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La frontera de Chile “colapsada” y uso de zanjas: el debate sobre las medidas ante la crisis migratoria

El abogado Raúl Arancibia y Javier García, del municipio de Colchane, en el límite con Bolivia, cuestionan la debilidad de la frontera. El Gobierno de Boric señala que los ingresos han bajado un 35% en la zona

Crisis migratoria en Chile
Un migrante camina cerca de la frontera Pisiga - Colchane, en mayo de 2022.Marcelo Perez Del Carpio (Getty Images)
Ana María Sanhueza

El alcalde de Colchane, Javier García, en cuyo municipio se encuentra ubicado el Complejo Fronterizo Colchane, una zona en el límite con Bolivia que ha experimentado el mayor flujo de migración irregular a Chile, sobre todo entre 2020 y 2021, y el fiscal regional de Tarapacá Raúl Arancibia, una región en el extremo norte de Chile, han cuestionado este martes duramente las medidas en la frontera. Han sido declaraciones emitidas pocos días después de que en el noticiario del canal Mega se exhibieran imágenes y entrevistas de personas que ingresaban al país, caminando, sin ningún tipo de control. Incluso, una de ellas contó ante la cámara que no se le pidieron los documentos.

García, en entrevista con Radio Pauta, dijo que “existe un desorden” y que “estamos fomentando el paso irregular, porque no estamos entregando las condiciones de infraestructura y de personal adecuados para la alta demanda que tenemos”. Y aseguró que “hoy creemos que están entrando más de 400 personas por día”. “Hoy el complejo fronterizo está colapsado. Las personas que pretenden ingresar por un paso regular deben esperar más de cinco horas y constantemente vemos camiones esperando cruzar hacia o desde Bolivia. Esto, claramente, nos demuestra que el complejo está saturado. Es una vergüenza para los chilenos”.

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, en junio de 2023.
El alcalde de Colchane, Javier García Choque, en junio de 2023.Silvana Gajardo V. (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo)

Según el alcalde de Colchane, municipio que es parte de Tarapacá, esta saturación no solo la ha advertido a la Administración del presidente de izquierdas Gabriel Boric, sino también a la anterior de Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional: “Hicimos un requerimiento de ampliación del complejo fronterizo de aumento de dotación de personal, y de extensión del horario de atención. Sin embargo, se nos respondió en el Gobierno de Piñera que no había los recursos necesarios. Hoy, lamentablemente, ese complejo está colapsado”.

“Sin control”

Raúl Arancibia, en tanto, señaló en Radio Universo que el paso fronterizo está cerrado desde las 18.00 horas. Y que, después de eso, “la gente pasa no más. Eso es porque falta gente, porque probablemente no hay suficiente cantidad de gente en el turno de la PDI (la policía civil), tampoco hay Aduanas, etc. Entonces, la gente espera para pasar a esa hora o llega a esa hora a la frontera, y pasa no más”. Incluso, señaló que la frontera “está sin control” y que todo ocurre “a vista y paciencia de todos”.

El fiscal, quien está a cargo de las indagatorias a nivel nacional sobre el Tren de Aragua, una mega banda banda de origen venezolono que, entre varios delitos, ha cometido tráfico de personas migrantes con fines de explotación sexual, realizó estas declaraciones cuando le preguntaron si era posible que intentara ingresar a Chile el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Fito Macías, algo que no descartó. Macías se fugó el 8 de enero desde la cárcel de Guayaquil y es considerado el responsable de la ola de violencia en Ecuador: su familia fue detenida en Argentina y expulsada el 19 de enero.

“Desde hace dos o tres años que vengo diciendo lo mismo: cuando empezó a ponerse seria la situación acá en Tarapacá, debido a que tenemos una frontera vulnerable, levanté una voz de alerta, de que si no parábamos esta cosa acá, en dos o tres años esto iba a estar fuerte en la Región Metropolitana, y se cumplió”, señaló.

La ministra Javiera Toro tras una reunión con el fiscal Raúl Arancibia, en octubre de 2023.
La ministra Javiera Toro tras una reunión con el fiscal Raúl Arancibia, en octubre de 2023.Cristian Acosta (Bienes Nacionales)

Por la tarde el fiscal realizó una precisión, poco después de que el fiscal nacional Ángel Valencia señalara que “no siempre es prudente informar acerca de las debilidades con las que se cuenta”. Arancibia precisó que al tener el paso fronterizo un horario de cierre “no significa que no haya control alguno porque igualmente está Carabineros, están las patrullas militares que andan en el sector y ellos pueden ejercer un control después de esa hora”, pero que mejor sería que operara “las 24 horas del día”. Sin embargo, mantuvo su opinión respecto de que posterior a las 18.00 horas, al no haber un control fronterizo funcionando, “nuestra frontera es muy vulnerable y se puede transitar por cualquier parte”.

