Marie Claude Plumer: “El desafío de Latinoamérica es fortalecer la institucionalidad ambiental y no retroceder en los avances”
La superintendenta de Medio Ambiente dice que el alza de fiscalizaciones en industrias, como la acuícola y pesquera en los últimos tres años, no pretende llegar a una sanción: “Obedece a un aumento en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que permiten llegar a más lugares”


Cuando el presidente Gabriel Boric puso su primer pie en el Palacio de La Moneda, el 11 de marzo de 2022, llegó con un repertorio de promesas, entre ellas la de ser el primer Gobierno ecológico de la historia de Chile, por lo que a los nueve meses de haber asumido, en enero de 2023, apuntó a una abogada con una experiencia de tres décadas en el mundo verde, Marie Claude Plumer (Puerto Aysén, 57 años), para encabezar la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de Chile, una institución pública que realiza procesos de control de la gestión ambiental de corporaciones.
Plumer, la primera mujer en ocupar este cargo, no solo tiene una mirada local, sino que también lidera la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental –compuesta por 15 países de la región– desde hace tres años y hasta este 2025. De ahí que, en medio de los giros en las políticas medioambientales, particularmente en Argentina, donde el presidente derechista Javier Milei ha negado la crisis climática con una retórica parecida a la de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dice que “el desafío de Latinoamérica es fortalecer la institucionalidad ambiental y no retroceder en los avances, las regulaciones y los niveles de protección alcanzados”.
Desde su oficina en el centro de Santiago, la autoridad indica que Chile está tratando de robustecer su institución para continuar con la supervisión a lo largo del país sudamericano, por lo que está apostando a la aprobación de un proyecto de ley orgánica en el Congreso que busca reforzar las atribuciones de la SMA para dar un mayor cumplimiento a la normativa ambiental a través de la creación de un procedimiento sancionador simplificado y mejorar la gestión de las denuncias. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, se encuentra en manos del Senado.
Pregunta. ¿Por qué se quiere reformar el papel de la superintendencia?
Respuesta. Se quiere fortalecer su rol, pero sin cambiar el corazón de la institución. Hay un aspecto importante al que ponemos foco: los ruidos molestos, que representan el 50% de las denuncias recibidas anualmente por nuestra institución. No obedecen exclusivamente a empresas, sino que puede ir desde la discoteca, restaurantes, centros de cultos y deportivos. Pero atender todo eso significa disponer de nuestras capacidades para responder a estas denunciar. Se busca que esto se pueda abordar por las municipalidades y que la SMA se quede en sus competencias para todo el rubro industrial.
A lo largo de los años, la Superintendencia ha debido sumar nuevas normas y componentes que debe fiscalizar. Un ejemplo de esto es la actualización de la Norma Lumínica a partir de octubre de 2024, que aumentó su alcance de solo tres regiones a todo el país, y de proteger solo los cielos nocturnos, a también sumar los componentes de biodiversidad y salud de las personas. La SMA es una institución que está permanentemente exigida, no solo por las normativas ya conocidas, sino por toda la que están en elaboración o han sido dictadas.
P. ¿Con lo extenso del territorio chileno se dan abasto?
R. Hoy tenemos un poco más de 300 funcionarios en todo Chile, con un promedio de cuatro fiscalizadores por región, lo cual nos ha motivado a generar estrategias de fiscalización de distintos sectores, a través del uso de tecnología de monitoreo remoto, y de priorización.
Todo el trabajo que ha realizado la Superintendencia con la incorporación de tecnología y su evolución ha sido reconocido positivamente por la OCDE en su informe de desempeño ambiental de 2024, donde sobresalta la importancia de la SMA en el diseño ambiental. Además, insta a seguir fortaleciendo este tema por los resultados que ha conseguido en la conducta del sector regulado en materia de cumplimiento ambiental.
P. En un contexto de bajo crecimiento económico y contemplando las exigencias impuestas a los proyectos empresariales, hay quienes consideran que el rol de la SMA puede generar desinversión. ¿Qué opina sobre ello?
R. La referencia a la inversión es estirada, porque finalmente la función de la Superintendencia está orientada a la fiscalización y cumplimiento ambiental. Al contrario, hay que fortalecer la institución, permitir que ejerza sus funciones. Recordemos que el desarrollo sostenible es el equilibrio perfecto entre el crecimiento económico y la protección ambiental. Sin duda, el cumplimiento ambiental es parte de las reglas del juego. No es solo se trata de disponer de un permiso, en este caso de la Resolución de Calificación Ambiental; sino también de cumplir con ello y eso aplica para todo.
El desarrollo sostenible es lo mínimo que Chile se ha planteado como sociedad y eso explica cómo se puede conciliar crecimiento y protección del medioambiente.

Los ojos sobre la pesca y la acuicultura
En 2024, la Superintendencia realizó 4.468 procesos de supervisión, de los cuales casi el 50% fueron a la industria acuícola y pesca, una cifra parecida al promedio de años 2022 y 2023. La superintendencia descarta que exista un sesgo y que esto obedece a un aumento en la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que permiten llegar a más lugares donde se desarrolla esta industria: “No hay un animus de llegar a una sanción, nos interesa que se mejore el desempeño ambiental de quienes tienen que cumplir sus obligaciones”.
Recalca que esta fiscalización no significa que exista necesariamente una sanción. De hecho, el año pasado de más de 1.800 fiscalizaciones realizadas al sector –en materias de producción y posicionamiento de jaulas– solo se identificaron hallazgos en cerca de un 4%, es decir, existió un 96% de cumplimiento por parte de los centros, lo que se atribuye a un papel preventivo de la SMA.
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