El Gobierno de Boric intenta dejar la reforma de pensiones como su legado, pese a los cambios del proyecto inicial
La iniciativa para modificar el sistema previsional entra en la arena política en su etapa crucial en el Senado, mientras el Frente Amplio, la coaliación del mandatario, convoca a movilizaciones en respaldo al proyecto
La discusión de la reforma de pensiones ha entrado en el terreno político, donde el Gobierno de Gabriel Boric intenta sacar adelante una de sus viejas promesas de campaña presidencial frente a una oposición que se encuentra vacilante respecto al proyecto de ley debatido en el Congreso desde fines de 2022.
De acuerdo con un protocolo sellado entre el Ejecutivo y la oposición para avanzar en su trámite legislativo, el proyecto debería tener una resolución en el Senado en enero, para seguir con su última etapa parlamentaria en la Cámara de Diputados. Pero los últimos días ha estado plagado de incertidumbre, luego de que Republicanos, de la derecha dura, cuestionara al partido Unión Demócrata Independiente (UDI), de la derecha tradicional, por asomar que cedería ante uno de los puntos más críticos de la propuesta: la repartición del 6% de cotización adicional. Todo ad-portas del año 2025, en que se realizarán elecciones presidenciales en Chile y donde la carta a La Moneda de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, lidera las preferencias en las últimas encuestas.
El politólogo y académico de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño, explica que la aprobación de la reforma de pensiones sería un triunfo para el Gobierno de Boric al considerar que una modificación del sistema previsional siempre estuvo dentro de las prioridades de su agenda. Ello, independiente de cuál sea el contenido de lo que se llegue a aprobar, pues “concreta lo que inicialmente había propuesto en su programa gubernamental”, refiere el analista político.
El Frente Amplio (FA), la formación de Boric, ha convocado este martes a un “volanteo masivo” por las pensiones para el jueves en el país sudamericano. Constanza Martínez, presidenta de la formación política, ha asegurado este lunes que están en alerta ciudadana. “No basta solo con tuitear, es necesario poder desplegarnos en el territorio”, ha indicado en el pódcast del FA Hablar de Frente.
En la etapa crucial de la tramitación parlamentaria, el presidente de Chile también ha insistido en la importancia de mejorar las jubilaciones. “La mayoría de los chilenos y chilenas están de acuerdo con subir las pensiones ahora”, ha dicho este lunes durante una actividad en Santiago. Según la encuesta Plaza Pública de la firma Cadem del domingo, un 80% de los consultados considera que el proyecto debería ser aprobado antes de que concluya el mandato de Boric, en marzo de 2026.
Para Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca, el gobierno ha realizado “una jugada inteligente al llevar el debate entre las mejores pensiones versus las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones)”, dado que, si bien la capitalización individual es valorada por los ciudadanos, no lo es el sistema de las AFP. “Mejorar las pensiones es una de las demandas históricas en Chile. No solamente desde el estallido social, sino en los últimos 15 años. Con una aprobación del proyecto, el gobierno obtendría ganancias porque atendería a demanda ciudadana y mostraría señales de moderación, capacidad de alcanzar acuerdos”, complementa.
También asegura que, en cambio, la oposición ha mostrado discrepancias respecto al asunto, lo que se ha evidenciado en los desacuerdos entre Republicanos y Chile Vamos, el conglomerado de la derecha tradicional. Avendaño cree que, a pesar de la pugna entre estos dos sectores políticos, posiblemente el oficialismo podría lograr un acuerdo con una parte relevante de la oposición: “La acogida de la reforma previsional en la ciudadanía dependerá de los contenidos, que probablemente no dejarán satisfechos a la totalidad de los actores sociales y políticos, incluso tal vez genere críticas porque se podría considerar como insuficiente. En función de los contenidos se evaluará si tendrá un real impacto en los sectores ciudadanos”.
Si es rechazado, la Administración de izquierdas perdería la conexión ciudadana con una demanda que ha formado parte de las prioridades de Chile en los últimos años y su candidato presidencial, que de momento no se ha definido, entrará más debilitado en la campaña, afirma Herrera.
Todavía no hay consenso pleno en cuanto al proyecto. Este martes, la Comisión Técnica de Pensiones —una instancia compuesta por representantes de los senadores que integran la comision de trabajo y previsión—, entregó su segundo informe, el cual muestra consensos en algunos puntos, como otorgar el denominado ‘bono tabla’ que busca acabar con la brecha de género de los jubilados. Pero “no adopta una distribución determinada de la cotización del 6%, sin embargo, con el objeto de analizar la sostenibilidad de las propuestas, el informe consideró algunos escenarios para dicha distribución”, reseñó La Tercera al adelantar el documento.
De este modo, resalta que “para efectos de las simulaciones, durante el periodo transitorio de pago de la garantía, se contempló que la parte de la cotización del 6% que se destinará al pago de la garantía corresponde hasta un 2% de las remuneraciones y rentas imponibles” y para los bonos tabla y de cuidados, un 0,5%. En tanto, al menos el 3,5% de las remuneraciones y rentas imponibles sería abonado a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, con un elemento de solidaridad intrageneracional. Sobre este último componente, no hubo consenso entre los comisionados.
Los analistas coinciden, sin embargo, en que la reforma previsional, en caso de ser aprobada, sería un legado de la Administración de Boric, que entrará en su etapa final en unos meses; aunque no el principal. “Este proyecto no es la reforma previsional que el gobierno había esperado inicialmente y eso se va a notar si es que se llega a aprobar en el Congreso”, añade Avendaño.
Los politólogos explican que existen otros logros legislativos en lo que va de la Administración de izquierdas más relevantes, como la rebaja de 45 a 40 horas laborales semanales o el aumento del salario mínimo.
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