Los casos y el estilo del destituido juez Sergio Muñoz que marcaron por casi tres décadas a la justicia chilena

Como si fuera su tercer apellido, la palabra ‘influyente’ ha acompañado a Sergio Muñoz Gajardo (67) por los casi veinte años que el juez cumpliría en 2025 en la Corte Suprema chilena, donde marcó un estilo de trabajo y una jurisprudencia, controvertida para algunos e innovadora y progresista para otros, desde que en el 2005 llegó a integrar el máximo tribunal, la mayor parte de ellos como presidente de la sala constitucional. Ese año, el mandatario socialista Ricardo Lagos (2000-2006) lo nominó para su ascenso —venía de la Corte de Apelaciones de Santiago— y el Senado ratificó su designación.

El destino de Muñoz, a quien previo a su destitución este miércoles en el Senado le restaban ocho años en el Poder Judicial, cambió sorpresivamente cuando el 9 de septiembre Chile Vamos, el conglomerado de la derecha tradicional, anunció una acusación constitucional en su contra, y que concretó días después. La ligó al mismo libelo de la entonces magistrada Ángela Vivanco, pese a que los hechos que le imputaron a cada uno no tenían relación entre sí, lo generó un fuerte debate jurídico y político en Chile. Mientras Vivanco ha sido imputada por su involucramiento directo en el escándalo del caso Audios (fue removida por sus pares de la Suprema la semana pasada e inhabilitada por el Senado), al magistrado le cargaron dos hechos de 2022, que fueron reflotados dos años después.

Sergio Muñoz, que ha negado las imputaciones, ha sido acusado por Chile Vamos de anticipar un fallo a su hija Graciel Muñoz, también jueza, de una causa que tramitaba la sala constitucional de la Suprema sobre un proyecto inmobiliario en el que ella tenía interés patrimonial, y no manifestar él su inhabilidad en esa causa. El segundo cargo también se relaciona con su hija: le achacaron haber omitido denunciar su falta disciplinaria cuando ella, durante la pandemia, dirigió audiencias judiciales telemáticas desde Italia, lo que implica que ejerció fuera de la jurisdicción chilena.

La exoneración de Muñoz votada por el Senado ha puesto punto final a un estilo de trabajo y una jurisprudencia en la sala constitucional. Su salida también ha reconfigurado la integración, y probablemente el criterio de este tribunal, que desde ahora solo cuenta con tres de sus cinco jueces, y la próxima semana perderá a un cuarto, pues el magistrado Mario Carroza ha pedido un cambio a la sala civil.

Muñoz era parte del Poder Judicial hace 42 años, pero llevaba casi tres décadas ocupando altos cargos, tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en la Suprema, primero como relator, en 1996, y luego como ministro, hasta su destitución por “notable abandono de deberes”.

Su discusión con el temido auditor militar

Muñoz empezó su carrera desde abajo en el Poder Judicial, como oficial primero de un tribunal en 1982. En 1994 fue juez del crimen en Santiago y en 1996 relator de la Corte Suprema, un cargo que implica estudiar las causas para luego explicarlas y contarlas a los ministros antes de fallar.

En una ocasión, en los años noventa, cuando el poder militar estaba incrustado en la Corte Suprema, Muñoz, conocido por su carácter fuerte, protagonizó un roce con Fernando Torres Silva, el entonces auditor general del Ejército que integraba el máximo tribunal y que con su voto impedía que avanzaran las causas de violaciones a los derechos humanos. Precisamente, por uno de esos casos es que Muñoz, entonces un joven relator, lo increpó.

Durante la dictadura (1973-1990), Torres Silva era un fiscal militar tan temido como poderoso, considerado el brazo legal de Augusto Pinochet. Años después, ambos se volverían a encontrar, pero cuando Muñoz era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y estaba a cargo de la investigación del crimen del dirigente sindical Tucapale Jiménez, asesinado en 1982 por la policía secreta de Pinochet: a Torres lo procesó como encubridor.

La confesión del asesino de Tucapel Jiménez

En 1999, cuando llevaba pocos meses como ministro de la Corte de Apelaciones, la Suprema encargó a Muñoz investigar el crimen del importante dirigente sindical, y opositor a la dictadura, Tucapel Jiménez, que por 17 años estuvo en manos de otro juez sin lograr avances. En dos años, el magistrado desentrañó el asesinato y consiguió la confesión del agente Carlos Hererra Jiménez, lo que provocó un efecto dominó en las futuras condenas de otros integrantes de la policía secreta de Pinochet.

En pararelo, esclareció el asesinato en Valparaíso, en 1983, del carpintero Juan Alegría Mundaca, cuyo crimen fue cometido por los agentes de Pinochet para encubir el homcidio de Tucapel Jiménez: montaron una operación, simulando su suicidio, para inculparlo de matar al dirigente sindical. El obrero, admitió al juez Herrera Jiménez, uno su asesinos, fue elegido como víctima porque era un hombre pobre: pensaron que nadie se ocuparía de esclarecer su asesinato.

Muñoz también tuvo en sus manos el caso de las cuentas bancarias de Pinochet en el caso Riggs, donde llamó a declarar a la familia del dictador.

Spiniak y el testimonio de Gemita Bueno

En noviembre de 2003, Muñoz fue nombrado por la Corte Suprema, cuando todavía era juez de la Corte de Apelaciones de la capital chilena, para investigar las denuncias por abusos sexuales del empresario Claudio Sipinak. El caso es recordado en Chile como uno de los mayores escándalos de esa década, pues contenía una arista es que se acusaba a cinco políticos de ser parte de la red de esos delitos.

