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Ley Lafkenche: rechazan la entrega de área costera a pueblos indígenas en la zona austral chilena

Dos comunidades de la Reserva Nacional Las Guaitecas y de las Islas Huicas, en la región de Aysén, habían solicitado la entrega de más de 621.000 hectáreas de mar para su administración. La industria, en especial la salmonera, se oponía a la iniciativa

Ley Lafkenche
Una granja salmonera cerca de Puerto Montt, en una imagen de archivo.DIEGO GIUDICE (Bloomberg)

La Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) ha rechazado este jueves la creación de los Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO) para dos comunidades de la Reserva Nacional Las Guaitecas y de las Islas Huicas, en la región de Aysén, en la zona austral de Chile. La negativa implica un revés para un grupo de 59 personas de los pueblos originarios que solicitaban la entrega de más de 621.000 hectáreas de mar para su administración por un tiempo indefinido. Era una iniciativa a la que la industria del extremo sur del país, especialmente la salmonera, se oponía pues argumentaba que iba afectar sus actividades económicas.

La petición fue realizada bajo el amparo de la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, que nació con el objetivo de reconocer y proteger los derechos territoriales de los indígenas en Chile sobre el uso ancestral en el borde costero. Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, el principal gremio acuícola del país, dijo que los impulsores de las iniciativas se alejaron del espíritu de la normativa al no considerar a los sectores afectados. “La postura (de los solicitantes) no guarda relación con los objetos de la ley, que es preservar la cultura y ciertos espacios; no guarda garantías ni certezas pensando en el desarrollo futuro de la actividad”, explicó en su intervención durante la votación.

Sobre la magnitud de los espacios demandados por las comunidades indígenas, Monge aseguró que existía una gran desproporción. “Estas solicitudes son las más grandes ingresadas a nivel nacional desde la entrada en vigor de la Ley Lafkenche”, señaló. La extensión de lo reclamado por las comunidades indígenas abarcaba casi la mitad del borde costero de la región de Aysén, donde existen 325 concesiones entregadas a compañías del sector de la salmonicultura. La iniciativa había movilizado a pescadores artesanales, gremios y empresas que exigían replantear la normativa.

Días antes, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que agrupa a los principales gremios del país, manifestó al Gobierno de Gabriel Boric su preocupación frente a una eventual entrega de los espacios, argumentando que podía provocar un impacto negativo e irreversible en las actividades relacionadas con los mares de la región. Chile es el segundo mayor productor de salmón del mundo después de Noruega. Además, la industria representa la mayor exportación distinta al cobre en el país sudamericano.

Previo a la votación, los representantes de las comunidades de los de la Reserva Nacional Las Guaitecas y de las Islas Huicas defendieron que no pretendían obstaculizar algunas actividades económicos. Daniel Caniullan, lonko de la comunidad Pu Wapi, hizo el jueves un llamamiento a los sectores políticos a dar una verdadera señal de acercamiento a los pueblos originarios. “Le están mintiendo al Gobierno, y a mucha gente, diciendo que si se aprueba el espacio ellos no van a poder desarrollarse, que las comunidades les van a cobrar. Les he dicho a ellos como gerentes que ‘ustedes hagan su trabajo, ya tienen el mar a su favor’, pero como comunidad costera necesitamos desarrollarnos con actividades económicas colectivas”, dijo en una entrevista a la radio Universidad de Chile.

Desde que la Ley Lafkenche fue promulgada, en 2008, se han realizado más de un centenar de solicitudes de borde costero en el país. Ya se han entregado 100.000 hectáreas de zona costera en el contexto de la normativa, de las cerca de cuatro millones solicitadas.

Las dos propuestas rechazadas por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén obtuvieron 29 votos en contra de los 34 escrutados en la sesión. Durante la instancia, la gobernadora regional, Andrea Macías, presentó una tercera alternativa, que impulsaba la modificación de las propuestas existentes. Sin embargo, no contó con suficientes apoyos.

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