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La familia de los hermanos imputados en Venezuela por el crimen de Canserbero recurre a las autoridades chilenas

La Comisión de Derechos Humanos del Senado envió un oficio al canciller del Gobierno de Boric para que disponga de medidas que aseguren “el respeto a las normas del debido proceso y al acceso a un abogado privado” para Natalia y Guillermo Améstica

Bárbara y Tamara Améstica, en un hotel en Santiago (Chile).
Bárbara y Tamara Améstica, en un hotel en Santiago (Chile).Sofía Yanjarí
Ana María Sanhueza

La familia de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica, de nacionalidad chilena, quienes fueron imputados en diciembre por el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab por el homicidio calificado en enero de 2015 en Maracay del rapero Tirone González, Canserbero, y el bajista de reggae Carlos Molnar, han solicitado ayuda a las autoridades de Chile.

Bárbara y Tamara Améstica, hermanas de los imputados, han viajado a Chile para pedir que se gestione que Natalia Améstica, quien era pareja de Molnar, y Guillermo, puedan ser representados por un abogado privado, y no por el defensor público que les fue asignado en Venezuela y con quien –señalan– no han tenido contacto, en la víspera en que deben presentar sus descargos en una audiencia.

“Estamos pidiendo la posibilidad de que mis hermanos puedan defenderse, de tener un abogado privado. Es lo básico”, dice a EL PAÍS Bárbara Améstica. Sus padres salieron de Chile en 1974, tras el golpe de Estado de 1973, para vivir en Maracay, en el Estado de Aragua. Entonces tenían tres hijos: Bárbara, hoy de 55 años, Guillermo de 54 y Tamara de 53. Natalia, de 44, nació en Venezuela.

En Chile han asumido la representación de Bárbara y Tamara Améstica los abogados Ciro Colombara y Jennifer Alfaro. “Sin perjuicio de que tenemos la convicción de que son inocentes, ellos han sido privados del derecho a defensa, a presentar pruebas y a saber de qué se les acusa”, dice Colombara a EL PAÍS. Y añade que las hermanas “han venido a Chile para que el Gobierno asuma una posición y exija que se respeten sus derechos como ciudadanos chilenos”. El miércoles, ambas asistieron a una sesión a la Comisión de Derechos Humanos del Senado; la próxima semana serán recibidas por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y luego por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. “Solo falta que el presidente Boric responda la solicitud de reunión para conocer el caso”, dice el penalista.

El 9 de enero el fiscal Saab informó en la red social X el detalle de la acusación y las pericias -120 diligencias- que realizó en la investigación, y señaló que los hermanos Améstica “confesaron libres de todo apremio en presencia de su Defensa Técnica las acciones criminales”.

Una fotografía de Natalia y Guillermo Améstica.
Una fotografía de Natalia y Guillermo Améstica.Sofía Yanjarí

La reapertura del caso

Natalia Améstica, quien tiene doble nacionalidad, y Guillermo, chilena, admitieron su responsabilidad en los homicidios de González y Molnar. Sus testimonios fueron difundidos por el fiscal en un vídeo en el que aparecen con las manos maniatadas. Durante ocho años el caso había quedado como un homicidio-suicidio y que, tras una discusión, en medio de un ataque sicótico, Canserbero apuñaló a Molnar y luego se lanzó del décimo piso. Los hechos ocurrieron en el departamento que Natalia Améstica compartía con Molnar.

El caso fue reabierto en noviembre y la hipótesis de 2015 dio un vuelco radical. El fiscal general venezolano Tarek William Saab imputó primero a los hermanos falsa atestación y obstrucción a la justicia y en diciembre por homicidio calificado, entre otros cuatro delitos, por lo que quedaron en prisión preventiva. También imputó cargos a otras cinco personas, entre ellas la médico patóloga Solangel Mendoza, quien habría realizado en 2015 la primera autopsia a Canserbero.

El martes pasado, en tanto, el fiscal presentó la acusación y tras ello, explica Joel García a este periódico, abogado de los padres y hermanas de los imputados en Venezuela, el juez debe fijar una audiencia preliminar que “debe celebrarse en un lapso no menor a 15 días ni mayor de 20 días”. Es una instancia, señala, a la que los imputados deben llegar “con todo aquello que ayude y esclarezca y favorezca”. “Es una carrera contra el tiempo porque es el momento donde la defensa cuestiona el escrito acusatorio por requisitos de forma o de fondo y si eso no se hace, menos todavía tiene defensa la persona”.

García relata que tras varios intentos no ha logrado asumir la representación de los hermanos Améstica, por lo que interpuso un amparo constitucional que aún no ha sido resuelto.

