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Condenados por el asesinato de Víctor Jara siete exmilitares chilenos

El cantautor fue asesinado hace casi 50 años, cinco días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente socialista Salvador Allende. La Corte Suprema ha dictado sentencia definitiva

Pinochet dictatorship
El cantautor chileno Víctor Jara, en una foto de archivo.
Ana María Sanhueza

La Corte Suprema chilena ha condenado en firme a siete exmilitares del Ejército como autores del secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara en vísperas de que se cumplan, el próximo 16 de septiembre, 50 años del crimen, perpetrado en el Estadio Chile pocos días después del golpe de Estado que en septiembre de 1973 y liderado por Augusto Pinochet derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973). El compositor fue asesinado a golpes y balas junto a Littré Quiroga, quien era el director del Servicio Nacional de Prisiones del Gobierno de Allende. Ambos pasaron sus últimas horas de vida juntos y aislados del resto de prisioneros en un camarín.

Víctor Jara fue detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado que lideró el general Augusto Pinochet (1973-1990) y llevado al Estadio Chile. El cantautor y Quiroga fueron dos de los más de 5.000 partidarios de Allende apresados y llevados a ese recinto deportivo —que hoy se llama Estadio Víctor Jara— por los militares. Allí, según testimonios judiciales, sus captores se ensañaron especialmente con ellos y durante al menos tres días los torturaron: el cantautor tenía 56 fracturas óseas y 44 balas en su cuerpo, mientras Quiroga presentaba 47 fracturas y 23 balazos.

Los cadáveres de ambos militantes comunistas fueron lanzados, juntos, a un terreno baldío cercano a la línea férrea, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, el 16 de septiembre de 1973.

De acuerdo con el fallo, que fue unánime, fueron condenados los exmilitares Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio en calidad de autores de los homicidios. Además, a 10 años y un día como autores de los secuestros calificados. En paralelo, el exoficial Rolando Melo Silva fue sentenciado a 5 años y un día, y a otros 3 años y un día de cárcel, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente.

Según estableció la sentencia, en el Estadio Chile “los prisioneros de cierta connotación pública fueron identificados por el personal militar y separados del resto, y, durante los respectivos períodos de su detención, tanto Víctor Jara Martínez como Littré Abraham Quiroga Carvajal, fueron reconocidos por los efectivos militares” y luego “apartados del grueso de los prisioneros y asignándoseles custodia especial, sufriendo en todo su cautiverio, constantes y violentos episodios de agresión física y verbal”.

La sentencia también señala que “entre los días 13 y 15 de septiembre de 1973 se practicaron interrogatorios a detenidos al interior del Estadio Chile, sin que ellos obedecieran a procedimientos judiciales y/o administrativos previos, algunos de los que fueron realizados por personal de la Segunda Fiscalía Militar de la época, dirigidos en alguna ocasión por su propio Fiscal, y, entre otros, fueron interrogados Víctor Lidio Jara Martínez y Littré Abraham Quiroga Carvajal, sin que de estas actuaciones quedara constancia alguna, como tampoco de los supuestos cargos imputados o de la formación de algún proceso”.

En el caso de Víctor Jara, señala la sentencia, “las agresiones tuvieron como principal aliciente la actividad artística, cultural y política del mismo, estrechamente vinculada al recién derrocado Gobierno”. Y agrega que fue sometido a “torturas físicas, siendo los golpes más severos, aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos. Ambas víctimas fueron objeto de patadas, golpes de puño y golpes de culata con armas”.

En tanto, a Quiroga se le imputaba haber sido responsable de la prisión y maltrato que habría sufrido el general de Ejército Roberto Viaux, “lo que agravaba el castigo que le fue propinado por quienes pasaban a su lado, alentándose incluso a los propios conscriptos a tomar parte en dicho castigo”. Viaux fue quien en 1969 encabezó un intento de sublevación militar.

Víctor Jara, autor de canciones como El derecho de vivir en paz y Te recuerdo Amanda, tenía 40 años cuando fue asesinado. Estaba casado con Joan Jara y era padre de dos hijas: Amanda y Manuela.

Littré Quiroga tenía 33 años. Y, el día que lo detuvieron en su oficina, escribió tres cartas: a su esposa Silvia, a su madre y a su tres hijos pequeños. “Niñitos: pórtense bien y cómanse toda la comida. Estudien mucho y ayuden a su mamá. El papá no podrá verlos quizás hasta cuándo. No vean tanta televisión y pórtense como corresponde, como niños buenos. Chaíto y no se olviden de su papito. Felicidades, Littré Quiroga C”.

“Dos crímenes infamantes”

Las causas judiciales de Víctor Jara y Littré Quiroga son dos ejemplos de la larga tramitación que en Chile han tenido los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

En el caso de Víctor Jara, la primera querella fue presentada en 1978 por su viuda en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. En ese entonces, fue interpuesta por el penalista Luis Ortiz Quiroga, pero la causa la tomó hace más de 20 años el abogado especialista en derechos humanos Nelson Caucoto, quien también representa a la familia de Littré Quiroga.

En 1979 se enviaron decenas de exhortos para interrogar a exprisioneros del Estadio Chile para preguntar por la muerte del cantautor, pues gran parte de ellos estaba fuera del país sudamericano. En el caso del exdirector de Prisiones se vivió una situación muy similar: la primera querella se interpuso en 1987.

Ambas casos estuvieron archivados durante años en la justicia chilena, pero se reactivaron en 1998, tras la detención de Pinochet en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, pues implicó la presentación de nuevas acciones legales contra el dictador. Un hecho clave fue también que, en 1997, el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) impulsó una reforma judicial que permitió una renovación de la Corte Suprema, por lo que salieron gran parte de los jueces que habían sido nombrados en la dictadura.

Dos jueces investigaron: Juan Carlos Urrutia y luego Miguel Vásquez, que dictó cargos en contra de los exmilitares. En 2021 las condenas fueron elevadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, y ahora han sido respaldadas por la Corte Suprema.

Tras conocer esta tarde la sentencia, el abogado Nelson Caucoto ha dicho a EL PAÍS que la Corte Suprema ha fallado respecto de “dos crímenes infamantes de dos personas que eran muy relevantes en la sociedad chilena: Víctor Jara y Littré Quiroga. Uno, por ser un ícono del firmamento musical y cultural y, el otro, por ser un funcionario público ejemplar”. Y agrega: “Ambos fueron torturados hasta la saciedad, de manera cobarde y acribillados con decenas de balazos y abandonados sus cuerpos en la vía pública en el anonimato del amanecer de Santiago”.

Caucoto destacó a los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema, los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Eliana Quezada y las abogadas integrantes Carolina Coppo y Leonor Etcheberry, que condenaron a los siete exmilitares en votación unánime. “La justicia ha hecho su tarea con absoluto apego al derecho, tanto nacional como internacional, trayendo consuelo a los familiares de las víctimas que esperaron tantos años para este momento”.

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Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.

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