único consistorio que se dejó cautivar por los cantos de sirena de la España del ladrillazo de los años 2000. La costa gaditana, incorporada más tarde al turismo que la del Sol, está salpicada de proyectos de macrourbanizaciones en entornos paradisiacos con más o menos protección, atascados desde hace años en trámites burocráticos que se resuelven con lentitud. Es el caso de Tarifa, Barbate o la propia Trebujena, donde alegan que están obligados a dar trámite al expediente para cumplir con la ley. “Se equivocaron en un principio al autorizarlo. Ahora, en Trebujena han aprendido y creo que confían en que sea la Junta o el Gobierno quien lo pare”, apunta Martín. El actual alcalde, Ramón Galán, lo confirma: “Es extemporáneo, estamos a favor de otros proyectos, como la regeneración de las salinas que estamos haciendo con la Junta de Andalucía”.

Pero Núñez Cabral no se fía: “No todos los trámites que ha hecho el Ayuntamiento son de oficio”. Y pone el ejemplo de cómo el consistorio reformuló su informe de demanda de suministro de agua a futuro, rechazado en un primer momento y finalmente aprobado por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) en octubre de 2022. Para ese entonces, además, el predecesor del actual alcalde en el municipio, Jorge Rodríguez, ya era presidente de dicho consorcio, tras renunciar a su cargo de regidor. “Él [por Galán] junto con Jorge [Rodríguez] han movido los informes necesarios para levantar las dificultades planteadas por los técnicos”, ha denunciado este miércoles en una rueda de prensa el portavoz del PSOE de Trebujena, Miguel Guerra.

Mientras, los vecinos del pueblo ni quieren oír hablar de la macrourbanización, algunos por desidia y otros por desprecio. En una localidad con una tasa de paro por debajo del 20% (buena parte de ella estacional) y que se dedica desde hace años mayoritariamente al sector sanitario, pocos son los que cierran filas con el proyecto. “A la mayoría no nos interesa. En un pueblo de izquierdas esto no pega. Es algo que defiende los intereses de los empresarios”, denuncia la técnica de radiodiagnóstico Rosa Olivera, mientras pasea a sus perros. A pocos pasos, un vecino que prefiere no dar su nombre, no lo tiene tan claro: “Quiero bienestar, pero que no perjudique a la naturaleza. Vivo en una de esas colinas y la puesta de sol sobre las marismas es espectacular, por eso salió en la película”.

Conscientes de que no era tarea sencilla sacar adelante su proyecto, los promotores han ido adaptando la macrourbanización, hasta el extremo de ceder la zona que estaba afectada por ser de dominio público terrestre al estar cerca del río para un proyecto de renaturalización de las marismas en el que la Junta de Andalucía está invirtiendo dos millones de euros. Este miércoles las excavadoras trabajaban ya en la zona, ajenas a la polvareda política que se vivía en el pueblo. “La idea es que funcione tan bien como otra reinundación de una marisma cercana que se hizo con el apoyo de WWF y que ya está llena de vida, aunque nosotros decimos de broma que es como si la Administración le estuviese construyendo el jardín al campo de golf”, explica con sarcasmo Núñez Cabral.

“Todo tiene un planteamiento diabólico”, denuncia Martín, preocupado por esa capacidad de los promotores de readaptar el proyecto a todas las trabas que surgen. Ni las más de 500 especies —muchas en riesgo de desaparecer— que están documentadas en la zona, ni la cercanía de Doñana, ni la proximidad de la malograda urbanización Martín Miguel en Sanlúcar, que exhibe entre el abandono las hieles del ladrillazo, parecen doblegar a los empresarios belgas. “Son personas con pasta que no tienen prisa y buscan conseguirlo y, al final, podemos encontrarnos con que lo logren y sea legal, como pasó con el Algarrobico [en Almería]”, denuncia el biólogo indignado.

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