El juez fue nombrado cuando el caso ardía de especulaciones y rumores tanto en la prensa como en los pasillos del Congreso y de los tribunales, y ya había pasado por la manos de dos magistrados. Tras leer los expedientes, Muñoz se dio cuenta que había que hacer todo nuevo, y volver a interrogar a los cientos de testigos. Entre ellos a Gemita Bueno, una joven de entonces 20 años, que vivía en el hogar de un sacerdote (José Luis Artiagoitía) y que aseguraba haber sido abusada por Jovino Novoa, un senador de la derecha tradicional que falleció en 2021.

Bueno aseguraba además haber estado secuestrada por más de un año en la casa de Spiniak, en El Arrayán, en el sector oriente de Santiago. El juez resolvió el puzzle casi un año más tarde, cuando procesó y luego condenó a Bueno y al sacerdote por falso testimonio por el caso de Novoa. Lo hizo después de que pidió a un policía que reconstruyera la vida de la joven, quien determinó que en los meses en que decía haber estado encerrada, vivía fuera de Santiago.

Bueno confesó a dos diarios, a La Tercera y a The Clinic, que había mentido. Ante Muñoz también lo hizo pocos días después, cuando el juez ya tenía las pruebas sobre la mesa. Así, en una semana, la joven admitió tres veces haber mentido.

El más joven de la Suprema

Por su papel como investigador, en 2005 el presidente Ricardo Lagos propuso a Sergio Muñoz para integrar la Corte Suprema. La nominación sorprendió, más que por su nombre pues había ganado prestigio por el esclarecimiento de varios casos, por su edad: tenía 48 años, mientras que la mayoría de los jueces del máximo tribunal bordeaban los 60 y 70 años.

Al llegar a la Corte Suprema integró tanto la sala penal como la constitucional y, entre 2013 y 2015, fue presidente de la Corte Suprema, donde realizó varias modificaciones en el Poder Judicial, entre ellas, el proceso de digitalización.

“Interpretar el derecho es un arte”

En la Corte Suprema, como presidente de la sala constitucional, varios de los fallos que Muñoz emitió, junto a los demás integrantes, comenzaron a hacer ruido. Centros de pensamiento de derecha criticaron algunas de las sentencias, entre ellas una de 2012, cuando fue paralizada, por unanimidad, la construcción de la Central Castilla, el segundo mayor proyecto del país. Luego se sumaron otras resoluciones, y empezaron a crecer las críticas de que su estilo se acercaba al activismo judicial.

En 2014, en una entrevista que concedió a la revista Qué Pasa cuando era presidente de la Suprema, fue consultado respecto de su estilo y sobre qué pensaba del “llamado activismo judicial”. Muñoz respondió: “Hace mucho tiempo que la escuela de la exégesis, que es interpretar artículo por artículo, dejó de ver la luz. Hoy estamos en un modelo crítico de interpretación de la legislación, racional, ponderado. Y por lo mismo, es más amplio que interpretar una disposición específica, a lo cual se suma que uno utiliza todas las fuentes del derecho. No usa única y exclusivamente el texto absoluto de la ley, sino con sus principios, con su historia, con lo que han dicho la doctrina y la jurisprudencia. Son muchas cosas las que están en la aplicación de la ley”.

Y agregó: “Es que esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Después se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas, como el realismo, el cubismo. Después pasa que usted es la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es igual. Es una interpretación. Porque interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia”.

Los fallos de la sala constitucional

En la sala constitucional, que Muñoz presidió por más de una década, se emitieron varios fallos que han dado dolores de cabeza a autoridades de distintos gobiernos y a empresarios. Algunos de ellos, incómodos, son los que aplaude el progresismo chileno, y han sido una de las razones por las que la izquierda criticó que Chile Vamos presentara la acusación en su contra, que terminó con su destitución.

A partir de 2017, esta sala comenzó a correr la barrera del derecho a la salud en sentencias que obligaban al Estado, y también a las isapres, las aseguradoras privadas de salud, a costear millonarios medicamentos que no tenían cobertura, fallando en favor de los pacientes con el argumento de que primero está el derecho a la vida. Estas resoluciones, que suelen generan debate jurídico y decenas de cartas en las páginas editoriales de la prensa chilena, sentaron jurisprudencia.

Otro fallo que marcó un hito en Chile fue en 2019, cuando el tribunal cuando acogió nueve recursos de protección en favor de los habitantes de los municipios de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, tras una serie de episodios de contaminación. Y dio un plazo de un año al Gobierno para determinar “las medidas necesarias para evitar la reiteración de eventos de contaminación”. Y, dos años después, en 2021, durante la pandemia, la sala emitió una sentencia en la que consideró que el derecho al agua era “un derecho humano”, de acuerdo con los tratados internacionales.

Y en 2022, tras fallar por más de una década en contra de las isapres, luego que sus afilados presentaron miles de recursos de protección por el alza unilateral de sus planes de salud, la sala constitucional dio un golpe final, y ordenó a las aseguradores que devolvieran todos los cobros en exceso, tanto a quienes recurrieron a la justicia como a quienes no lo hicieron. La sentencia, junto a una segunda resolución por la aplicación de las tablas de riesgo, provocó un terremoto jurídico, y obligó al Gobierno del presidente Gabriel Boric impulsar un proyecto de ley, que se aprobó en mayo.