Más allá de la Constitución: el presidente Boric enfrenta grandes desafíos

Como secuela de las protestas masivas que irrumpieron por todo Chile en octubre de 2019 y conocidas como el estallido social, los políticos de todo el espectro ideológico se reunieron para hacer lo que desde siempre han hecho los chilenos: idear una respuesta institucional para canalizar el descontento. Sin embargo, el intento realizado por cuatro años para reemplazar la Constitución chilena de los años ochenta ha fracasado. Tanto en 2022 como en 2023 los votantes rechazaron proyectos de Constitución redactados inicialmente por una asamblea controlada por la izquierda y convencionales independientes, y luego una segunda versión que llevaba el sello de la extrema derecha.

Al margen del proceso de reforma constitucional, los chilenos están de mal humor. Dos veces más ciudadanos desaprueban el actual presidente Gabriel Boric que lo aprueban. Sus partidarios albergaban la esperanza de que su elección daría paso a un periodo de cambios socioeconómicos fundamentales. Pero Boric y sus aliados están en minoría en el Congreso. Hasta ahora una legislatura dividida y fragmentada ha obstaculizado propuestas de reformas en el sistema tributario, de salud y de pensiones, elementos clave de la agenda de Boric y por los que fue elegido.

Cuatro años después de las mayores movilizaciones desde el regreso de Chile a la democracia en 1990, más de la mitad de los chilenos dicen que la desigualdad se ha profundizado desde el estallido, y más de dos tercios opinan que la economía está peor que en 2019. La sensación de estancamiento es palpable, y observadores experimentados a los que he entrevistado en Santiago lamentan que un país que desde hace mucho tiempo se ha caracterizado por la capacidad de lograr consensos hasta ahora ha parecido incapaz de hacer algo.

Dificultades en tres ámbitos

Boric y la izquierda chilena enfrentan dificultades en tres ámbitos que típicamente favorecen las posiciones conservadoras o populistas: la seguridad y la violencia, la inmigración y la economía. La próxima elección presidencial en Chile es en noviembre de 2025, y Boric no se puede postular por un segundo periodo consecutivo. Pero su debilidad inicial en estas tres áreas abre una amplia grieta que la derecha ya está explotando.

En lo que atañe a la delincuencia, es importante notar que Chile tiene la tasa de homicidio más baja de toda América Latina y el Caribe —6.7 por cada 100.000 habitantes, según el fiscal nacional Ángel Valencia—. En cambio, las tasas de homicidio en Jamaica y Venezuela fueron de 52.9 y 40.4 respectivamente en 2022. Por otra parte, la ocurrencia de homicidios en Chile ha aumentado un 60% por encima de su nivel en 2016, cuando era de 4.2 por cada 100.000 habitantes.

Lo que es más importante aún, han aumentado de manera sostenida los delitos violentos no letales, en particular en los barrios pobres. En su informe de 2023, la organización no gubernamental Paz Ciudadana encontró que un 36.6% de los hogares chilenos dijeron que algún miembro de la familia había sido víctima de robo o intento de robo. Siempre según Paz Ciudadana, el temor al crimen ha aumentado a un 30.5%, el nivel más alto en sus 23 años de recopilar estadísticas. Cadem, la principal empresa encuestadora de Chile, informó en diciembre de 2023 que un 60% de la población considera la delincuencia, el orden público y el narcotráfico como las temas que deben ser prioridad del Gobierno en 2024.

Hoy día la cuestión de la seguridad ciudadana supera con mucho la salud, las pensiones y la educación, precisamente los problemas que motivaron las protestas de 2019. Asimismo, llama la atención lo que los chilenos tolerarían para combatir la delincuencia: según el instituto de investigación Centro de Estudios Públicos (CEP), un 50% de la población cree que la única manera de controlar la delincuencia es suprimir las libertades públicas y privadas; en cambio, solo un 14% opina que dichos derechos deben estar garantizados, aun cuando dificulta la lucha contra la criminalidad.

El vínculo –tanto real como imaginado– entre la delincuencia y la migración es otro tema candente. La cantidad de migrantes en Chile ha aumentado más de cuatro veces desde 2012. La mayor parte son venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. La Universidad Católica de Chile dio a conocer en 2022 que el 82% de la población piensa que la cantidad de migrantes en el país es excesiva, y según el CEP, el 70% responsabiliza a los inmigrantes del aumento en los niveles de delincuencia, aunque la evidencia al respecto no sea conclusiva.

De lo que no cabe duda es que los extranjeros tienen una notable participación en el reciente auge de las actividades del crimen organizado en Chile. Según el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés), integrado por una red internacional de periodistas investigativos, la banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua ha “desencadenado una ola de terror” tanto en Chile como en otros países de Sudamérica al “traer consigo secuestros, narcotráfico y asesinatos por encargo.”

El fiscal nacional antes mencionado ha señalado la participación extranjera en el “aumento significativo” de crímenes que son inusuales en el país y, por lo tanto, suelen tener fuerte impacto en la opinión pública; entre ellos, los secuestros para cobrar rescate en algunas zonas del norte de Chile, donde se informa que el Tren de Aragua controla extensas redes de tráfico de personas. Otras formas de violencia extrema –por ejemplo, el descubrimiento de cuerpos desmembrados– han conmocionado a la sociedad chilena, que no está acostumbrada a ver escenas tan horripilantes.

La economía plantea un tercer reto. Se proyecta en 2024 una recuperación económica importante, entre 3-6%. Pero en 2023 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía chilena fue la única, con excepción de la de Argentina, para la que se proyectaba un decrecimiento (de 0,3%). El desempleo, por su parte, se encuentra en casi 9%, un nivel más alto que en los 10 años anteriores a la pandemia. Y aunque la inflación ha disminuido en meses recientes, todavía es más alta que en la mayoría de los países del subcontinente, salvo Argentina y la hiperinflacionaria Venezuela.

Chile está haciendo grandes esfuerzos para convertirse en un actor importante en la transición energética global y posee las reservas de litio más grandes de mundo, un insumo esencial para los vehículos eléctricos. El país ha atraído históricamente considerables inversiones extranjeras debido a sus instituciones estables y unas reglas del juego claras. El Gobierno de Boric celebró un avance importante en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio cuando en diciembre la estatal Codelco y la empresa SQM firmaron un acuerdo para explotar en conjunto el litio del Salar de Atacama; esto podría ayudar a superar las dudas de muchos inversores sobre la viabilidad de los proyectos públicos-privados en ese sector.

¿Oportunidad futura?

En su mensaje de Año Nuevo Boric hizo un llamado a los políticos a “salir de las trincheras” para lograr “importantes acuerdos” en beneficio de los chilenos. Ahora que tanto la izquierda como la derecha hayan sido castigados en el proceso de reforma constitucional, está por ver si Chile pueda volver a lograr consensos para responder a las principales demandas de la ciudadanía.