Tras la reapertura del caso, Natalia y Guillermo Améstica fueron representados por abogados privados en Venezuela. La familia señala que cuando fueron a presentar una apelación se enteraron que su poder había sido revocado. “Les dicen que ya no tienen la cualidad, porque llegaron dos cartas manuscritas en las que los imputados decidieron renunciar a su defensa privada y, por lo tanto, se decide nombrarles un defensor público. Fue un baño de agua fría”, relata Bárbara Améstica.

Un oficio a la Cancillería

Bárbara y Tamara Améstica cuentan a EL PAÍS que la familia sostuvo en diciembre reuniones en el consulado en Venezuela y también con el embajador de Chile en Venezuela Jaime Gazmuri. El pasado miércoles se realizó en una sesión especial en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado chileno, que preside el senador Francisco Chahuán. Allí expusieron junto a los abogados Colombara y Alfaro. Una parte de la cita, pidió Colombara, se declaró secreta. “Fue debido a lo delicado de los antecedentes y para evitar persecuciones penales”, dice el abogado.

Los senadores oficiaron al canciller chileno Alberto van Klaveren para que disponga de “las medidas que sean necesarias para que nuestros representantes en la República de Venezuela adopten las acciones pertinentes en el caso que afecta a los ciudadanos chilenos Natalia y Guillermo Améstica, con especial atención a su integridad física, al respeto a las normas del debido proceso y al acceso a un abogado privado, todos reconocidos como derechos fundamentales en la Carta de Naciones Unidas”. “Lo anterior, sin avocarse, en ningún caso, a la causa pendiente o a revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones”, señala el documento.

El oficio además lo suscribieron los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, que también preside Chahuán, José Miguel Insulza y José Manuel Rojo Edwards, de diversas tendencias políticas. Chahuán explica que es una petición que ya han hecho en otros casos de chilenos que han enfrentado procesos en el exterior. “En el vídeo, [los hermanos] aparecen atados de manos lo que, claramente, infringe las garantías procesales”, señala.

En las grabaciones, Natalia Améstica dice que sedó a Molnar y a González para asesinarlos. Y que recurrió a su hermano para “arreglar los hechos sucedidos”. También señaló que él sobornó a funcionarios del servicio de inteligencia estatal, el Sebin, a fin de alterar la escena del crimen. En los vídeos, aludió a un desencuentro por el no pago de unos pasajes aéreos y de dinero de parte de Molnar tras la organización de una gira de Canserbero a fines de 2014 por Argentina y Chile. También dijo que el rapero no quería que ella fuera su mánager.

Para el fiscal, “dichas brutales revelaciones expresan cómo los hermanos Améstica se confabularon por odio, envidia, sed de venganza y ambiciones financieras para matar a Tirone González, Canserbero, y a Carlos Molnar”. “Estamos ante dos extranjeros de origen chileno que matan a dos venezolanos, uno de ellos un genio de la música, antes de su fallecimiento, durante su carrera y posterior a ella, como la de Tirone José González”, señaló Saab el 29 de diciembre. “Y se le están respetando sus derechos a la defensa, sus garantías judiciales. ¿Qué cosa tan diferente hubiera pasado si dos venezolanos matan a Víctor Jara en Chile? No quiero ni imaginarlo. Si por estar unos venezolanos en Chile, a veces caminando por una plaza, les entran a palo, los persiguen. Una xenofobia antivenezolana brutal. Pues Venezuela es diferente. Con todos nuestros defectos y errores, este es un pueblo noble y un Estado de derecho”.

Sus palabras tuvieron eco en La Moneda. Y el subsecretario de Interior del Gobierno de Boric, Manuel Monsalve, respondió: “En Chile no toleramos la xenofobia, pero sí tenemos la obligación de aplicar el Estado de derecho a todos los que cometen delitos, independiente de la nacionalidad que tengan, independiente de la situación migratoria en la que estén”.

El miércoles, en la hora de incidentes en la sala del Senado chileno, Chahuán informó de las gestiones de la comisión parlamentaria respecto de los Améstica. Y también aludió a Saad: “Han habido declaraciones por parte del fiscal en las que acusa a Chile de ser un pueblo xenófobo y que en Chile hay un menosprecio, según sus palabras, respecto del pueblo venezolano. Acá lo que nos parece, porque no podemos abocarnos a causas pendientes, aunque sean en un país vecino, es que a lo menos se resguarde el debido proceso. Es muy importante que, a lo menos, los abogados tengan acceso a los expedientes judiciales, porque han tenido dificultades”.

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Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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