Los dichos tanto de García como de Arancibia llegaron a oídos de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde estaba, previamente, citada la ministra del Interior Carolina Tohá para dar cuenta del estado avance de la Política Nacional de Migración y Extranjería, operativa desde fines de diciembre.

Tohá explicó que cuando terminó la pandemia hubo un ajuste del 22% del presuesto fiscal y que “esas capacidades no se han recuperado ni en los consultorios [de salud], ni en las fronteras ni en las oficinas”. “Entonces, los horarios en la fontrera hoy son, efectivamente, acotados”. Respecto de los dichos de Arancibia, dijo que “no es que no haya control, sino que deja operar el servicio de atención”.

Allí, varios parlamentarios de la oposición criticaron la Política de Migración de Boric. Uno de ellos, Renzo Trisotti, representante de Tarapacá de la UDI, partido de la derecha tradicional, dijo a Tohá que va ser “muy difícil generar una política de largo plazo cuando no tenemos un control efectivo en las fronteras”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a los dichos de Arancibia: “Si la preocupación del fiscal es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, no entran por el paso fronterizo de Colchane (...) Esas personas entran por lugares no habilitados”.

Bajan ingresos en Colchane 35%

En medio de la polémica generada tanto por García como Arancibia, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, dijo a EL PAÍS que de 2022 a 2023 los ingresos irregulares en la macronzona norte de Chile han bajado en un 21% y que, en en el sector Colchane, el descenso ha sido de 35%. “En 2022 tuvimos 27.472 ingresos detectados de personas ingresando por pasos no habilitados, mientras que en 2023 bajó a 17.764. Por lo tanto, hay medidas que se están tomando y acciones que están resultando. El problema continúa, persiste, pero porque todos los estados enfrentan desafíos en materia de control y vigilancia de fronteras”.

Quinteros detalló que en Colchane, donde una reforma constitucional ha permitido la presencia de las Fuerzas Armadas con la potestad de hacer controles y detenciones, tal como las policías, “hemos intensificado el trabajo de inteligencia, tecnología y patrullaje. En Tarapacá, explica, se han instalado desde noviembre tres puestos de observación fronteriza, que son móviles, además de un puesto de mando, con un costo de un millón de dólares. “Tienen cámaras ópticas y térmicas que permiten capturar imágenes de día y de noche y detectar personas a 3 kilómetros y vehúlos a 10 kilómetros”.

Reparación y construcción zanjas

La crisis migratoria por la que atraviesa Chile ha revivido también este martes la polémica frente a las zanjas que existen en las zonas fronterizas en el extremo norte del país, las que comenzaron a excavarse en 2017, durante la Administración de la presidenta socialista Michelle Bachelet. Fueron impulsadas entonces para evitar la salida de automóviles robados hacia Bolivia, un delito frecuente.

Varias autoridades del Gobierno de izquierdas del mandatario Gabriel Boric, antes de asumir en La Moneda, fueron especialmente críticas con las zanjas en 2021, cuando José Antonio Kast, candidato de la ultra derecha que compitió frente a Boric, proponía su construcción dentro de su programa presidencial para evitar el paso irregular de personas. Entonces la diputada comunista Camila Vallejo, hoy portavoz de Gobierno, dijo que “andar proponiendo zanjas para enfrentar la migración es devolvernos a la época medieval, a un paso de proponer campos de concentración... Realmente macabro”.

Crisis migratoria en Tarapacá
Militares de Chile vigilan la frontera, en Colchane, en febrero de 2023.Alex Díaz (EFE)

Casi tres años después, el Ministerio de Obras Públicas de Boric ha anunciado la reparación de zanjas en Colchane, pero, explica Quinteros, que ha sido una medida que ya han hecho antes y que está destinada a disuadir el paso de vehículos no sólo robados, sino también para combatir el contrabando, otro delito común en ese sector.

Señala que el mantenimiento de las barreras defensivas, cavadas en la tierra, se ha realizado desde hace dos años.” Las zanjas por sí solas, o los pretiles o las defensas para el tránsito, no son medidas efectivas para el tránsito irregular de personas. Sí son son efectivas para el tránsito irregular de vehículos que pueden ser vehículos robados o camiones ligados a actividades de contrabando o de otros tipos de tráfico”.

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Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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