Un salvavidas para los océanos

A principios de este mes se alcanzó por fin un pacto global para proteger a los océanos, tras 15 años de negociaciones. El objetivo de este tratado internacional es salvaguardar y restaurar la biodiversidad marina en altamar, específicamente, el 30% de la superficie. La contaminación, el plástico y el cambio climático afectan gravemente a estos ecosistemas. Y la minería submarina y la sobrepesca son también otras dos amenazas crecientes. Pero ¿cuáles son los próximos pasos?, ¿es suficiente este acuerdo para proteger unas aguas internacionales de difícil regulación? o ¿qué pasa con el 70% restante que está fuera del tratado?

Su relevancia es indiscutible. “Por primera vez se establecen las bases de la conservación y la protección marina, y se fija una superficie y una fecha a cumplir”, comenta Celia Ojeda Martínez, responsable de biodiversidad de Greenpeace. Joám Evans, de la alianza internacional Deep Sea Conservation Coalition, añade que “es una oportunidad para que la comunidad internacional establezca medidas protectoras para la biodiversidad ante la laguna existente en la regulación internacional del derecho del mar”.

Las organizaciones regionales de pesca gestionan en altamar los recursos biológicos, y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en ingles), los recursos minerales, pero no estaba claro quién administra o puede utilizar los recursos energéticos más allá de las plataformas continentales de los Estados costeros y ciertos recursos biológicos de naturaleza sedentaria, explica Evans. Es decir, este tratado viene a poner un poco de orden, de coto y de veda.

“Las aguas internacionales [abiertas a todos los Estados y que están a más de las 200 millas desde las costas que controlan los países] eran territorio de nadie. Todo el mundo podía explotarlas y obtener sus recursos. Las normas existentes regulaban ciertos impactos, pero ninguna legislaba la protección de los océanos”, subraya Ojeda. “Es un gran avance porque crea un marco legal para actuar con decisión y crear más reservas marinas, especialmente en áreas que quedan fuera de las aguas controladas por cada nación”, sostiene Álvaro Luna, profesor del grado de Medio Ambiente en la Universidad Europea.

¿Qué implica?

La conferencia intergubernamental de la ONU, a cargo de sacar adelante este pacto, no lo ha tenido fácil. Tras años de discusiones, y superados los escollos, entre ellos la financiación y la gestión de los recursos genéticos, que se usan con fines científicos o comerciales, los países se comprometen a crear áreas marinas protegidas en las que no tienen cabida la actividad humana (minería, pesca industrial y extracción de gas y petróleo). También a la mejora de la cooperación y la gestión del transporte marítimo, la pesca y la explotación de otros recursos.

“Se busca establecer un gran parque nacional en altamar”, ilustra Ojeda. Esto permitirá recuperar la flora y la fauna, que tengan un efecto reserva y exporten vida a las áreas cercanas. “Los peces dentro de la reserva, al ser más grandes y numerosos, saldrán del santuario, lo que es beneficioso para el resto del océano. En el caso de los hábitats, se hacen más fuertes y pueden soportar mejor los impactos, como absorber mayores cantidades de CO2 o emitir más oxígeno”, detalla.

Pero aún quedan flecos sueltos por cerrar. La adopción y ratificación por los 200 países —aunque solo se necesita la corroboración de 60— y la implementación (hay que identificar las áreas a proteger y cómo se van a financiar). Las dos primeras son cuestiones más formales y que los expertos esperan que se solventen pronto, pero la tercera es más peliaguda. “El gasto, a cargo de los Estados, ha sido materia de conflicto e hizo que se retrasara la negociación. Pero en el tratado se fijan ya los porcentajes a dar. Los países del G-77 y otros, la mayoría de África, América Latina y Centroamérica, pedían ayuda porque ellos no pueden costear esa factura”, cuenta Ojeda. Precisamente, para garantizar su ejecución, se establecerá un órgano científico y técnico para evaluar las propuestas y planes de gestión de dichas áreas, un comité de aplicación y cumplimiento para reforzar la cooperación y un mecanismo de resolución de disputas para permitir a los Estados tomar medidas contra los incumplimientos.

La sobrepesca, la contaminación; el cambio climático, que ha elevado la temperatura del agua y la acidificación; la presencia de especies invasoras, y la destrucción y fragmentación de hábitats por la construcción de infraestructuras costeras son las principales presiones a las que están expuestos los océanos, según Óscar Esparza, especialista en áreas marinas protegidas de WWF España. El 51% de las poblaciones de peces evaluadas en el Mediterráneo occidental están sobreexplotadas, al igual que el 44% de las del Atlántico nororiental, datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que cita Esparza. El golfo de Cádiz y el mar de Alborán son los más afectados por esta práctica. Y respecto a las especies más vulnerables, menciona al tiburón y la raya.

La contaminación por plásticos es otra de las preocupaciones: se calcula que cada año se arrojan a los mares españoles 126 toneladas de residuos. Barcelona y Valencia son las perjudicadas. “Sabemos que hay plástico hasta en los fondos marinos y multitud de especies están interaccionando con él, ingiriéndolo o sufriendo lesiones al quedar enganchados a algunos de estos materiales flotantes”, indica Luna. O el auge de especies invasoras, como el alga asiática Rugulopteryx okamurae, que está colonizando las costas del Campo de Gibraltar, parte de Málaga y que amenaza todo el Mediterráneo, apunta Esparza. En total, son más de 140 en aguas españolas, recoge Agricultura.

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